"Las fuerzas de seguridad no están para matar, sino para proteger a los ciudadanos"
Foto: Daniela Amdan
En un acto virtual, la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky, y el diputado nacional e integrante de ambas comisiones, Leonardo Grosso, presentaron el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia Institucional.
De la videoconferencia también participaron Diputados Nacionales, tanto del Frente de Todos como de otros bloques, legisladores de la Ciudad, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, el miembro de la CIDH, Eugenio Zaffaroni, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigos, miembros del poder ejecutivo, referentes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, familiares y abogados de víctimas de la violencia institucional.
Durante la charla, la Diputada Nacional Paula Penacca señaló: "El respeto a los derechos humanos es uno de los consensos más grandes que tenemos como sociedad. Este proyecto de Ley tiene por objetivo transformar ese consenso en una política de Estado y que el accionar de las fuerzas policiales no dependa del temperamento del funcionario de turno" y agregó que "desde el Bloque del Frente de Todos y otros bloques hemos elaborado colectivamente este proyecto durante todo el último año. Esperamos el acompañamiento de las distintas fuerzas políticas y de la sociedad en su conjunto".
Por su parte, Hugo Yasky, otro de los autores del proyecto, mencionó: "Con este proyecto buscamos revertir parte de los efectos del discurso del odio que naturaliza tanto la represión a la protesta social como la criminalización de la pobreza que se intenta mostrar en algunos medios como atributo de autoridad. También aspiramos a terminar con esa doble vara de los portavoces del autoritarismo que promueve la asimetría con que actúan las fuerzas de seguridad según el color de piel de quien eventualmente ejerce su derecho al reclamo. Es necesario incorporar a la formación de las fuerzas de seguridad materias vinculadas a los derechos humanos y de la ciudadanía y, en definitiva, contribuir a su creciente profesionalización".
El otro autor del proyecto, Leonardo Grosso, remarcó que: "Esta Ley viene a plantear un reconocimiento público y político del problema de la violencia institucional, que no es una bandera coyuntural ni un elemento para tirar dentro de la "grieta". Venimos a hacernos cargo de que existe, no tenemos doble vara. Es por eso que necesitamos abrir una discusión seria para solucionar esta deuda de la democracia, que se lleva la vida de argentinos y argentinas"
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, también se manifestó a favor de la iniciativa del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: "Nosotros como proyecto político creemos que las instituciones policiales necesitan políticas concretas contra la violencia institucional. Cuando hay reglas y normativas claras, es muy difícil que las fuerzas puedan correrse de eso, independientemente de la conducción política de turno".
En relación a uno de los puntos centrales del proyecto que tiene que ver con la creación del Registro Nacional de Violencia Institucional, María Laura Garrigos, interventora del Servicio Penitenciario Federal, señaló: “Sin visibilizar lo que es la violencia no vamos a avanzar hacia una sociedad libre de violencias. El mayor hallazgo es la creación de este registro que no solamente va a hacer que se puedan identificar aquellos hechos que deben ser sancionados sino que también va a servir para prevenir. Le toca a los gobiernos civiles establecer protocolos o formas de trabajar ante las fuerzas de seguridad para evitar estos casos. Es por este camino que vamos a lograr el mayor de los avances”.
Por su parte, Miriam Medina, del colectivo Madres en Lucha, remarcó: “Queremos una política distinta, que las fuerzas de seguridad sean formadas en derechos humanos. Hemos aprendido a partir del dolor pero ese dolor lo transformamos en lucha. Celebramos esta posibilidad de tener una ley, que tiene que tener en claro que las fuerzas de seguridad no están para matar sino para proteger la vida de los ciudadanos".
Según señala el texto del proyecto, el propósito es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.
La letra de la iniciativa también indica pautas concretas de acción frente a las denuncias con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz; asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
