Servicios públicos: el tarifazo es inconstitucional

Por Damián Rabosso*

El inconstitucional y brutal aumento de cuadros tarifarios que se ha producido en estos últimos meses en Argentina no se agota en la maximización de ganancias de una pequeña elite económica y política que participa incluso de manera accionaria en la renta de empresas proveedoras de servicios. La explicación del insoportable -aunque fríamente calculado- aumento de tarifas de luz y gas responde a las preguntas: ¿cómo destruir el entramado social e inducir a la pobreza estructural y energética a la mayor porción de la población en el menor tiempo posible?; ¿cómo golpear de manera contundente y simultánea sobre todo el abanico de actores sociales capaces de articular una respuesta colectiva desde espacios comunicacionales alternativos, académicos o culturales para lesionar severamente su lógica operativa de resistencia y avanzar en un programa de gobierno y en una economía socialmente devastadora?

En pleno proceso de ajuste económico que significó hasta ahora una pérdida de aproximadamente un 60 por ciento de la masa salarial de la clase trabajadora, el aumento de tarifas se impone como la continuidad de una estrategia de shock que lesiona gravemente el entramado social y los derechos de incidencia colectiva. El goce y acceso a un bien social como el del uso de la energía para la vida se extiende como el respeto de los derechos humanos. Tras la fachada del diálogo y el republicanismo que vendría a encarnar, "la ceocracia" expone en cambio decisiones políticas de las que no ha informado ni ha tenido participación la ciudadanía y a través de las cuales lesiona y viola sus derechos colectivos.

La energía como bien social y derecho humano

Un millón y medio de nuevos pobres contradice el eslogan de pobreza cero y el brutal impacto de los aumentos tarifarios desplegados sobre toda la sociedad se averiguará rápidamente en un exponencial avance de la pobreza energética y en un crecimiento de la tasa de despidos, ya que el gas y la luz representan insumos fundamentales del aparato productivo sobre el que no se han establecido exenciones ni subvención alguna. Si a este escenario le sumamos la acelerada voluntad política y mediática por alcanzar un paradigma de regulación y represión de la protesta, entonces entendemos que existe una coordinación sistemática por imponer a toda costa un programa económico sustentado en el beneficio de un bloque de poder y en la transferencia de riqueza hacia grupos concentrados de la economía. Según datos del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS), esa transferencia -luego de solo cinco meses de gobierno- equivale a casi 20 mil millones de dólares. La megadevaluación, la eliminación de las retenciones, la aceleración inflacionaria y la reinstalación de la bicicleta financiera son los pilares de esa redistribución regresiva del ingreso.

Transformar la energía para la vida -entendida como bien social y como derecho humano- en una mercancía elitista tiene sus múltiples aristas. Gremios y sindicatos, centros culturales, red de radios y televisión comunitarias, teatros, universidades públicas, cooperativas de trabajo y gráficas, etc., se erigen -a pesar de una relación de fuerza muy desigual frente a los monopolios de información- como la posibilidad de ejercer, desde lo cultural y comunicacional, un incipiente factor de respuesta que escape a los canales de protesta ya de por sí denostados y criminalizados por la justicia y los medios concentrados. Todos ellos expresan hoy día las serias dificultades para seguir operando comunicacionalmente debido a la grave crisis económica en la que se hallan luego de los aumentos de luz y gas. El ahogamiento en que se encuentran es casi terminal y al riesgo de incrementar la tasa de desocupación se suma la posibilidad cierta de que se acallen las voces de disidencia y resistencia.

Pobreza energética

El concepto de pobreza energética tiene un largo debate en Europa. Por éste se entiende que los ingresos de una familia no alcanzan para cubrir las necesidades domésticas de energía o que el grupo familiar destina una cantidad excesiva que lo coloca al borde del índice de pobreza. En este sentido, en nuestro país el aumento de los cuadros tarifarios significa una descomunal erogación económica que ha arrojado a grandes sectores de la población por debajo de la línea que mide esos índices. En los países donde el debate ha tenido una amplia apertura se señala que en los meses de frío el índice de mortalidad adicional de invierno alcanza tasas preocupantes. En España, por ejemplo, las muertes por enfermedades prevalentes relacionadas con el frío alcanzan un 20 por ciento. La pobreza en materia de energía es una expresión más de la multidimensional realidad que genera la pobreza y que se expresa además en el incumplimiento de otras necesidades básicas como el acceso a la ciudad, la educación, la salud, etc.

En nuestro país urge un debate amplio que clarifique en qué situación de pobreza energética nos encontramos y cuántas muertes y enfermedades crónicas están directamente relacionadas con ese drama. Lejos de ese debate necesario, es habitual encontrarnos con discursos políticos oficiales que señalan el carácter elitista del consumo energético, transformando un paradigma de la energía para la vida como bien social y como derecho humano en uno donde se impone la lógica del mercado.
El usuario argentino, a lo largo de décadas, ha aportado de manera solidaria a la construcción de infraestructura que generase el autoabastecimiento energético. En las boletas de pago de servicios, un porcentaje fue destinado a las obras necesarias para alcanzar ese fin. A pesar de esos aportes millonarios en obras hidroeléctricas y de conexión gasífera, los usuarios de servicios han sido completamente ignorados al momento de elevarse los últimos cuadros tarifarios. Se entiende: la solidaridad no implica participación en las decisiones políticas.

El deber del Estado

El régimen actual del servicio público, sin embargo, por su particular recepción constitucional, prevé métodos sistemáticos de consulta que tienden a sostener un régimen jurídico que pone en el centro al usuario a partir de un claro mandato: la necesidad de su cuidado para garantizar su dignidad como persona humana a través del acceso al consumo de bienes y servicios básicos. El derecho de acceso al consumo y a una economía y desarrollo sustentables tiene como objeto directo que los habitantes gocen de un efectivo acceso al consumo en sus necesidades básicas. La tarifa del servicio público, en este marco normativo constitucional, viene a jugar un papel central, ya que implicará o no la principal barrera para el acceso universal a los servicios por parte de los ciudadanos.

La Constitución asegura la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control de los servicios públicos. Esa participación se entiende en función de la representividad colectiva y el rol de defensa del derecho común que tienen las asociaciones de consumidores. En lo que respecta a la interpretación y alcances de dicha definición jurídica, la magistratura ha entendido la audiencia pública como uno de los mecanismos idóneos para garantizar el derecho de participación ciudadana. El Estado, en este sentido, está obligado a respetar procesos de consulta y máxima divulgación porque es su deber garantizar y prevenir la violación de derechos, y en caso de no prevenirlo, sancionar al infractor. El aumento tarifario que hemos vivido en estos últimos meses se ha salteado todo el proceso establecido constitucionalmente y la información que ha llegado a los usuarios ha sido finalmente la de las boletas con pagos irrazonables y desproporcionados, la imposibilidad de acceso a servicios básicos, la violación de derechos humanos.
Esta situación se impone como un nuevo golpe del modelo económico en marcha que arrasa con el entramado social, operando una violencia estructural que se traduce, en sus múltiples expresiones, en mayor desempleo y falta de acceso a bienes esenciales para la vida.

* Integrante del CIAJ (Colectivo de investigación y acción jurídica) el organismo de DDHH solicitó que se suspenda el aumento de las tarifas de la luz en la Provincia de Buenos Aires.