Bahía Blanca: abren causa penal para investigar espionaje ilegal en la UNS

Por Diego Kenis

El juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió en la última semana de octubre desestimar una denuncia que el suspendido camarista Néstor Montezanti realizó contra el docente universitario Dante Patrignani y dispuso abrir una causa penal para investigar las tareas de inteligencia que la policía provincial desplegó en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca, a la pesca de datos que reafirmen la existencia y autoría de los delitos acusados.

El expediente judicial se inició cuando Montezanti denunció a Patrignani por los delitos de daño, perturbación pública y desobediencia a partir de una pegatina de afiches en su contra en el frente de la Cámara Federal que por entonces encabezaba.

En los afiches, de cuya pegatina se cumplió un año ayer por la madrugada, un fotomontaje hacía aparecer al suspendido juez con una gorra militar que denotaba su pertenencia al Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura. La imagen se había multiplicado en el ciberespacio varios meses antes de que los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia acusaran a Montezanti, juez de Cámara y docente de Derecho de la UNS, de participar en los engranajes de la represión dictatorial y en su precedente inmediato, la organización criminal conocida como Alianza Anticomunista Argentina.

Montezanti fue declarado en rebeldía por Ramos Padilla tras ausentarse en cuatro oportunidades a declarar bajo amparo de sus fueros, pero antes de ser imputado de participar en el plan criminal del terrorismo de Estado demandó a Patrignani por vía civil al considerarlo responsable de la autoría de los afiches, que el demandado admitió.

Sobre esa base, Montezanti deslizó que era posible vincular a Patrignani con la nueva pegatina y lo denunció por el delito de daño y perturbación del orden público, a pesar de que no pudo identificárselo como autor del hecho, la imagen estaba en poder de cualquier persona con conocimiento de cómo encender una computadora y las láminas fueron removidas con facilidad del vetusto escaparate de parquímetro en que habían sido colocadas.

La causa llegó al fuero federal desde la Justicia provincial, que se declaró incompetente. El fiscal José Nebbia, a cargo de la Fiscalía Federal 2, dictaminó que debía desistirse de una acción penal y apuntó en cambio que en el tránsito del expediente por la órbita provincial la policía bonaerense había realizado tareas de inteligencia en el ámbito universitario, donde el agente Miguel Vaca intentó ganar información de “grupos socializantes” allegados a Patrignani, lo que incluía el seguimiento de su militancia sindical en la Asociación de Docentes ADUNS. Por ello, el fiscal señaló el hecho como una violación a la normativa nacional que regula la actividad. La resolución de Ramos Padilla ordenó extraer testimonio de la causa penal cerrada para abrir una nueva por violación a la Ley Nacional de Inteligencia.

La información respecto de las tareas de espionaje, que tomó estado público en agosto último, repercutió institucionalmente en el mundo académico. Los trabajos de inteligencia denunciados representan también violaciones a la Ley de Educación Superior y lesionan la autonomía universitaria, como puntualizó entonces la Lista Azul de trabajadores universitarios, al tiempo que hieren “la confianza necesaria para establecer los vínculos que requiere la vida en comunidad”, como subrayó ADUNS. Ello adquiere todavía mayor gravedad si se tiene en cuenta que tanto Patrignani como Montezanti son docentes y el primero fue el autor de un pedido de juicio académico sobre el segundo cuya viabilidad deberán expedirse la Cámara Federal bahiense y eventualmente la Corte Suprema. Hay cosas que no cambian: cuarenta años atrás, el estudiante Patrignani era espiado por una comunidad de inteligencia a la que se aprestaba a ingresar el joven abogado Montezanti.

Ante la indignación y preocupación que la noticia del espionaje despertó en su comunidad, la UNS solicitó ser tenida por querellante en la causa por la infiltración policial, pero el juez Ramos Padilla rechazó el planteo por extemporáneo: no existía aún causa por ese delito en la que ser querellante. Esa situación cambió la semana pasada, por la misma resolución judicial.