Golpe en Bolivia: Grupo de Puebla solicitó la intervención de la CIDH

Tras el golpe de Estado al presidente Evo Morales y la persecución a miembros y funcionarios de dicho gobierno, el Grupo Puebla puso en acción su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD). Este se encuentra integrado también por el juez español Baltasar Garzón y el argentino Damián Loreti. Dicho consejo le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga en Bolivia.

La CLAJUD tiene por finalidad estudiar y combatir la utilización del Poder Judicial como arma de guerra política. En busca de ese objetivo y ante la grave situación que enfrenta Bolivia, solicitaron la intervención de la CIDH de manera urgente. También denunciaron que no solo el gobierno inconstitucional actual busca proscribir la participación de Evo Morales y su partido en las próximas elecciones, sino que piden que se termine con las detenciones ilegales.

Ante la alerta sobre la posible proscripción en futuras elecciones de Evo Morales y los miembros de su partido, se presentó un documento de la CLAJUD: “Es manifiesta la intención de impedir que estos ex mandatarios puedan concurrir a las nuevas elecciones que se articulen en el país”. Si dicha proscripción se daría un quiebre en la continuidad democrática y se vulneraría el derecho de los votantes del MAS, señala el documento.

“No queremos que a Evo le pase lo mismo que a Lula”, dijo Loreti, abogado y docente de la UBA, a Página 12. “A Lula lo excluyeron del proceso electoral sin que haya sentencia firme, eso no puede ocurrir en Bolivia”, sostuvo y agregó: “Velamos por la continuidad democrática en el marco de unos comicios plurales en el que la participación pasiva y activa de los ciudadanos esté garantizada, y para que el presidente Evo Morales, y sus correligionarios políticos, puedan concurrir a las próximas elecciones en el ejercicio de su derecho al sufragio pasivo”.

 El Consejo denunció la persecución y el riego de integridad física que viven los miembros del partido de Evo Morales desde antes que se desate el golpe de Estado el domingo pasado. “Se encuentran en estos momentos bajo una persecución ilegal y con ensañamiento que pone en serio riesgo su vida e integridad física, tanto como su libertad personal. La gravedad, urgencia e irreparabilidad de esta situación justifican la procedencia y el otorgamiento de las medidas cautelares aquí pretendidas”, sostuvo el Consejo.

Desde la renuncia de Evo Morales a la presidencia fueron saqueadas y quemadas las casas de algunos ex ministros y funcionarios, lo que tuvo como consecuencia el pedido de asilo en la Embajada de México. Allí permanecen desde hace días el ex ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; ministro de Defensa, Javier Zabaleta; y ministro de Minería, César Navarro.

El Grupo de Puebla denunció las detenciones arbitrarias e ilegales de dos miembros de Tribunal Supremo Electoral (TSF). Se trata de María Choque Quispe, presidenta del TSF y de Antonio Iván Costas. Además, el Consejo denunció las detenciones irregulares llevadas a cabo a ciudadanos. “Tenemos referencias de que en Santa Cruz de la Sierra se hacen detenciones "ciudadanas" en las calles, y los entregan a la policía, en ese momento los acusan de todo tipo de delitos y sin ninguna garantía a los afectados”, informó el CLAJUD. Tampoco en esos casos se resguardaron los derechos procesales y la defensa en juicio.