Reavivan el viejo proyecto de Macri de convertir a Buenos Aires en un paraíso fiscal

Por Redacción APU

Apenas unos días después de que estallará el escándalo que revelará las firmas del presidente en paraísos fiscales en el exterior, transcendió a la prensa que en el año 2008 el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quiso convertir a la Ciudad de Buenos Aires en un paraíso fiscal.

El proyecto fue frenado en su momento por Alejandra Gils Carbó, en ese momento Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La presentación judicial de Gils Carbó dictaminaba sobre la inconstitucionalidad en el traspaso de las competencias de la Inspección General de Justicia (IGJ) al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri intentó crear bajo la ley 2.875, sancionada en la legislatura porteña en el año 2008, un organismo para fomentar la creación de sociedades extranjeras y cuentas off shore. El organismo iba a funcionar como un “Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas.”

La presentación judicial impulsada por Gils Carbó en febrero del 2009 señalaba sobre el peligro del “crecimiento exponencial de la economía ilegítima a través de paraísos fiscales y de la utilización de sociedades offshore para defraudar al fisco y los derechos de terceros.”

Al mismo tiempo que cuestionaba el proyecto de Macri en relación al rol de “los entes constituidos en paraísos fiscales –en tanto son vehículos aptos para el encubrimiento de actividades delictivas y el fraude a toda clase de leyes imperativas”.

A fines de febrero de este año, apenas unos meses después de que Macri asumiera como presidente, la jueza Macarena Marra Giménez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 suspendió la cautelar y reactivo el viejo proyecto macrista de convertir a la ciudad en un paraíso fiscal.

¿Atar de pies y manos a los que investigan al presidente?

La información transcendió a la prensa en el medio de una embestida por parte del macrismo a la Procuración General de la Nación. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de leyes que propone anular gran parte de las facultades de Gils Carbó y convertirla en una mera figura decorativa para preservar al presidente de las investigaciones de la Justicia.

De aprobarse la reforma judicial en el Congreso, el macrismo impondría Sub-procuradores bajo los cuales se subordinaría las actuales procuradurías especializadas creadas en la actual gestión del MPF (Ministerio Público Fiscal), como la Procelac. Esa Procuraduría tiene como objetivo investigar delitos tributarios, contrabando, lavado de activos y fraudes bancarios o económicos.

El momento no podría ser más delicado para ser presentado este paquete de leyes en el Congreso. Se superpone con la investigación que lleva el fiscal federal Federico Delgado que investiga si el presidente “omitió maliciosamente completar su declaración jurada" respecto a su vinculación a las empresas “fantasmas” Fleg Trading LTD y Kagemusha S.A.

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