El Gobierno cambió la ley de satélites y perjudicó al ARSAT

El Gobierno de Mauricio Macri realizó modificaciones, a través de un DNU, en la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27.078, sancionada en noviembre del 2015, que perjudicarán al ARSAT. Hasta el momento la empresa estatal tenía preferencia. Sin embargo a partir del nuevo decreto la gestión macrista ofrecerá una serie de frecuencias a la compañía privada: “Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT”. De esta manera, el Gobierno modificó la ley de satélites para favorecer a operadores "públicos o privados". Hasta ahora, la empresa estatal AR-SAT tenía preferencia.

A partir de la nuevas modificaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a AR-SAT "las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines". Según el Gobierno esto podrá "generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles".  

Además, desde Cambiemos fundamentaron que "resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el Estado Nacional ponga a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en la Ley 27.208, reservadas con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT, de manera de promover su utilización para la prestación de los Servicios de Comunicaciones Móviles".

Asimismo, justificaron la medida a través del DNU por "la urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes" ya que "esperar el trámite legislativo habitual irrogaría un importante retraso que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida".

En este marco, el Diputado Nacional del FPV PJ e integrante de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Rodrigo Rodríguez, sostuvo ante la prensa que "el decreto de Macri y el desguace de ARSAT confirma su desprecio por el patrimonio público, la renuncia a la soberanía satelital y su vocación permanente por garantizar la rentabilidad empresaria por sobre los derechos de la ciudadanía".

Además, añadió: "Entregar el espectro, un recurso estratégico de las telecomunicaciones, en un marco de híper concentración y un Estado desentendido de la regulación y el control será absolutamente perjudicial para los consumidores". Por último, consideró que "la protección mediática de la que goza el gobierno de Macri se nutre de decretos como éste que consolidan la transferencia de recursos públicos a manos privadas". Respecto de los pasos a seguir, el Diputado afirmó estar evaluando medidas judiciales, aunque destacó que " la Comisión Bicameral de seguimiento de los DNU del Congreso debería tratarlo rápidamente y dictaminar su rechazo".