#AbortoLegalYa, un tema de salud pública

La lucha histórica de los movimientos feministas nos obliga a pronunciarnos, una vez más, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de nuestros pueblos, una deuda de la democracia. Desde hace al menos 30 años la discusión sobre el aborto está presente en las agendas de las mujeres argentinas. La creación de la Comisión por el Derecho al Aborto en 1988, la realización de talleres en los encuentros nacionales, las juntas de firmas en las diversas calles del país y en marchas masivas que exigen por el tratamiento parlamentario urgente, son algunos de los antecedentes de esta lucha. 

En la última apertura de sesiones legislativas, el presidente Mauricio Macri habló de la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. Sin embargo, desde 2006 existe una ley que sufrió, en los últimos años, desmantelamientos considerables. Se redujo en un 65% el presupuesto destinado a materiales y aumentaron los despidos de especialistas en la temática que dictaban capacitaciones. En este último punto, la inversión pasó de $5.500.000 en 2015 a $2.300.000 en 2016. 

Entendemos el abordaje del proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como un “ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo”. Para ello, es esencial que sea debatido como tema de salud pública.

En el medio de este camino recorrido es importante destacar derechos conquistados: la sanción de la Ley 25.673, que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, o la Ley 26.150 que da origen al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que busca la promoción de una educación para una sexualidad responsable desde una perspectiva de género, diversidad y derechos.

De esta manera, entendemos que la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina es una medida necesaria y urgente. Al ser prácticas realizadas en condiciones de riesgo, son la principal causa de mortalidad materna. Se estima que a nivel global, el 11% de las muertes maternas ocurre por abortos mientras que en América Latina el número asciende a 13%. En Argentina, el porcentaje se encuentra por encima de la media de los países vecinos con el 20%. Además, debido a ser clandestino las cifras son estimativas; pero en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que en nuestro país se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año y es transversal a toda la sociedad.  

El aborto clandestino es una práctica que involucra a mujeres de todas las clases sociales: aquellas de altos recursos interrumpen su embarazo en consultorios y clínicas privadas donde las condiciones sanitarias no ponen en riesgo su vida. Otra realidad tiene como protagonistas a mujeres de menos recursos, sin ayuda médica en la mayoría de los casos, y con escasas herramientas para llevar a cabo la intervención. De esta manera, entendemos que a pesar de estas circunstancias, la interrupción del embarazo no deseado se realiza igual. Detrás de los altos precios de los abortos, se encuentra el encubrimiento de los nombres de los médicos que lo practican y un sistema que se llena los bolsillos y se lleva las vidas de aquellas que no pueden acceder a un derecho que se vuelve mercancía.

En el debate sobre la despenalización se deben dejar de lado las apreciaciones personales. No modifica saber si alguien está a favor o en contra de la práctica. No interesa si una mujer personalmente decide o no realizarlo. La Ley IVE garantizaría que fuese un derecho; es decir, que una mujer podría decidir voluntariamente continuar o no con un embarazo. Por lo tanto, la medida no obligaría a las mujeres a que practiquen un aborto pero permitiría que el sistema de salud público diera esta opción. No es un debate moral, sino un debate acerca de la realidad. De esta manera, es el Estado quien debe asegurar las buenas condiciones de la intervención para todas las mujeres. 

El cántico del movimiento feminista “si el hombre fuera mujer, el aborto sería ley”, nos invita a reflexionar sobre los motivos por los cuales se  cuestionan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; pero no se plantea, por ejemplo, el uso de anticonceptivos en varones. La cultura patriarcal los excluye de responsabilidad a la hora de pensar en los diferentes métodos y son reducidos los estudios médicos y científicos que existen al respecto. Por destacar sólo algunos puntos, en Argentina se realizaron 97 vasectomías y 12.976 ligaduras tubarias en 2016 y existen, al menos, 19 anticonceptivos para las mujeres.

Resulta imprescindible un abordaje integral de la problemática y que el gobierno nacional asuma la responsabilidad de dar las condiciones para que se pueda debatir en el recinto. Se trata de una ley que ampliará derechos, dará igualdad de condiciones entre mujeres de distintas clases sociales y reducirá la mortalidad de las mujeres. Pero para que la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” deje de ser una utopía es necesario que el Estado nacional ponga en debate la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ejecute el presupuesto pertinente para las leyes vigentes. 

Foto: Ailén Montañez