La reforma electoral del Gobierno: "Se acrecientan las posibilidades de fraude"

Por Maria Fernanda de la Quintana*

En Argentina el sistema tecnológico fue patentado y usado en algunas elecciones como en la porteña, por la empresa la Magic Software Argentina (MSA) a la que se le terciarizó el sistema de votación. Recordemos que la empresa MSA hizo una denuncia el 1 de julio en una fiscalía antes de las elecciones a Jefe de gobierno del 5 de julio de 2015, donde notifica que el sistema había sido vulnerado y hackeado. Esta Causa, se encuentra en el Juzgado Nº 18 de la jueza María Luisa Escrich. El sistema electoral debe ser un proceso entendible por cualquier ciudadano. Se deben poder controlar todos los pasos de una elección sin necesidad de tener conocimientos técnicos especiales. Con este sistema se deja en manos de una élite técnica el proceso electoral. Se pone en riesgo el secreto del voto, principio fundamental de nuestra democracia y acrecienta las posibilidades de fraude.

Holanda dejó de usarlo en 2008, al comprobar vulnerabilidades que atentaban contra el carácter secreto de la votación. Alemania lo declaró inconstitucional en 2009 cuando alegó escasez de control ciudadano sobre el proceso de sufragio. Bélgica lo abandono luego de que una falla informática obligara a anular 2.200 votos que representaba el 0.0.6% del total y en Brasil el sistema fue vulnerado, por expertos en seguridad informática. De los 295 países, solo 3 lo usan totalmente y 4 parcialmente. La gran mayoría continúa utilizando la votación en papel y con escrutinio manual.

…."en Salta, la empresa proveedora de las urnas cuenta con una patente sobre el sistema electoral utilizado, por lo que el sistema no sólo es privado, sino que además la patente vigente hasta el 2024 le otorga a la misma el monopolio sobre su implementación". Señala Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre)

El proyecto desecha la fiscalización ciudadana e institucionalizaría la persecución a quienes pretendan colaborar en ese sentido. Ya que criminaliza el estudio de estos sistemas para encontrar vulnerabilidades. La empresa lo patentó. Quiere decir que sólo puede auditar quien sea designado por la justicia electoral.

La función del proceso electoral es la delegación del poder del Estado a la representación popular, su legitimidad no puede ser sacrificada en función de la comodidad de algún funcionario o de la rapidez en un proceso que se demostró no puede garantizar la ausencia de fallas en la seguridad. El riesgo de softwares manipulados pueden generar un fraude electoral masivo.- No hay capacidad de control ciudadano, no es fiscalizable por la ciudadanía, no garantiza ni el secreto del voto, ni la integridad de los resultados. Puede ser fácilmente intervenido el chip y contarse multi- votos a un candidato, adulterando fácilmente los resultados en una elección. La manipulación a nivel virtual llega a ser menos visible y puede llevarse a cabo con la intervención y el conocimiento de muy pocas personas.

El proyecto destaca el “lucimiento de conocimientos informáticos” durante los comicios. Si se reduce el control del acto de votación a un selecto grupo de técnicos y especialistas, lo que se hace es transferir la capacidad de control popular a una elite. Privatizar y terciarizar nuestro sistema, es delegar nuestra responsabilidad electoral como ciudadanos, este proceso nos pertenece y nos ha costado años de lucha poder recuperar.

Desde el gobierno se pretende instalar criterios puramente pragmáticos, hablan de modernización, eficacia, rapidez, con la intención de modificar el sistema de voto, dando lugar a futuros fraudes electorales. El cuidado y el rechazo asumido por el resto del mundo con respecto al uso del voto electrónico debería servir para cuestionarlo. El sistema de votación no es simplemente una cuestión técnica. Es una cuestión política. La cualidad fundamental de un sistema electoral no es su rapidez, sino su fiabilidad. En la Argentina la historia del fraude electoral masivo se ha tornado parte de un pasado sombrío, es fundamental la adopción de sistemas que garanticen el respeto de la intangibilidad de la voluntad de los ciudadanos y si el precio que debe pagarse por tal confianza es una dilación en el conocimiento público de los resultados, es probable que la mayoría considere que ese retardo resulta preferible frente a la posibilidad de que su voluntad sea burlada a través de tretas electrónicas.

*Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”. UBA.