Y un día, la Policía Federal pasó a la Ciudad…

Por Daniel Garibaldi

Hace tiempo que desde el ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se anuncia la voluntad del traspaso de parte la Policía Federal Argentina al ámbito de la CABA. Debido a la constante repetición de los medios hegemónicos, esa opción se encuentra instalada como una necesidad, “la Ciudad de Buenos Aires, necesita policía propia”.

Dejemos de lado el debate si es la institución policial la encargada de garantizar la seguridad ciudadana (que a mi entender, un club, escuela, centro cultural o una murga cumplen un rol mucho más trascendente en la materia), y si efectivamente brinda una solución, o simplemente derrama las tensiones hacia otras jurisdicciones (o generaciones, en el caso aprehenderse al “culpable” y que se le asigne una pena privativa de la libertad, quedando su descendencia en una vulnerabilidad absoluta).

Entonces, suponiendo que la institución policial sea la solución (solo suponiendo) será necesario analizar el modelo policial que se deberá implementar. Aquí nos encontraremos con que en el lanzamiento de la Policía Metropolitana, desde lo declamativo, se la anunció como una policía de proximidad (con gorras con damero, y uniformes que emulan los de las policías locales del Viejo Continente). Pero pese a ello, se le asignó una estructura centralista típica de una policía de Estado (al mejor estilo del modelo policial continental europeo), tanto es así, que se creó una Superintendencia de Investigaciones (función inexistente en las policías locales-proximidad, dedicadas exclusivamente a la prevención), un grupo antidisturbios y un vehículo hidrante (¡?). Es decir, de moderna o de proximidad nada. Se conformó una policía que no tiene nada que envidiarle estructural y orgánicamente a cualquier policía provincial Argentina.

A pesar de lo expuesto, resultaba importante el hecho de que se creó un segundo nivel de policía (municipal) que iba a compartir su jurisdicción con una institución dependiente orgánica y funcionalmente de otra administración (PFA – Ejecutivo Nacional). Esta situación, en sí misma se había constituido en un verdadero hallazgo, y brindaba condiciones y características que podían llegar a generar algún tipo de mejora para la comunidad local.

Si bien la Policía Metropolitana nunca terminó de asentarse en la totalidad de la CABA, de haberlo llegado a hacer se hubiera generado una competencia entre los distintos niveles policiales por el desempeño en el control territorial (Metropolitana y Policía Federal), motorizándose así el principio de checks and balances, donde una institución se convierte en el control de la otra.

Nada mejor para los habitantes de un territorio que existan dos niveles policiales que compitan entre sí, e incluso, que se llevan terriblemente mal (veamos el caso de la Prefectura Naval en el norte, que cuando se le “escapa el contrabando” del río, la Gendarmería Nacional lo aprende en la ruta. Y posteriormente, la Prefectura le devolverá la gentileza al “pasero amigo de GNA” en el lecho fluvial.

Insisto, este tipo de competencia es la única garantía de transparencia, puesto que impedirá cualquier pacto entre la delincuencia y las fuerzas policiales. Por lo tanto, redundará en una merma de la tasa delictual en favor de la sociedad.

El juego clandestino, los prostíbulos que operan en departamentos privados, la venta de autopartes robados, puntos de venta y distribución de drogas prohibidas o mercadería robada (teléfonos, electrodomésticos) tenderán a desaparecer o a trasladarse a espacios donde no exista una puja interpolicial y donde el soborno sobre un único actor garantice el ejercicio de la actividad ilegal.

Todo ello por no existir posibilidad de acuerdo con los dos planos (municipal y nacional –máxime si pertenecieran a distinta orientación política-), debido a que para ambos extremos, sería asumir un elevado riesgo por la mitad de los beneficios económicos.

Ahora bien, acabo de mencionar el mejor de los escenarios con una Policía Metropolitana ideal, fortalecida y pujante (¡?). Pero la actual coyuntura tira por tierra la más feliz de las utopías. Ahora, estamos seguros que nada de eso pasará porque ambas instituciones responderán políticamente al Poder Ejecutivo de la Ciudad. ¿O acaso imaginan compitiendo y pisándose procedimientos entre Robos y Hurtos (PFA) e Investigaciones (Metropolitana)?

Pero tampoco es un tema menor que estos aproximadamente 15.000 efectivos de la PFA que se encuentran desplegados en 54 comisarías porteñas, pertenezcan a una Fuerza de Seguridad (Ley 18.711). Es decir, son recursos del Estado Nacional, solventados con el presupuesto de la Nación Argentina. ¿Qué opinarán los habitantes de las 23 provincias argentinas que le pagarán el sueldo a 15/19.000 funcionarios policiales para que asistan exclusivamente a los porteños?. Digo, porque antes, estos funcionarios podían ser convocados a otras partes del País ante los supuestos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, en cambio ahora, tendrán dependencia del Gobierno local, pero eso sí, solventados con un presupuesto del Federal.

Está claro que las provincias debieron haberle exigido a la Ciudad una policía propia ni bien se reformó la Constitución Nacional en el año 1994 y se le dio estatus de Ciudad Autónoma. Pero el escenario actual sinceramente resulta obsceno, pues se pretende cumplir una promesa electoral a cualquier costo con el único motivo de salvaguardar por todos los medios el principal bastión del PRO.

Realmente, por más que le demos vueltas, no caben muchas interpretaciones, pues el artículo 7º de la Ley 24.588 (Ley que garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires) establece que el “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. En tanto que nada dice que el Estado Nacional se hará cargo de las erogaciones que le origine a la CABA autogestionar su seguridad, ni de la cesión de inmuebles (las comisarías e instalaciones de la PFA deberían ser alquiladas por la Ciudad), vehículos, personal, ni mucho menos los sueldos de estos a futuro.

Y dicho sea de paso, y si al derecho nos ajustamos, la Policía Metropolitana tampoco podría investigar causas de narcotráfico (tal como hace desde sus orígenes), por ser este un delito federal y tal como observamos, se encuentra taxativamente estipulado que el Gobierno de la Ciudad ejercerá las funciones de seguridad en todas las materias no federales.

Pero bueno… parece ser que en estos tiempos, no existe norma que la voluntad política no pueda torcer (pobre Kelsen…)

* Profesor de Historia Social de las Instituciones de Seguridad en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor en Seguridad y Prevención por la Universidad Autónoma de Barcelona y Magister en Defensa Nacional (Escuela de Defensa Nacional). Autor de tres libros en materia de seguridad y defensa.