Se conocerá la sentencia para cuatro policías cómplices de trata de personas

Por Malena Ambas y Julia Pascolini

Este lunes 13 de mayo los Tribunales Orales en lo Criminal N°20 darán a conocer el veredicto de la causa en la que está siendo investigada la cúpula de la Comisaría N° 38 de Flores por proteger y encubrir a tres prostíbulos de la zona. En este marco, la Fiscalía General solicitó condenas de entre 1 año y medio y 3 de prisión para cada uno e inhabilitación total para los cuatro imputados como coautores del delito de “encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y por no denunciar la perpetración de un delito que debían perseguir penalmente”. Se trata del comisario Roberto A. Cabrini, de los subcomisarios Jorge Durán y Alfredo O. Martínez, y del subinspector Sergio D. Rodríguez de la Policía Federal.

El juicio comenzó en marzo de este año, ocho años después del mega operativo en el que se allanaron 47 prostíbulos entre los que se encontraban los tres investigados, Doly's, Fama y Envidia. La licenciada Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, hizo mención al respecto de esto en su testimonio y dijo que la investigación había sido iniciada en el marco de la posible existencia del delito de trata de personas. A pesar de la prescripción de la causa en la que estaban imputados el dueño y encargados de Doly’s, el juicio pudo avanzar y se ofrecieron 35 declaraciones de testigos.

En la última audiencia la auxiliar fiscal, Priscila Eisenchlas, explicitó en varias ocasiones que en los tres locales se ejercía la explotación sexual de las mujeres. Además remarcó el vínculo estrecho que existía entre los funcionarios públicos acusados y los dueños de los diferentes locales investigados. Ésto, según publicó Fiscales.gob.ar, se tradujo en la cantidad de llamadas que existieron entre unos y otros en los momentos previos y posteriores a los allanamientos sucedidos entre 2008 y 2011. 

Por otro lado, se hizo referencia a la declaración de uno de los mozos de Doly’s, quienes aseguraron que las mujeres realizaban los denominados “pases” en un domicilio lindante y que un 50% del valor de los mismos era para el dueño del boliche, que era el responsable de pagarles al finalizar la noche. Según el testigo, ese porcentaje podía reducirse si las chicas se demoraban más de la cuenta e inclusive podían no pagarles si así lo consideraban los “regenteadores”.

Además, la auxiliar fiscal remarcó la existencia de actas falsificadas por parte de los funcionarios en las que era utilizada la firma de vecinos que habían realizado algún trámite en la Comisaría N° 38. Las pericias determinaron que dichas firmas no pertenecían a los testigos/vecinos sino que eran falsificaciones.

Por su parte el fiscal Carlos Gamallo explicó que lo que se le demanda a cualquier comisario es el conocimiento neto de su jurisdicción, por lo cual, y siendo que los propios acusados dijeron ser conocedores de la existencia de los cabarets, sus actuaciones pueden ser juzgadas en el carácter de coautoría. El hecho de saber que en los locales habían personas extranjeras indocumentadas o en situación de vulnerabilidad y no volcarlo en las actas como “anomalías” o “novedades”, lo reafirma. Además, según sostuvo Fiscales.gob.ar,  “adulteraron documentos públicos y ‘se tomaron el trabajo’ de inventar la presencia de personas en determinados procedimientos y falsificaron la firma de Cabrini para que funcionara como una falsa constancia de los operativos. ‘Se inventaron documentos de vecinos que decían que en los boliches no había inconvenientes’”.

El representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “son todos coautores ya que todos tenían un deber común y cada uno hizo su aporte. Se trata de un delito muy grave ya que su rol  principal era el de prevenir el delito” y señaló que todas las maniobras mencionadas durante el alegato tenían como fin encubrir investigaciones para el beneficio personal de los dueños de los locales nocturnos.

Recordamos que en 2011 allanaron Doly’s, un prostíbulo conformado por tres domicilios utilizados para la explotación sexual de mujeres (spa, bar y un último destinado a la realización de pases “vip”). El local funcionó desde 2006 hasta 2011. En 2012, la Protex especializada solicitó la elevación a juicio del principal imputado, el verdadero dueño del prostíbulo y de dos de sus encargados. A partir de ese momento comenzaron las peripecias judiciales que desencadenaron la disposición en 2016 de la extinción de la acción penal por prescripción por parte del Juzgado Nacional en lo Correccional n°3.