"La detención de Sala es inconsistente e inaceptable"

Por Juan Cruz Guido 

Baltasar Garzón se refirió a la detención de Milagro Sala, a la que calificó como “inconsistente” e “inaceptable”. Criticó la postura del gobierno nacional y provincial en relación a los reclamos de los organismos internacionales de derechos humanos y políticos que exigen su liberación.

El jurista español en materia de Derechos Humanos se refirió a la detención de la dirigente social en comunicación con Radio Caput. Allí el ex magistrado español confesó que “se le hace muy duro aceptar que Milagro Sala este privada de su libertad con una inconsistencia jurídica tan importante”.

Cuestionó que "a una persona que tuvo unos planteamientos claramente democráticos y que impulsó los derechos de quienes más lo necesitaban, se le armé una serie de procesos judiciales una vez que se llega al poder”. Tildó esta acción del gobierno de Gerardo Morales, con la complicidad del poder judicial provincial, como “inaceptable” y “grosera” en un estado de derecho. También criticó “el silencio de las más altas instancias del poder judicial” considerando que “no dan un buen ejemplo”.

En cuanto a las resoluciones emitidas por los organismos internacionales que piden la liberación de la dirigente de la Tupac Amaru, Garzón las consideró “fundamentales” ya que “son claras, contundentes y vinculantes en tanto la Argentina forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. En ese sentido, calificó la posición del gobierno argentino como “sectaria” y por fuera de los estándares internacionales de los cuales el país forma parte. También remarcó que la ratificación por parte de la Organización de Estados Americanos del informe presentado por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU “no debería dejar lugar a dudas”.

Calificó en términos muy duros “el juego” que realizan tanto el Ejecutivo nacional como el provincial para no implementar el sistema continental al orden interno. De esta manera, consideró la detención inconstitucional y la enmarcó dentro de una avanzada que va en detrimento de “la línea progresista en el respeto de los derechos humanos que se venía sosteniendo en la Argentina desde hace una década”.