“Que se aparte a Quintana o que lo echen y que el Congreso investigue”

Este martes el abogado Daniel Igolnikov presentó una denuncia en sede judicial contra el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, por el presunto conflicto de intereses que se generaría tras revelarse en el informe del programa de Jorge Lanata, PPT en Canal 13, que el funcionario mantendría el control accionario de la empresa Farmacity.

En el aire de Mañana Sylvestre en Radio 10, el abogado denunciado expresó las razones del inicio del expediente contra Quintana, y reclamó su urgente salida del gabinete.

“Que se aparte a Quintana o que lo echen y que el Congreso investigue”, sentenció Igolnikov y agregó que su presencia como vicejefe de Gabinete afecta la imagen del país en cuanto a “honestidad y la transparencia” y en sentido “nos daña a todos”.

“Más que un conflicto de intereses es un conflicto de capitales, y vuelve a pasar que un capital privado de un funcionario usufructúa del poder del capital público que es de todos”, dijo al respecto y adelantó que analizará recusar al juez Ariel Lijo, magistrado en el que recayó el expediente,

Aseguró que el caso Farmacity constituye una violación de normas de competencia, y sostuvo que la presencia de Quintana en el Gobierno marca que “la ética pública está violada”. Además remarcó que se quiebre lealtad comercial, “porque quien va a manejar los precios de los medicamentos -siendo el mayor comprador de los laboratorios- es Farmacity”.

50% del poder de voto en decisiones

Tras el informe de Jorge Lanata en Periodismo para Todos acerca del conflicto de intereses en que incurriría Mario Quintana por su rol en Farmacity -denunciado por diversos medios desde 2016-, el vicejefe de Gabinete fue a darle explicaciones al periodista del Grupo Clarín, en las que confirmó que conserva casi el 50% del poder de voto en las decisiones de la cadena de farmacias y que tiene alrededor de USD 15 millones en acciones que, "si Dios quiere", venderá "en los próximos 30 días".

Quintana justificó no haber aclarado ante los organismos de control que aún conservaba casi el 50 por ciento del derecho a voto en la empresa al afirmar que Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, nunca le había requerido esa trascendental información.

"En mis declaraciones ante la Oficina Anticorrupción se presentó toda mi verdad en todos los elementos que la declaración pide. La declaración es un formulario. Esto (el derecho a voto) no consta porque no está pedido", dijo el funcionario en declaraciones a radio Mitre.

Según Quintana, esa situación "no cambia en nada" su "realidad jurídica ni la cuestión de incompatibilidad" y afirmó, sin documentación, que no ejerce esos derechos de votos porque se lo cedió a sus socios en la compañía. "Yo no pido un acto de fe, yo vengo y digo una verdad. Está en cada uno creer o no", exclamó.

"Todo lo que he hecho ha sido cumpliendo con la ley y sin deshonrar en lo más mínimo el mandato de no robar y no mentir", se defendió el funcionario ante los cuestionamientos por un eventual conflicto de intereses, en cita directa a dos leyes del Talmud.