“Se mueve mucha plata con la prohibición y la clandestinidad del trabajo sexual”
Por Manuel Izraelson
AGENCIA PACO URONDO (APU): ¿Cuáles son las demandas de las organizaciones vinculadas a RedTraSex?
Elena Reynaga (ER): Fundamentalmente el reconocimiento al trabajo sexual y de una vez por todas separar lo que es la trata del trabajo sexual autónomo. Ahí se pone todo el esfuerzo ya que la ilegalidad genera mucha discriminación y explotación. Para dar un ejemplo, en Panamá hay una compañera detenida hace dos meses por el mero hecho de ser inmigrante, pobre y haberle dado positivo el análisis de VIH. En Panamá hay una ordenanza que establece la deportación para inmigrantes que posean enfermedades consideradas, desde su punto de vista, un riesgo para el resto de la población. Estamos luchando para que eso no ocurra y en breve tendremos una reunión con la primera dama de Panamá. En ese país ya van aproximadamente 100 chicas que fueron víctimas de la misma discriminación.
APU: ¿Cuál sería el análisis de la situación a nivel local?
ER: Aquí es de suma urgencia la derogación de todos los códigos contravencionales, aún hay 17 provincias que los utilizan. Si bien la normativa nacional no prohíbe el trabajo sexual, hay códigos en las provincias que hablan de “la buena moral y las costumbres”, que funcionan como elementos que justifican la detención de compañeras por parte de la policía, que actúa como juez y parte. Por eso una de las principales demandas es la derogación de aquellos artículos. Luego de que se apruebe la ley de aborto, las compañeras de AMMAR van a presentar una ley para el reconocimiento del trabajo sexual.
APU: ¿Por qué afirman que la reforma de la Ley de Trata del 2008 eliminó la posibilidad de consentimiento para ejercer el trabajo sexual?
ER: Con la excusa de que hay trata se cerraron muchos lugares de trabajo. Nosotras no negamos que haya establecimientos en donde haya trata de personas, pero no ocurre en todos los lugares. Con esa excusa se han cerrado lugares que se organizaban cooperativamente, inclusive hay compañeras procesadas. Como el trabajo sexual no está reconocido la cooperativa tampoco puede estarlo, y las compañeras que firman los contratos de alquileres o se hacen responsables terminan siendo acusadas de trata de personas.
APU: ¿Piensa que la modificación de la ley avanzó sobre las redes de trata?
ER: Para nada. Cuando vos cercás nuestro sector, más avanzan las redes de trata. No sé si no lo quieren entender o no lo quieren hacer, porque si se reconociera el trabajo sexual le metés la mano en el bolsillo a muchos. Las personas que son parte de las redes de trata tienen mucho poder político y no son desconocidos. Pero no somos kamikazes, no queremos que nos peguen un tiro en la nuca, ya nos ha pasado con Sandra Cabrera en el 2004. En el año 1998 logramos la derogación de los edictos policiales y las trabajadoras sexuales de la Ciudad de Buenos Aires dejamos de pagar coima a la policía para que nos deje trabajar, eso les hizo un agujero en su caja. Cuando salga una ley que reconozca el trabajo sexual pasará lo mismo, se mueve mucha plata con la prohibición y la clandestinidad.
APU: ¿Hay una mayor estigmatización hacia las chicas trans?
ER: Las compañeras sufren mucho más la discriminación. Las leyes son muy importantes porque te dan herramientas para denunciar, pero la cultura machista y transfóbica de las fuerzas de seguridad no la cambias con una ley. Hay un trabajo paralelo que las organizaciones hacemos, de sensibilizar y concientizar a las fuerzas de seguridad, medios de comunicación y al personal de salud.
APU: Desde AMMAR han adherido a la despenalización del aborto. ¿Cuál es el diálogo que tienen con las organizaciones feministas?
ER: Con los feminismos, porque no hay un solo feminismo. Nosotras somos feministas y por muchos años fuimos a los encuentros de mujeres y fuimos muy agredidas, aún hoy. Lamentablemente el feminismo abolicionista termina ejerciendo una violencia contra la que lucha, reproduce aspectos del patriarcado. La violencia que denuncian la utilizan en contra nuestra, porque cuando se invisibiliza la palabra también se ejerce violencia. Parece que los cuerpos de las trabajadoras sexuales pertenecen a ellas, ya que deciden qué es trabajo y qué no lo es. Desde mi experiencia militante en distintos países de la región, puedo ver que el feminismo abolicionista de Argentina es más violento que en otros lugares.
Nosotras articulamos con distintas organizaciones feministas de la región, con algunas nos ponemos de acuerdo y con otras no, pero no nos acusan de proxenetas. Parece que creen que algunas mujeres no somos lo suficientemente inteligentes para decidir lo que queremos hacer. No hubiésemos podido organizarnos en 14 países de la región si fuera así. Nosotras queremos debatir ideas y un sector del feminismo no nos deja, y eso también es reproducir el patriarcado.
APU: ¿Cómo afecta la situación económica del país al sector?
ER: Muy mal. Aquellas que se pueden apropiar de las redes sociales tienen ventaja. Pero para las compañeras de Constitución, del barrio de Flores y de Once es más difícil, ahí se ve la crisis de verdad. Una trabajadora sexual puede ser madre y jefa de hogar, es la que lleva el mango a la casa. Es muy duro. Aparte, ¿a dónde vas a ir a reclamar? En nuestra sede de Constitución, desde el esfuerzo de algunas compañeras, se está repartiendo mercadería y en la provincia de Mendoza repartimos frazadas para el frío. La organización trata de conseguir recursos para intentar palear un poco la situación.