Bahía Blanca: policías de civil detuvieron ilegalmente a dos camarógrafos en una visita de Vidal

Por Diego Kenis

En una actualización de los métodos del terrorismo de Estado, dos camarógrafos independientes fueron arbitraria y violentamente privados de la libertad por policías de civil en Bahía Blanca el último viernes 2, en el marco de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a la jornada inaugural del encuentro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA, foto 1), un eufemismo que disfraza al conglomerado empresario de medios hegemónicos de todo el país.

Las víctimas del hecho fueron Claudio Videla y Mara Solís, que concurrieron al Teatro Municipal de Bahía Blanca para cubrir la conferencia de prensa de Vidal en la cumbre en que los empresarios y periodistas asistentes coincidieron en la necesidad de que la Alianza Cambiemos gane las elecciones de octubre.

Según refirieron en entrevistas ofrecidas a la radio de la Universidad Nacional del Sur, a LU3 y al ciclo de tevé Saber Ver (se comparte el video de una de ellas en esta nota), el episodio se desencadenó en la antesala del Teatro, cuando Videla percibió que personal policial bloqueaba el ingreso al recinto a Analía Larrea, una militante popular que ya en dos oportunidades se las ingenió para interpelar cara a cara durante ceremonias públicas a Vidal y al intendente local Héctor Gay, por treinta años el principal editorialista radial de Vicente Massot.

Ante la situación, Videla se acercó al lugar, con la cámara encendida, y solicitó amablemente al personal de seguridad, en apariencia municipal, que dejase pasar a Larrea, que se moviliza en silla de ruedas. “Filmo la situación durante algunos segundos, o un minuto, y esta persona viene y me pide la credencial”, narró el camarógrafo bahiense. “Como no estaba identificado, yo no iba a dejar de filmar para mostrarle la credencial”, agregó.

En ese momento, el custodio le ordenó que lo acompañase. Videla lo ignoró, y entonces “comenzaron a agarrarme, entre él y un par más que estaban detrás de él. Comienzan a torcerme los dedos y  los brazos, para sacarme la filmadora, y me llevan”.

Ya fuera del edificio, y siempre sin oponer resistencia, el camarógrafo indicó que se iría del lugar, pero sus captores lo llevaron hasta una camioneta también sin identificar, estacionada a pocos metros. Una vez en el vehículo, uno de los sujetos se le abalanzó por detrás y le apretó con violencia del cuello. Inmediatamente recibió un golpe de puño en las costillas, mientras uno de sus captores estaba especialmente desbordado por su interés en tomar la cámara. La actitud de esa persona fue tan violenta e insistente que sus propios compañeros procuraban calmarlo. Ante una orden, el camarógrafo apagó y desarmó la filmadora, y guardó en uno de sus bolsillos la tarjeta de memoria donde se encontraban las tomas que logró antes de ser detenido.

Recién cuando supo que se dirigían a la Dirección Departamental de Investigaciones (NdR: mejor conocida como “DDI”), Videla pudo saber que estaba en manos de efectivos de la policía provincial. En la dependencia policial, requisaron sus ropas y le quitaron la tarjeta de memoria de la cámara, que más tarde le devolvieron vacía. Habían borrado los registros tomados por Videla sobre su propia detención.

“Te va a levantar un patrullero”

No fue ese el único registro del hecho: cuando el grupo de policías sin identificación se llevaba a Videla, los gritos de Larrea alertaron a Solís, quien comenzó a filmar el hecho desde el otro sector de la antesala del Teatro. Cuando lo advirtieron, los policías le ordenaron que apagara la cámara y se retire del lugar.

Cuando comenzó a hacerlo, llamaron a dos oficiales mujeres de la división Narcotráfico para que la acompañasen fuera del recinto. “Tenés que acompañarnos una cuadra, hasta calle Yrigoyen, que ahí te va a levantar un patrullero”, le dijeron en palabras textuales. Más tarde, según recordó, un oficial le informó de mal modo que sería trasladada a la Comisaría primera por averiguación de antecedentes.

Pese a lo simple de ese trámite, que en los controles de tránsito bahienses no demanda más de quince minutos por handie, fue alojada en una celda común. Al cabo de una hora y media de espera, Solís pidió ir al baño. Cuando salió, dos oficiales mujeres la encerraron en una habitación contigua y la obligaron a desnudarse, pese a que en la requisa previa la habían obligado a entregar aros, anillos, sus zapatillas e incluso el corpiño. Buscaban, también, su tarjeta de memoria. Durante todo el lapso en que estuvo en la celda, los policías no le suministraron información sobre la situación de Videla ni le permitieron llamar a un abogado ni a sus pequeños hijos, que permanecían solos en su casa. Cuando la liberaron y le devolvieron sus objetos personales, su celular había sido desarmado y revisado.

V de Vidal

Pese a que tampoco le permitieron realizar llamada telefónica alguna ni ponerse en contacto con abogados, fiscales o familiares, Videla recordó que “en la DDI sí, ahí me trataron muy bien. Lo que veo es que ellos obedecen órdenes, del personal de Vidal. Como uno de los oficiales manifestó luego, al final: ‘no tenemos otra opción más que obedecer las órdenes que nos vienen dando desde las cinco de la mañana’”. “Ellos también son trabajadores”, dijo el camarógrafo respecto de la relación jerárquica y el presunto origen de las órdenes que derivaron en su detención. “A mí me marcaron con el dedo: ‘llevate a ése’”, añadió.

La presunción de Videla y la afirmación del policía de que obdecían órdenes desde la madrugada fueron más tarde corroboradas por un parte policial a las autoridades judiciales que dio a conocer el secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo.

El texto subraya que Videla fue “demorado” por personal policial “en el marco de un operativo de seguridad ordenado por la superioridad” ante la visita de María Eugenia Vidal, cuyo cargo de gobernadora escribieron con V.  

El documento (foto 2) está dirigido al “juez correccional nro 3”, aunque en realidad debió decir “jueza”, ya que la titular de ese Juzgado es la magistrada Susana Amelia González La Riva.

Según el escueto escrito, a Videla se lo acusaba de haber infringido el inciso B del artículo 74 de la ley 8031, que castiga con penas menores a quien “con propósitos de hostilidad o burla, perturbe de cualquier forma una reunión, espectáculo, fiesta o ceremonia religiosa o política o cualquier otra de carácter lícito, sea que se realice en lugares públicos o privados”. No fueron los casos de Videla ni el de Solís, cuyo común y notorio propósito era el de registrar imágenes con fines periodísticos. A él, ante sucesivas consultas le respondían encuadres distintos. Pasaron de acusarlo de “disturbios” a “resistencia a la autoridad”, pero debieron volver a la primera calificación porque Videla no podía haberse resistido a una autoridad que nunca se presentó como tal hasta después de haberlo detenido.

Vos sos las dictaduras

La mención a la ley 8031 obliga a un análisis histórico, en principio porque se trata, en rigor, de un decreto –ley: fue firmado por el brigadier Miguel Moragues, gobernador bonaerense de la dictadura encabezada por Alejandro Lanusse, cinco semanas antes de entregar el poder al electo Oscar Bidegain (foto 3).

El 18 de abril de 1973, cuando las elecciones de marzo ya habían dado ganadores a Héctor Cámpora a nivel nacional y a Bidegain en la provincia, Moragues suscribió el decreto que dejó como herencia a la recuperada democracia un anacrónico y aún vigente Código de Faltas.

En 2010, cuando estudió un proyecto finalmente trunco para modificar ese corpus contravencional bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que entonces presidía Hugo Cañón emitió un dictamen donde se incluyó un análisis del Código de Faltas.  En el pronunciamiento, la CPM concluía que, pese a “modificaciones de los últimos tiempos”, entre ellas la necesaria intervención de un juez en el devenir del proceso, el Código “sigue siendo un ámbito propicio para que la policía decida de manera selectiva a qué personas perseguir y a cuáles no”, a partir de una “motivación para las clases dominantes (de) imponer un ‘concepto de decencia’ en el espacio público”. Entre los casos evaluados, la Comisión repasaba persecuciones a vendedores ambulantes, limpiavidrios, travestis, personas en estado de ebriedad o en ejercicio de la prostitución. Ni siquiera entre el recuento de detenciones con tales grados de estigmatización y arbitrariedad fue posible hallar un hecho como el ocurrido en Bahía Blanca, donde se apeló a la figura multiuso del inciso B del artículo 74.

Por otra parte, el análisis de la CPM sobre el Código ofrece también una perspectiva histórica. “Los diferentes códigos de faltas provinciales han legitimado históricamente a la agencia policial para perseguir a determinados sectores”, indica el informe, que señala que el que en 1973 firmó el brigadier Moragues “retoma la línea policíaca del decreto ley 24333/56”, reglamentado el Día de los Santos Inocentes del año de los fusilamientos de José León Suárez, de los que el viernes 9 se cumplieron 61 años. Para celebrar su propio valor, la dictadura que algunos insisten en llamar “Revolución Libertadora” otorgó a la policía provincial, responsable de los fusilamientos, el control total de la Justicia de Faltas.

El Código de 1973 fue retocado por la dictadura siguiente, que entre 1978 y 1979 actualizó montos y nomenclaturas y lo dejó en herencia activa a la democracia recuperada en 1983, que durante 34 años fue haciéndole modificaciones parciales cada vez que estallaba un escándalo por su aplicación. Antes del ocurrido en Bahía Blanca, el último había sido en la temporada estival de Necochea de este mismo año, cuando la policía local se movilizó en pleno para evitar los topless de cuatro mujeres que disfrutaban de la playa. El acto represivo derivó en la declaración de inconstitucionalidad del artículo invocado y en el  “tetazo” que menos de una semana después se desarrolló en el Obelisco porteño como modo de protesta.

ADEPA

Esa historia no es ajena al ámbito en que se produjeron las arbitrarias e ilegales detenciones de Solís y Videla. La cámara empresarial ADEPA surgió en el semestre final del 1962, de la mano de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): en su Asamblea de ese año, realizada en Chile, los editores argentinos estrecharon lazos y determinaron la creación de la entidad que los congregó.

Una de las fundadoras de ADEPA fue Diana Julio de Massot, la entonces directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, y la Comisión de Premios de la entidad aún sigue llamándose con el nombre de su hijo mayor, Federico. Ambos formaron parte del grupo directivo del diario durante la dictadura, al que los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia acusaron en 2013 por su participación en el terrorismo de Estado. La causa judicial no pudo incluirlos, porque ambos ya estaban fallecidos, pero sí siguió contra el segundo hijo del matrimonio Massot-Julio, Vicente. Cuando la sede de La Nueva Provincia fue allanada, en 2014, ADEPA expresó su “preocupación”. Palazzani recordó entonces que la entidad nunca se había pronunciado con igual preocupación por el centenar de periodistas víctimas de la dictadura. Desde diciembre de 2015, Nicolás Massot, sobrino de Vicente y Federico y nieto de Diana Julio, es el jefe de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados de la Nación.

Con tal sumatoria de antecedentes, no resulta incomprensible lo relatado por Videla sobre su detención. “Si bien la mayor parte de la prensa estaba en la sala, había varios periodistas con cámaras de fotos y filmadoras en la antesala, donde a mí me detienen. Y cuando me llevan a la escalera, tengo que cruzar por toda la sala. Es decir, me vieron, lo notaron. Y luego Analía (Larrea) comienza a gritar. Pero cuando pedimos información o si alguien contaba con alguna foto, no: nadie vio nada, nadie filmó nada ni sacó ninguna foto”, recordó. Los medios que cubrieron ampliamente el encuentro empresarial nada dijeron del hecho, que habría sido imposible si los policías hubiesen supuesto que alguno de los asistentes se pronunciaría. Bajo la forma del vigente Código de Faltas, aquel viejo decreto de 1956 puede aplicarse con menos objeciones en la actualidad que en sus orígenes, cuando había periodistas como aquel por entonces aún antiperonista que al saber de los fusilamientos emprendió la escritura de lo que acabaría siendo Operación Masacre.

Menos comprensible que la indiferencia periodística resulta la asistencia a la cena de gala del mismo día de dos legisladores provinciales bahienses del Frente para la Victoria, el diputado Marcelo Feliú y el senador Federico Susbielles, que compartieron sus mesas con el senador nacional margarito Jaime Linares y el rionegrino Horacio Massaccesi, candidato a presidente en 1995, cuando la UCR aún podía presentar postulantes propios a la primera magistratura.

Susbielles repudió días más tarde el hecho que padecieron Videla y Solís e impulsó un pronunciamiento del Senado provincial, además de anticipar que solicitaría informes al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Sin embargo, ni el ex basquetbolista ni Feliú manifestaron las razones por las que decidieron representar al kirchnerismo en un agasajo organizado por una entidad que no sólo aparece asociada a antecedentes de los años más oscuros, sino que también se presentó como amicus curiae del Grupo Clarín ante la Corte Suprema en el reciente 2013, cuando el máximo tribunal debía decidir sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.