Reforma Judicial: el aporte de trabajadoras y trabajadores sociales
Por Silvana Martínez*
La Cuestión Judicial es fundamentalmente una cuestión de derechos, y más apropiadamente, de vigencia del Estado de Derecho y esta cuestión es precisamente el fundamento más profundo del Trabajo Social como profesión que tiene como Principios Fundamentales en Argentina la defensa y reivindicación de los Derechos Humanos, la Justicia Social, el ejercicio efectivo de la Ciudadanía y la plena vigencia de la Democracia como forma de gobierno y forma de vida. Estos principios están establecidos por la Ley de Orden Público Nº 27.072 denominada Ley Federal de Trabajo Social, sancionada precisamente por el Congreso de la Nación un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y también Día Nacional del Trabajador/a Social en Argentina.
La Cuestión Judicial no atañe solamente ni es privativo de abogados y abogadas. Es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad y a todas las disciplinas de las Ciencias Sociales. Es una cuestión transdisciplinaria y por tanto también atañe e involucra al Trabajo Social, no solamente como profesión de las Ciencias Sociales sino por las competencias que tiene como tal. Precisamente, lo que hace el Trabajo Social en todas sus intervenciones es generar las condiciones para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer real y efectivamente sus derechos. En este sentido, es una profesión que siempre busca reivindicar, abogar, reparar, restituir y ampliar derechos, además de denunciar e intervenir en situaciones de violación de estos derechos.
La Cuestión Judicial siempre impacta en el mundo de la vida y la vida cotidiana de los sujetos sociales donde precisamente está presente e interviene el Trabajo Social. El mundo de la vida es el espacio compartido de significaciones sociales, de experiencias compartidas con otros, de construcción de subjetividad e intersubjetividad. Es el espacio de la memoria, de las vivencias y de la existencia misma. Este mundo se va construyendo en la vida que transcurre todos los días, es decir en la vida cotidiana y es aquí donde se sufren y se padecen las injusticias y las desigualdades sociales, el abuso de poder, la ausencia de justicia y la imposibilidad material de poder ejercer derechos.
En la Cuestión Judicial se condensa el orden social patriarcal-capitalista-colonial. Este orden, construido sobre múltiples opresiones y violencias, profundiza y perpetúa la dominación y las desigualdades sociales. Desde este orden se encubren los privilegios, se garantiza la impunidad de los ricos y poderosos y se culpabiliza y condena a los pobres, las mujeres, las comunidades indígenas, las disidencias sexuales y la clase trabajadora. Desde este orden se defienden los derechos de las grandes corporaciones transnacionales y se ignoran o desprecian los derechos de los sectores populares y de los pueblos originarios. Cientos de sentencias, prácticas judiciales y publicaciones dan cuenta de esto.
El Trabajo Social también da cuenta de esto, porque conoce el padecimiento subjetivo que implica vivir sin justicia o como paria en su propia tierra por el solo hecho de ser pobre, mujer, negro/a, inmigrante, indígena, discapacitado/a, trans o travesti. Las cárceles argentinas también dan cuenta de esto. Muchos genocidas gozan de prisión domiciliaria. Los que endeudaron al país, arrasaron la economía, destruyeron fuentes de trabajo, evadieron impuestos, lavaron dinero y fugaron capitales, no están en las cárceles, están libres, y muchos de ellos paseando por Europa o Estados Unidos. La Cuestión Judicial es en definitiva una cuestión social: una cuestión de construcción y reproducción del orden social.
Para poder llevar a cabo una transformación estructural en esta cuestión, es imprescindible una mirada democrática, republicana, transdisciplinaria, descolonial, feminista y de derechos humanos, en todos los niveles, fueros y jurisdicciones de la Justicia. Además de cambios en la organización y competencia de la Justicia Federal, que ya de por sí constituye un avance significativo, estamos ante una oportunidad histórica para avanzar en otros cambios más profundos y sustantivos: los imaginarios, valores, creencias y discursos; las prácticas y procedimientos judiciales; la publicidad y transparencia de los actos; la formación de jueces y juezas, magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias judiciales y la evaluación del desempeño como cualquier funcionaria o funcionario público que tiene que dar cuentas de sus actos en un régimen republicano y democrático.
El Trabajo Social en este sentido tiene mucho que decir y aportar en el debate público de la Cuestión Judicial, desde su propia experiencia de intervención social, desde una mirada holística, desde un enfoque de interseccionalidad de género(s)-racialidad-clase-sexualidad y desde una perspectiva emancipadora transdisciplinaria. Por su producción de conocimientos, formación y trayectoria profesional, muchos Trabajadores y Trabajadoras Sociales pueden y deberían ser convocados/as para integrar equipos de trabajo o comisiones asesoras. Esta incorporación podría marcar la diferencia, en términos de acercar y poner la Justicia al servicio del Pueblo.
* Presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Doctora en Ciencias Sociales. Licenciada y Magíster en Trabajo Social. Docente investigadora Categoría I UNMDP.