"En Argentina, la mayoría de los presos está detenida con prisión preventiva"

Por Santiago Gómez

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FE-SITRAJU) y la Federación Judicial Argentina convocan para mañana (3) al Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, bajo el título “El Poder Judicial, los derechos laborales y las garantías democráticas”, en el que abordarán la problemática de género en el poder judicial, la relación del poder judicial y los medios de comunicación, así como las tácticas de lawfare en América Latina, con la presencia de quien fuera abogada de Cristina Fernández de Kircher y los abogados defensores del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro contará de tres paneles, el primero titulado “Convenciones colectivas y paridad de género en el Poder Judicial: uno de los desafíos de los sindicatos judiciales”, del que participarán diferentes representantes gremiales a nivel federal. El segundo será “El Poder Judicial y los medios de comunicación”, del que participará Graciana Peñafort, quien fuera abogada de la ex Presidenta, la diputada nacional Josefina González, la diputada provincial Lucia Portos y el periodista Ari Lijalad.

En el panel de cierre, “Filosofía Lawfare en América Latina”, estarán la diputada nacional y  Secretaria General de FE-SITRAJU, Vanesa Siley, el Secretario General de la FJA, Hugo Blasco, junto con Vanesa Teixeira y Cristiano Zanin Martins, abogados defensores del ex presidente brasilero. El evento se realizará en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), el sábado 3 de marzo entre las 11hs y las 18hs y el ingreso será libre.

Con el objetivo de conocer las razones que promovieron la temática elegida y las problemáticas que se abordarán, APU entrevistó a Marieta Urueña Russo, dirigente gremial de SITRAJU de Tucumán y a Sofía Corradini, Secretaria Adjunta de SITRAJU R.A.

AGENCIA PACO URONDO: El próximo sábado los trabajadores judiciales realizarán un evento en el que se abordarán temas que hacen a la agenda actual no sólo de la Argentina, cuanto de la región, contando con la presencia de quien fuera abogada de Cristina Fernández y los defensores del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como abogada y trabajadora del Poder Judicial ¿Qué puede decir sobre la utilización de los tribunales como campo de disputa política que debería librarse en las urnas?

Sofía Corradini: La utilización de los Tribunales con fines políticos se realiza con el objetivo de dar una solución casi inmediata, a un problema que en las urnas no se puede resolver con tanta efectividad, y es la intención de dejar fuera de juego a los posibles adversarios/as políticos/as, básicamente de lograr su proscripción en los procesos electorales, lo que afecta directamente al sistema democrático de cualquier país.

Y para sacarlos del campo de juego, nada más efectivo que una sentencia judicial, que pareciera actuar casi como una medida preventiva al principal instrumento de la democracia que es el voto directo de la sociedad y su participación en el sistema democrático de gobierno. Esa condena, adopta su mayor eficacia, con la propagación de la misma a través de los medios de comunicación, cerrando esa triada destituyente (poder político/económico, poder judicial y corporaciones mediáticas) en la deslegitimación de la persona política.

APU: Tanto en la causa de Cristina Fernández cuanto en la de Lula lo que se está dando es un abuso de la prisión preventiva. En términos legales ¿Cómo esto afecta al Estado de derecho?

SC: Para analizarlo primero debemos partir de dos axiomas constitucionales, establecidos en los arts. 14 y 18 de nuestra carta magna, el goce de la libertad de todo/a ciudadano/a y la presunción de inocencia. Es importante no perder de vista nunca esos dos parámetros porque parece que al momento de aplicar una medida preventiva tan coercitiva como la privación de la libertad, los jueces suelen olvidarse de esos preceptos.

Y esto sucede porque la prisión preventiva tiene una razón de ser, excepcional, que hoy en día es regla, y que es acudir a ella a los fines del resguardo del procedimiento judicial, que debería ser una responsabilidad del Estado y no de los sujetos.

Al deber ser de aplicación excepcional, se tienen que valorar a la hora de imponerla y para su justificación, la posibilidad que quien ostenta el carácter de imputado/a pueda ejercer su fuga o entorpecer el normal desarrollo del proceso judicial. Y recientemente, en nuestro país la Cámara Federal de Apelaciones, estableció una nueva causal de aplicación en los casos de relevancia política, que es aquellas relaciones residuales que pudieran tener con el poder y que les pudieran permitir obstaculizar la investigación. Claro está que cualquier político/a mantiene esas relaciones lo que no hace presumir que pudiera utilizarlas, sin embargo, bajo esa nueva doctrina es por la cual justificaron la prisión preventiva de todos/as últimos/as presos/as políticos/as.

Echada esta suerte, no quedan dudas que la prisión preventiva utilizada arbitrariamente o abusivamente, afecta todo Estado de derecho, porque al privar a una persona de su libertad las restricciones para hacerlo deben ser profundamente justificadas en una circunstancia real de atropello al proceso judicial en su contra. No obstante, y esto es una opinión personal, esta medida coercitiva de la libertad ambulatoria es manifiestamente inconstitucional, porque el estado no puede, no debe, poner en cabeza de la sociedad el normal desarrollo de una investigación, sino que es el propio Estado quien debe asumir esa responsabilidad a través de la utilización de todas sus herramientas.

En Argentina, la mayoría de los/as detenidos/as están alojados en las cárceles bajo el régimen de prisión preventiva o sin condena firme, y esto me hace pensar que no solo se ha convertido en regla y no en excepción, sino además que los/as jueces/as la otorgan indiscriminadamente por el temor, ya propio y no de la investigación, de que si se viera obstaculizada la investigación, la culpa recaería en su persona. Entonces volvemos a lo mismo, si el Estado debe velar por el derecho de toda persona a gozar de su libertad y su inocencia, bajo esos preceptos, debería también velar por el normal desarrollo del proceso, sin necesidad de una medida tan restrictiva.
 
APU: La ex presidenta de Justicia Legitima, la jueza María Laura Garrigós, señaló que los miembros de la asociación debieron replegarse ante los ataques que recibían de parte de los medios de comunicación. ¿En la provincia de Tucumán se observa una situación semejante de persecución a los trabajadores del poder judicial que defienden el Estado de Derecho y los derechos de los trabajadores?

Maieta Urueña Russo: Si, por supuesto. Nosotros/as en Tucumán lo vivimos también, que seas de Justicia Legitima  fue un latiguillo que los medios hegemónicos utilizaron para menospreciar y atacar a trabajadores/as por su opinión sobre ciertos temas. No importaba si efectivamente eras de esa organización (de hecho, formalmente nunca se conformó Justicia Legitima en Tucumán), pero el solo hecho de hablar de la necesidad de democratización del poder judicial, o de defender los derechos de los/as trabajadores/as ya era un justificativo para que los medios te consideren “allegado a Justicia Legitima”.

Podemos decir que hubo un quiebre, que fue cuando se presentaron los proyectos de reforma al poder judicial en el año 2013, y nosotros/as salimos a defender principalmente el tema del ingreso democrático, ya que nos afectaba directamente como trabajadores/as del Poder Judicial y porque entendemos que ese también es un derecho: entrar a trabajar en Tribunales porque rendimos un concurso y no porque el dedo de un juez/a lo definió.

Ese fue el momento en que empezaron a catalogarnos, a ponernos rótulos, a fijarse en si había compañeros/as con militancia política y a señalarla con negrita. Y era muy evidente porque después cuando había una nota donde emitíamos alguna opinión respecto al poder judicial aclaraban “que éramos simpatizantes de Justicia Legítima”. En cambio cualquier otra persona que hablaba del tema no era rotulada, entonces los medios hacían creer que era una persona “neutral”. Ni hablar cuando hubo concursos para magistrados/as. Ahí sí, se notaba más esta forma de comunicar engañosa que utilizaban los medios.

APU: En el Encuentro del próximo sábado usted participará de un panel en el que se abordará las convenciones colectivas y la paridad de género dentro del Poder Judicial, a días de que se realice la segunda marcha internacional por el día de la mujer. ¿Qué reflexiones tiene al respecto? ¿Podría adelantarnos algo de lo que abordará en el encuentro sobre los obstáculos y desafíos por lograr la paridad de género en una institución caracterizada por el machismo?

MUR: Si, en el encuentro voy a participar de un panel sobre convenciones colectivas y paridad de genero como desafíos del sindicalismo. Y vaya si son dos enormes desafíos sobre los que tenemos que trabajar conjuntamente. Muchos de los problemas que tenemos quienes trabajamos en el poder judicial, de la justicia federal sobre todo, es porque no tenemos convenio colectivo de trabajo, es porque la CSJN no reconoce que además de ser la cabeza del órgano encargado de administrar justicia (podemos decir incluso, una de las cabezas) también es el empleador de miles de personas.

Y como empleador tiene facultades pero también obligaciones respecto a estos miles de trabajadores/as. En este tema, la justicia federal viene atrás de lo que sucede en otras provincias, como Santa Fe, o como la CABA. El panel esta compuesto por compañeros y compañeras de distintas provincias, cuyas exposiciones van a permitir también que analicemos cuáles son esas diferencias y los desafíos que tenemos por delante para afrontarlos, uno de los cuales es sin duda, a mi manera de ver, fortalecer la voz de los/as trabajadores/as judiciales conformando una confederación. Un sujeto que incluya a todos los sindicatos judiciales. Ese es nuestro mayor desafío.

Y el otro gran tema es la paridad de género. Que parte de la transversalizacion de la cuestión de género en todo el Poder Judicial. La paridad es un tema que queda incompleto si lo enfocamos solo cuantitativamente y no cualitativamente. Y ello nos lleva a considerar no solo cómo se conforma el Poder Judicial sino también como se organiza hacia adentro, qué lugares ocupan las mujeres, cómo se trabaja con relación a ese techo de cristal que los datos nos indican que existe en todas las jurisdicciones. Nos lleva a considerar las licencias de maternidad, paternidad y coparentalidad, y exigirlas en términos de igualdad.

Estamos a días del 8 de marzo, fecha en la que miles de mujeres saldremos a las calles a exigir igualdad de oportunidades, de trato, a una vida libre de violencias. Nuestra Federación participa en diferentes provincias de las asambleas de mujeres. En ellas nos encontramos con las trabajadoras formales, las informales, las desempleadas, las despedidas, las amas de casa. Y podemos ver que el 8 se va a sentir el paro de mujeres en cada lugar del país. Después nos queda seguir organizadas para seguir buscando lograr esa paridad en cada sector.