“El mensaje que deja la Masacre de Trelew es la importancia de la unidad del campo popular”

Por Álvaro Erices

Manuel J. Gaggero se autodefine como alguien que durante toda su vida ha sido esencialmente un militante popular que dio sus primeros pasos en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Paraná en 1954 y luego en la resistencia del peronismo cuando se fue a estudiar Derecho a Santa Fe. En esta entrevista con AGENCIA PACO URONDO, Gaggero realiza un recorrido por su derrotero militante. En 1961 tomó contacto con los fundadores de la izquierda peronista Alicia Eguren y John William Cooke para viajar a Cuba en donde a sus 21 años tuvo la posibilidad de conocer y compartir charlas con el comandante Ernesto Guevara, desde ahí formó parte del peronismo revolucionario.

Hasta 1973 desarrolló su militancia en el Frente Revolucionario Peronista (FRP) que junto al PRT-ERP conformó el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). A partir de 1974 decide ingresar a la organización revolucionaria PRT-ERP ante la disyuntiva de exiliarse o pasar a la clandestinidad luego de los asesinatos de los dirigentes Silvio Frondizi y Alfredo “Cuqui” Curutchet a manos de la Triple A. Optó, en un primer momento, por lo segundo.

Por tal motivo, le tocó dirigir la mítica revista militante Nuevo Hombre y también estuvo al frente de diario El Mundo. Formó parte del grupo de abogados del PRT y se dedicó a establecer relaciones con diversos dirigentes del espectro político. Además, de realizar gestiones para que tanto Raúl Alfonsín como Oscar Alende se entrevistaran con Mario Roberto Santucho.

Se fue al exilio por orden del PRT el 31 de diciembre de 1976. Pasó por México, después fue a España y sus hijos lo siguieron en febrero de 1977. Se quedé ahí un tiempo muy corto y luego viajó a Cuba porque estaba muy mal de salud y sus compañeros decidieron internarlo en la isla durante siete meses. En 1978 volvió a México y en 1979 su grupo, encabezado por el dirigente Enrique Gorriarán Merlo, decidió participar de la guerra revolucionaria en Nicaragua, por lo que en diciembre de ese año viajó para trabajar como asesor del ministro de Justicia nicaragüense y dar una mano en la construcción del nuevo Estado revolucionario sandinista hasta 1984, año de su retorno a la Argentina.

Al analizar lo que considera una característica principal de la militancia de los sesentas y setentas, asevera: “Lo que planteó nuestra generación es una disputa del poder en serio. En los procesos electorales del siglo XX lo que se disputaba era la administración del poder, pero no el poder en sí. Quienes tienen el poder están por encima de los que administran o gobiernan. Los que tienen el poder son las clases dominantes, el sector financiero, las multinacionales, el imperialismo”.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué se encontraba haciendo en los días previos a la fuga del penal de Rawson?

Manuel J. Gaggero: Las organizaciones revolucionarias tenían gran parte de su dirigencia presa. Por un lado, los presos empiezan a organizar la fuga de Rawson y, por otro lado, el grupo de abogados que trabajábamos en la defensa de presos políticos comenzamos a organizar un Congreso de Abogados Defensores de Presos Políticos en Buenos Aires del cual fui secretario. El Congreso se inició el 14 y la fuga el 15 de agosto de 1972.

APU: ¿Qué hizo al recibir la noticia de que solo algunos militantes revolucionarios pudieron tomar el avión a Chile?

MJG: Cuando recibimos la noticia de que había compañeros que habían salido exitosamente con dirección a Chile y que habían quedado otros en el aeropuerto, que fue el caso de los que terminan masacrados en Trelew, decidimos enviar abogados a ambos lugares. Por un lado, Eduardo Luís Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, Rodolfo Mattarollo y Vicente Zito Lema, viajaron a Rawson a ver la situación de los presos y, por otro lado, Luis Cerruti Costa, Gustavo Roca y Andrés “El Gallego” López Acotto viajaron a Chile para conversar con el gobierno de Salvador Allende para que les diera asilo político a los compañeros.

APU: ¿Dónde militaba al momento de la Masacre de Trelew?

MJG: A principios de los setenta yo pertenecía a un grupo peronista revolucionario independiente con el que habíamos tenido relación con John William Cooke hasta su fallecimiento. Teníamos vínculos orgánicos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con los que hacíamos algunas operaciones en la Ciudad. Y también tenía en ese momento relación orgánica con el ERP porque mi hermana Susana fue militante del PRT desde los años sesenta y yo los conocía a todos, como a Rubén Pedro “El Indio” Bonnet, que cayó en la Masacre de Trelew y era un amigo de toda la vida.

APU: ¿Por qué los militantes que no llegaron a abordar el avión que los llevaría a Chile se entregaron de forma pacífica en el aeropuerto?

MJG: Cuando los compañeros deciden rendirse en el aeropuerto lo que estaban pensando era que lo más importante es preservar la vida y que no tenían ninguna posibilidad de victoria por estar absolutamente rodeados por fuerzas numéricamente y, desde el punto de vista del fuego, absolutamente superiores. Y no solo convocan al juez. Hay dos abogados que tienen un papel central y que son Mario Abel Maya, que después fue diputado radical, e Hipólito Solari Yrigoyen, también diputado y senador radical. Ambos grandes amigos. A Maya lo secuestran y muere en la cárcel e Hipólito, por suerte, logró salir y se fue al exilio, después volvió y está vivo todavía.

APU: En la conferencia de prensa que realizaron luego de horas de ser sitiados se vislumbran distintos enfoques en los discursos de Mariano Pujadas (Montoneros), Rubén Pedro Bonnet (ERP) y María Antonia Berger (FAR) ¿Podría explicarnos las diferencias entre cada postura? 

MJG: Montoneros tenía una mirada diferente porque estaba adentro del movimiento peronista y planteaba ir a elecciones. El ERP estaba en desacuerdo, aunque los dos coincidieron en que no debían bajar la actividad revolucionaria en las revoluciones armadas pese al llamado del Gran Acuerdo Nacional de Lanusse.

APU: ¿Qué planteaba el ERP específicamente?

MJG: El ERP no tenía una propuesta frente a la salida electoral. Lo que pensaba era que había que rechazar el Gran Acuerdo Nacional, que había que imponer otras condiciones para la celebración de las elecciones, ya que eran proscriptivas. Santucho, Gorriarán Merlo y Menna todavía tenían que definir el camino a seguir.

APU: ¿Y las FAR adhería a la postura de Montoneros? 

MJG: En ese momento, nuestro grupo estaba muy vinculado a las FAR porque realizábamos operaciones conjuntas en Paraná, con el paso del tiempo fueron adquiriendo una posición igual a la de Montoneros porque terminaron fusionándose en 1973.

APU: ¿Cuál es el abordaje respecto de la Masacre de Trelew que utilizó para uno de los capítulos de tu libro “Un paseo por las utopías revolucionarias” publicado por Editorial de la Comarca? 

MJG: Primero analicé el contexto. Entre junio y julio de 1972 se produjo el anuncio del Gran Acuerdo Nacional (GAN) de Lanusse, el llamado a elecciones para 1973 y, por otro lado, un aumento de la violencia represiva contra las organizaciones revolucionarias y algunas victorias del campo popular como fue la elección en Córdoba de la seccional del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), donde triunfó Rene “El Negro” Salamanca, lista opositora a la conducción de la burocracia y la ratificación de Raimundo Ongaro como secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense.

APU: ¿Fue un prólogo del Terrorismo de Estado lo ocurrido aquel 22 de agosto de 1972?

MJG: Trelew fue la primera manifestación concreta de lo que después sería una política sistemática: el terrorismo de Estado. Fue la primera vez que el Estado se comprometía en una ejecución de esa envergadura porque, además, fue decidida por los altos mandos. Hermes Quijada, jefe de la Armada, fue el responsable de esto. O sea que no fue un ataque de locura de un capitán, como se lo quiso presentar, sino que fue una decisión del Estado. Trelew fue el comienzo de lo que pasó en 1976.

APU: ¿Qué opinión le merece el hecho de que el capitán Sosa resultara impune durante tanto tiempo?

MJG: Luis Emilio Sosa fue un ejecutor de lo decidido por Hermes Quijada y la dictadura. Hay muchos casos de genocidas que han escapado, que han estado prófugos y que no han aparecido durante décadas. Por ejemplo, el caso de Jorge Vildoza, que estaba en la ESMA y aparece como “muerto” en Sudáfrica, que tampoco se sabe si es cierto, o el caso de Agustín Feced, jefe de la policía de Rosario, que asesinó a mi cuñado, que también figura muerto en Asunción y que tampoco se ha corroborado si murió realmente. Acá el Estado aplicó la omertá* y determinados acuerdos que no se pueden violar. 

APU: Desde la década de los noventa fue abogado de las familias de Mario Santucho y Benito Urteaga. ¿Cómo lograron reconstruir las acciones al momento de sus asesinatos?  

MJG: Cuando empecé a representar a los familiares de Santucho y Urteaga para buscar sus restos en los años en que todavía estaban las leyes de impunidad vigentes, pudimos reconstruir cómo habían caído los dos porque tuvimos la colaboración de Víctor Ibáñez que era sargento de talabartería y que fue el que condujo la ambulancia que lo llevó a Santucho herido y a Urteaga muerto a la unidad militar de Campo de Mayo. Desde ahí reconstruimos todo.

APU: ¿Por qué no han podido hasta el día de hoy encontrar sus restos o al menos saber qué pasó con ellos?

MJG: Nos encontramos claramente con una omertá, o sea con un acuerdo secreto de los jefes militares que no estaban dispuestos a violar. No había presiones del Estado. Recuerdo que en esa oportunidad Nilda Garré que era la ministra de Defensa, me llamó porque Néstor Kirchner había sacado una disposición presidencial diciendo que se debían ubicar los restos de Santucho y Urteaga, lo cual no tuvo ningún efecto porque si no articulás los mecanismos de poder para eso, todo lo que se haga es un canto a la bandera, como decían en mi pueblo.

APU: ¿Qué habló con Nilda Garré? 

MJG: Cuando hablé con Garré le dije, bueno, tenés que llamar al Comandante en Jefe del Ejército y, hablando mal y pronto, ponerle los huevos en una morsa, apretárselos, y decirles que digan qué pasó con los restos. Por supuesto que no lo hizo ni lo va a hacer ni lo hizo ninguno después tampoco. Está claro que la política de ocultamiento tiene ciertos códigos; cualquiera sea la corporación política que esté en el gobierno tiene que aceptar esos códigos. Y entre esos códigos está esto: el silencio. ¿Qué pasó con esos restos? Nunca se sabrá pese a todo el esfuerzo que hicimos. Es un expediente judicial que tiene siete u ocho cuerpos, que tiene más de cinco mil fojas, declararon desde Videla para abajo y para arriba, todos, pero hasta ahora no logramos nada.

APU: ¿Pero no le parece importante que Néstor Kirchner haya tenido la decisión política de esclarecer este tema?  

MJG: Yo creo que no es un problema del kirchnerismo. Yo creo que el problema es que hay ciertos códigos para quien administra el Estado y que nos los puede violentar. Tiene que ver con el poder. Y como vos sos solamente administrador hay cosas que no podés modificar. Esa causa a mí me demuestra cómo es la historia.

APU: ¿Qué significado tiene para usted la Masacre de Trelew ante el actual contexto histórico y político de la Argentina?

MJG: El mensaje de la Masacre de Trelew es de unidad del campo popular, de unidad del campo revolucionario, de unidad en la diversidad. Las organizaciones revolucionarias que participaron de la fuga: Montoneros, el ERP y las FAR, tienen en los caídos su expresión unitaria. Ahí murieron compañeros y compañeras de las tres organizaciones. Cualquier gesta es posible si hay unidad, si hay respeto a las diferencias, si hay debate razonable. Ese es el camino hacia un futuro mejor. 

*Código de honor que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas. Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de mafia donde un testigo o una de las personas incriminadas prefiere permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables.