Respuesta a Gerardo Morales: "Predomina la visión oligárquica de considerar la adopción como entrega de un premio"

Por Maria Elena Naddeo*

La adopción de niños en Argentina tiene una larga historia de irregularidades, muchas veces denunciada tanto en sede civil como en la penal. Después de fuertes debates en la reforma de la década del 90 y en normas posteriores hoy consagradas por el Código Civil se ha establecido un riguroso sistema de inscripción de postulantes en el Registro Unificado de Adoptantes (RUA) el cual funciona en el Ministerio de Justicia de la Nación y tiene organismos equivalentes en cada una de las provincias argentinas. 

Cada postulante o pareja de postulantes, debe inscribirse y ser debidamente evaluada por un equipo interdisciplinario en el organismo sito en su localidad de vivienda y, una vez aprobado, pasa a integrar el Registro único por estricto orden de inscripción.  

Los jueces civiles solicitan las carpetas de los postulantes priorizando obviamente las que sean cercanas al domicilio donde se tramita la guarda. Solo en casos excepcionales se recurre a postulantes de otras jurisdicciones y en muy contadas ocasiones y con debido fundamento la justicia civil puede establecer otro procedimiento.  

En las palabras del Gobernador Morales, anunciando la existencia de “una familia importante ofrecida a concretar la adopción” y cuando señala más recientemente que quien realizó el pedido es la familia del fiscal Stornelli, se expresa en principio una fuerte intención de transgredir la legislación consagrada en el Código Civil. 

En lo profundo predomina la visión oligárquica y conservadora de considerar la adopción como entrega de un premio o de un objeto, y a valorar la “importancia de la familia” de acuerdo con un código de valores poco ajustado a derecho. 

Denunciamos entonces que el Gobernador Morales incurre en incumplimiento de deberes de funcionario público porque es su obligación conocer la legislación en materia de derecho de familia, y nos asombra por lo menos que el fiscal Stornelli – cuyo domicilio desconocemos, pero creemos que no es en Jujuy – desvalorice y se disponga a incumplir los circuitos del Registro Único de adoptantes que son ley obligada para el conjunto de la ciudadanía. 

Mas allá de las múltiples demoras y obstáculos que se presentan en los procedimientos de guarda, y del horroroso tratamiento y la vulneración de derechos de la niña de 12 años embarazada por una violación en la provincia de Jujuy, cuestionamos profundamente las palabras y declaraciones de los funcionarios públicos que utilizan un doble estándar en sus acciones personales y su gestión política. 

Doble estándar que puede definirse como Impunidad en materia del derecho de familia. Otros antecedentes denunciados en la provincia jujeña y oportunamente señalados en la prensa local y nacional permiten visualizar un modus operandi en materia de adopción, caracterizado por privilegiar la entrega de niños a quienes se considera pertenecientes a “familias importantes”, en el decir del cuestionado gobernador. – 

*Copresidenta de la Asamblea Permanente por los derechos humanos e integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala