El derecho a la protesta, manual de acción para los días que corren

Por Damián Raboso*

En recientes declaraciones el presidente Macri afirmó, luego de una semana de masivas expresiones de protesta, no “creer” en la “herramienta” democrática de la movilización social ni en la huelga sino en el “diálogo”.  Hablar de herramientas y no de derechos (una herramienta puede ser buena o mala según cómo se use) es de por sí una declaración de principio, el sueño del empresialismo político por el cual toda instancia de negociación de intereses desencontrados se resuelve en una mesa de gerenciación de la ganancia patronal. Atomizados los referentes populares, demonizados, convertidos en vándalos y violentos bajo la acción repetitiva de los grandes medios, son puestos a sostener un diálogo que no es más que un discurso vacío, antiséptico y marquetinero que esconde en verdad un monólogo: “Tenemos que dar en lugar de pedir”. Está claro: es el pueblo el que debe entregar derechos y masa salarial ya que del otro lado del mostrador, consustanciados en un real interés de clase, empresas y gobierno de empresarios se relamen sin perder la sonrisa.

Históricamente, los procesos de criminalización y judicialización de la protesta se acentúan y presentan como técnica de disciplinamiento social frente a la batería de decisiones políticas y económicas que golpean duramente a amplios sectores populares. Una estrategia de despojo que no podría funcionar sin la alianza de gobiernos y aparatos judiciales, avalados por la mirada opaca y cómplice de medios de comunicación masiva y comunicadores que estigmatizan toda forma de organización popular. Desde esa alianza estratégica se confirman los procesos de judicialización y criminalización de la protesta y se busca alcanzar un fuerte consenso social para su represión.

Sin embargo la protesta social es una de las formas de expresión cívica, una manera de peticionar a las autoridades. Es una forma de ejercer la libertad de expresión pero también de reunirse públicamente para plantear demandas. Cuando los problemas que tienen los sectores más desaventajados no son canalizados por las autoridades de turno, cuando los funcionarios no toman nota de los problemas que tiene determinado sector o miran para otro lado, cuando los gobernantes no atienden teléfonos o no asisten a las audiencias convenidas, la única manera de poder expresar y compartir los problemas colectivos es a través de la protesta social.

Cuando se criminaliza y reprime la protesta, es decir, cuando se sostiene que un corte de ruta o manifestación realizados por desocupados o trabajadores es un delito y que dicha acción, por ejemplo, “no le permite trabajar a otras personas”, se está interpretando un hecho social de ejercicio de derechos de acuerdo a discursos hegemónicos y predominantes “naturalizados” en la vida cotidiana de amplios sectores de la sociedad. Estos discursos afincados en falsos dilemas van a privilegiar el derecho a la circulación por sobre el derecho a la protesta social y son generados en buena parte por los grandes medios de comunicación, por intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, por sectores sociales conservadores y liberales para deslegitimar las demandas colectivas.

Lejos de ser un diálogo antiséptico, las distintas ideas, visiones del mundo, valores o creencias en pugna están continuamente redefiniéndose a partir de las interacciones sociales que son también relaciones de poder. Porque no hay que perder de vista que los distintos actores (institucionales, estatales, medios de comunicación, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, iglesia, etc.) disputan, compiten y negocian de manera desigual y continua para que su propio discurso logre posicionarse de forma predominante en el espacio público. De un lado, los sectores que peticionan, demandan o exigen y cuyas voces sólo la organización y la movilización permitirán que sean escuchadas. Del otro, el portentoso entramado de jueces, medios hegemónicos y políticos. Esa lucha es antes que nada una disputa simbólica y cultural entre los distintos actores de la sociedad por la imposición de una perspectiva y de la propia visión del mundo. Lo que está en juego en esta disputa por el sentido común, no es ni más ni menos que los derechos logrados a través de la lucha colectiva.

En la actualidad, el intento de imponer un Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, la persistencia en sostener la prisión política de referentes sociales, va de la mano de la importante pérdida de masa salarial de la clase trabajadora, de la persecución de economías populares, el desarme de estructuras de contención del Estado (subsidios y programas sociales), el aceleramiento de la tasa de desocupación y precarización laboral. Hay aquí una relación de continuidad, de paradigma político, de causa y efecto.

Desde el CIAJ entendemos que no hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disenso y de expresión de demandas. Los derechos se defienden en la calle, los derechos se tienen cuando se los ejerce. En este sentido, con la presentación del Cuaderno N°2 sobre Derecho a la Protesta Social intentamos dar a referentes sociales y políticos, educadores/as, militantes, estudiantes, jóvenes, trabajadores/as una guía completa de acción para las organizaciones que inciden en los procesos sociales y políticos a través de múltiples estrategias que facilitan el ejercicio de los derechos. Este cuaderno es un material didáctico y de formación, pensado desde la educación y comunicación popular para afrontar y desandar los procesos de criminalización, judicialización y estigmatización de la protesta social.

La invitación es entonces a participar de un debate con organizaciones sociales que viven al calor de la protesta como forma de resistencia, conquistas o supervivencia. Habrá muestra fotográfica a cargo de Gabriela Hernández, música y barra. 

Lxs esperamos en el Galpón de Encomiendas y Equipajes (18 y 71, La Plata)
Este JUEVES 16 de Marzo
A las 19 hs.

* Es integrante del CIAJ (El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica)