“El sistema público de salud animal no puede ser manejado por el lobby veterinario”

Por Estefanía Cendón

AGENCIA PACO URONDO: Existe una resolución de marzo de este año firmada por el Ministerio de Agroindustria y el Colegio de Veterinarios que habla sobre la reglamentación de los móviles para las esterilizaciones masivas. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta resolución?

María Antúnez: El Estado hace esterilizaciones a cuenta gotas en los Zoonosis y en móviles que salen a los barrios. No cumplimentan con un número que cause impacto poblacional. Por otra parte las organizaciones intermedias, como ONGS, hacen campañas de castración en forma paliativa al poco número que se realiza estatalmente. En cualquier área de salud lo que se persigue es la prevención. Para llegar a esto hay que iniciar campañas o acciones en el menor tiempo posible y con la mayor intensidad. Si esto se extiende en el tiempo no resulta teniendo en cuenta que el objetivo es lograr un equilibrio poblacional y el control saludable.

Frente a este panorama la resolución no es positiva ya que lo que persigue es cercenar los servicios de esterilización que hacen los municipios y a su vez las organizaciones intermedias. Lo que busca es la forma legal de que no puedan salir a hacer esterilizaciones a los barrios, especialmente los barrios más precarios en donde al haber más animales se vuelve imprescindible. Es así que el Colegio de Veterinarios de los distintos distritos se ha reunido con los directores de los distintos Zoonosis para notificarlos personalmente de esta resolución. Les dan a entender de que si salen lo están haciendo de forma ilegal porque no están cumpliendo con la habilitaciones.

APU: Entonces la resolución lejos de incrementar el número de esterilizaciones gratuitas de caninos y felinos limita el accionar de quienes actualmente realizan esterilizaciones.

MA: Estaría prohibiendo la salida de los móviles. Ni siquiera disminuyendo, prohibiendo. Esta resolución está por encima de la Ley 3.789, ley provincial que habla de la esterilización quirúrgica masiva y gratuita por parte de los Zoonosis para conseguir el equilibrio poblacional. Una resolución arbitraria, entre dos partes, firmada sin ningún tipo de consenso de las partes interesadas. A partir de esta resolución todos los quirófanos móviles, estatales y de ONGS/privados, quedan inhabilitados porque ellos crean reglas de habilitación que ningún móvil lo tiene. Esto hace que sólo se pueda castrar en el espacio físico de los Zoonosis, no ya en los móviles. Una ley es algo nuevo, teniendo en cuenta cuál es el objeto se establecen periodos de adaptación para que esa ley sea cumplida. Esta resolución no contempla un tiempo de adaptación, inmediatamente quedás en situación de ilegalidad.

APU: ¿Qué análisis puede hacer sobre la posición del Colegio de Veterinarios?

MA: El Colegio tiene una oposición histórica con los municipios para cercenar todo lo que sea servicio público gratuito para los animales. Ellos entienden que es una competencia desleal con su trabajo privado. Lo que es inentendible porque, por ejemplo, tenemos educación pública y privada y lo mismo sucede con la salud. No se comprende por qué los animales deben estar cautivos de la atención privada. Los colegios veterinarios, entendidos como corporación, siempre están oponiéndose al servicio público no de una forma total, sino delimitando los servicios. No deberían ser referentes para el diseño de políticas públicas animales ya que existe un interés económico. Los veterinarios se han formado para la salud animal, para curar, no se formaron para crear políticas públicas.

APU: ¿Podría mencionar algún caso, a modo de ejemplo, en donde quede en evidencia esto que afirma?

MA: Hace más de 10 años tuvimos una experiencia en Ayacucho en donde presentamos al Municipio un Programa de Control Ético Poblacional. Tuvimos la oposición de las cuatro veterinarias que había en el pueblo, sostenían que si el estado brindaba el servicio ellos se quedaban sin trabajo. Considero que hay prioridades sobre la salud que el Estado debe contemplar a las mayorías y no priorizar el interés de un sector privado. Hubo una decisión política de llevar adelante el Programa de Control Ético Poblacional a través de la esterilización quirúrgica, gratuita, brindada por el Estado. Al año de iniciado este programa había ocho veterinarias, o sea que se duplicaron. Esto demuestra que lo que se pueda hacer desde el Estado no es una competencia desleal para su actividad privada: el 80% de la población que se va a atender a un espacio público jamás pasaría por el umbral de un privado, por una cuestión económica. El animal toma valor a partir de algún servicio del Estado, valor se traduce en lo básico que el Estado debe brindar: castración, desparasitación interna y externa (sarna es lo común) y vacunación antirrábica. Si el Estado cumple con esto no está haciendo complejidad, no hacen radiografías o ecografías por ejemplo. El animal al tomar valor a partir de un servicio del Estado será más longevo, esos años en los que viva será atendido en una veterinaria privada. Esta discusión se remonta a la década del 70 en donde se discutía si la vacuna antirrábica debía ser gratuita o no, hoy seguimos teniendo la misma discusión con los Colegios de Veterinarios.

APU: Mediante su ejemplo confirma que los Colegios de Veterinarios no ven la asistencia del Estado como un complemento, sino como competencia desleal. Al extenderse la vida de animal va a requerir de otras atenciones y cuidados que, como no son prestados por el Estado, quedarán en manos privadas.

MA: Sí. En Ayacucho, un lugar pequeño, se pudo ver esto. Había cuatro veterinarias discutiendo y una vez implementado el programa al año había ocho veterinarias. Definitivamente desde los gobiernos el sistema público de salud animal no puede ser manejado por el lobby veterinario. Ya sabemos el resultante de esto: millones de perros y gatos en la calle.

APU: Existe un proyecto de ley en la ciudad de Buenos Aires que fue criticado por transformar el maltrato animal, considerado un delito, en una contravención.

MA: Este proyecto fue presentado por el diputado Daniel Presti en la Comisión de Justicia. Nos opusimos en la primera reunión de comisión porque creemos que se está dando una contradicción: desde la cámara de Diputados se está tratando de trabajar la elevación de las penas por la ley 14.346 de Protección Animal y la nueva tipificación de figuras de maltrato animal como los casos de zoofilia y abandono. La ley 14.346 es una buena herramienta, pero su creación data de 1954 y está desactualizada.

El proyecto busca contemplar ciertos vacíos de la ley 14.346, pero no es correcto que esos vacíos sean transformados en una contravención. Hoy se ha logrado un reconocimiento de los animales como seres sintientes, sujetos de derecho, inclusive como personas no humanas. En este sentido no se puede en la Ciudad bajar algunas tipificaciones a contravención. Contravención es una reventa de entradas, por ejemplo, el maltrato de un animal no es igual a una reventa de entradas… Estamos cosificando a los animales de esta forma.

APU: Sería un retroceso también porque en Capital Federal en 2018 se dio un incremento del 57% en las denuncias por maltrato animal con respecto al 2017. La gente está tomando consciencia de esta problemática.

MA: Totalmente de acuerdo. Desde la Fundación por los Derechos de los Animales no Humanos (FUNDANH) nos presentamos como querellantes ante causas de maltrato animal, frente a la burocracia judicial nos cuesta un montón conseguir allanamientos y cómo rescatar a los animales existiendo una ley penal (la ley 14.346). ¿Imaginás cómo sería si fuese una contravención?, no lo conseguimos más.