Brasil: aumentan los campesinos asesinados

Por Caio Mota

Hace un año el Senado Federal aprobaba la apertura del proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que quedó suspendida por 180 días antes de ser definitivamente echada del cargo. En ese período los conflictos en el campo aumentaron un 26% en comparación con el año 2015, de acuerdo con los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

2016 fue el año con mayor número de conflictos por la tierra registrados en los últimos 32 años. Fueron contabilizados 1.079 conflictos, un promedio de 2,9 registros por día. Los asesinatos tuvieron un aumento del 22% en comparación con el año 2015 y es el mayor número de casos desde 2003.

Con la inestabilidad política de 2016 cuestiones como el combate al trabajo esclavo, la demarcación de las tierras y la defensa de los derechos indígenas y el combate a los conflictos en el campo tuvieron un debilitamiento dentro de las instituciones gubernamentales y los grupos políticos responsables por los conflictos ganaron aún más fuerza.

La región del Amazonas Legal concentra el mayor número de conflictos en el campo. En los primeros 5 meses de 2017 fueron registrados por la CPT 22 asesinatos como consecuencia de los conflictos agrarios en Brasil. Otros 9 están bajo investigación y aún no fueron inscriptos en la base de datos de la pastoral. Los números representan 36% del total de muertes acontecidas durante todo el año 2016. Lo datos muestran un agravamiento de los asesinato en el campo en 2017.

¿Por qué Brasil sigue creando nuevos “Eldorado dos Carajás”?

Janete da Silva Alves, 32, y sus cuatro hijos son las víctimas que las estadística no muestran. En la foto, ella sostiene el documento de identidad de su marido, Edison Alves Antunes, 36, asesinado el día 19 de abril mientras trabajaba como jornalero en un lote en la Gleba Taquaruçu do Norte, en el municipio de Coniza, provincia de Mato Grosso. El marido de Janete es uno de los nueve trabajadores rurales asesinados en la matanza que se hizo conocida como #MasacreColniza.

Ellos vivían ocupando un lote ubicado cerca de la región en que Edison trabajaba como jornalero cuando fue asesinado. Janete y u hijos no fueron lastimados en la masacre pero el día 19 de abril ellos también los mataron: la casa, el campo y la vida en familia no existen más. Ella junta lo que sobró para vivir en otra ciudad con los hijos. El dinero que la familia había ahorrado fue usado para pagarle a una asociación, que actúa en el área distribuyendo lotes de la GlebaGleba Taraguaçu do Norte para trabajadores rurales con la promesa de conseguir los papeles de la tierra.

La carnicería de Colniza fue la misma semana que la “masacre de Eldorado dos Carajás” cumplió 21 años. Los 19 trabajadores rurales asesinados en 1996 en Pará, y el asesinado de 9 trabajadores rurales en 2017 en Mato Grosso, tienen 3 puntos en común: las víctimas son personas pobres, los lugares del crimen tienen invisibilidad estatal, donde apenas la policía tiene mayor presencia en el área y la impunidad en los crímenes ocasionados por conflictos en el campo, lo que termina siendo un factor central para que los asesinatos de trabajadores rurales, indígenas, quilombolas y líderes comunitarios sigan sucediendo.

Colniza es una ciudad que queda a 1.065 Km de la capital mato-grossense y es limítrofe de las provincias de Amazonas y Rondônia. Es señalada como una de las ciudades más violentas de Brasil por el gran número de conflictos agrarios.

El lugar de la matanza queda dentro del “Complejo Guariba”, un área de 630 mil hectáreas que alberga un terreno de 42 mil hectáreas, donde los trabajadores actuaban. Hasta hoy el gobierno de Mato Grosso y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) no saben decir a quien pertenece el área donde sucedió el asesinato.

En 2006 se realizó una audiencia pública en la ciudad de Cuiabá para tratar la situación agraria del “Complejo Gariba”. En dicha ocasión fue creado una comisión de trabajo interinstitucional con la participación del Ministerio Público Federal (MPF), la Justicia Provincial, la Secretaría Provincial de Medio Ambiente, INCRA y la Policía Federal. El INCRA quedó responsable de producir un informe detallando cuáles áreas pertenecen a la provincia de Mato Grosso y la Nación dentro del “Complejo Gariba”. Después de 11 años de esta audiencia, el órgano aún no entregó este documento.

En un oficio dirigido por el INCRA al MPF, el órgano sólo informó que existen “fuertes indicios de irregularidades (fraudes) practicadas al proceder a la alienación de tierras presuntamente fiscales que componen el Complejo Guariba”. El documento producido por el INCRA comprueba la desatención y connivencia del gobierno provincia y federal con la situación de centenas de familias pobres que viven en este área de conflictos intensos, por estar en una región de interés de grandes madereras y mineras que explotan diamante, oro y casiterita.

Esta situación de casos agrarios no se limita al “Complejo Guariba”. La realidad agraria de la provincia de Mato Grosso está marcada por la venta indiscriminada de grandes proporciones de tierras fiscales a latifundistas, empresas agropecuarias y de colonización, más allá de la utilización de la transferencia de tierras en las disputas electorales, a veces como recompensa, otra como pago de favores políticos.

De acuerdo con la policía civil de Mato Grosso, cuatro sospechosos por el asesinato y quien ordenó la masacre de Colniza ya fueron identificados. Dos sospechosos fueron detenidos el martes 2 de mayo, los demás están prófugos, con la prisión preventiva decretada. La policía no divulgó el nombre del supuesto autor intelectual de la matanza, pero según el delegado Marcelo Muniz, responsable del caso, el sospechoso es un empresario que habría ordenado la matanza para poder explotar madera en la región.

Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) revelan que de los 127 casos de asesinatos en el campo, registrados por a entidad en Mato Grosso desde 1985 (año en que comenzaron a recolectar las informaciones), ninguno de los sospechosos de ser quienes ordenaron eses asesinatos fueron juzgados y condenados.

En los últimos 32 años la CPT registró 1.722 asesinatos en el campo, de este total hubo 110 juicios durante las tres décadas y solamente 31 personas que son señaladas por las investigaciones policiales como autores intelectuales del crimen fueron condenados.

Aunque las personas señaladas como responsables de la matanza en Colinza son detenidas, las causas de los conflictos continuarán y los crímenes en el campo seguirán aumentando, como indican los datos sobre asesinatos en el campo, que tuvo en récord histórico en 2016. Janete y sus hijos permanecerán siendo las “estadísticas vivas” de una situación del conflicto en que el Estado siempre es connivente.

Colniza no es un caso aislado

La semana siguiente a la masacre otras dos matanzas sucedieron en las provincias limítrofes con Mato Grosso. Cuatro personas fueron asesinadas en la ciudad de Santa Maria das Barreiras, sur de Pará, y otras tres fueron encontradas carbonizadas dentro de una camioneta en la Gleba Corumbiara, a 70 kilómetros de Vilhena, en Rondônia.

La líder comunitaria, Katia Martins, 43, fue ejecutada el jueves 5 de mayo con cinco tiros durante una emboscada en el asentamiento “Primeiro de Janeiro”, en el límite de los municipios de Castanhal e São Domingos do Capim, en el nordeste paraense.

A menos de 24 horas del asesinato de Katia, el trabajador rural sin tierra, Eduardo Soares Costa, fue torturado y asesinado por hacenderos, en la zona rural de la ciudad Eldorado dos Carajás, en el sudeste de Pará.

Según la coordinación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), semanas antes del asesinato de Katia e Eduardo los conflictos rurales que sucedieron en la provincia fueron denunciados durante la audiencia con la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Pará (SEGUP) y con la Auditoría Agraria Provincial y Nacional.

“En este período histórico de la lucha de clases, delante de la ineficiencia del gobierno nacional y el provincial en adoptar medidas favorables a la Reforma Agraria, el MST se compromete a seguir denunciando las arbitrariedades y la violencia con que las fuerzas del latifundio, de las empresas privadas mineras y el Estado han cometido en Pará”. Fragmento de nota pública del MST de Pará.

Ya el día 30 de abril hombres con facones y armas de fuego atacaron a un grupo de indígenas de la etnia Gamela, en el municipio de Viana, interior de Maranhão. Según informaciones del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), 17 Gamelas sufrieron algún tipo de herida (entre los heridos hay dos niños y un adolescente) y 5 fueron baleados, lo que da un total de 22 heridos en el ataque.

El área del ataque es disputada por hacenderos que quieren explotar dentro de las tierras de los Gamela. El crimen sucedió en un momento crítico del desmonte de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). El mismo día de los ataques a los indígenas, el diputado federal Aluísio Guimarães (PTN/MA) llamó al pueblo Gamela “pseudoindígenas” durante una entrevista a la radio Maracau y declaró que en caso de una tragedia la responsabilidad sería de la FUNAI y del ministro de justicia Osmar Serraglio, que según el, estaban avisados de la situación.

Traducción: Santiago Gómez