8 años del asesinato de Omar Cigarán: no hay justicia para los pobres

Por Diego Moneta | Fotos: Colectivo Sado

El 15 de febrero de 2013 el agente de la Policía Bonaerense Diego Walter Flores asesinó a Omar Cigarán, de 17 años, en las calles 122 y 43 del barrio Hipódromo de La Plata. Según declaraciones de la familia, el joven era hostigado desde hace años por integrantes de la Comisaría Segunda, a pesar de haberlo denunciado en varias oportunidades. “Si no entregás al guacho, mañana lo tenés muerto” fue la última amenaza que recibió Sandra Gómez, madre de Omar, durante un allanamiento en su casa el día anterior a los hechos. 

El oficial volvía al barrio tras una jornada de trabajo en una dependencia de Quilmes. Según su versión, observó cómo Omar intentaba robarle la moto a otro efectivo de civil y justificó su accionar alegando que el joven iba armado. Flores nunca fue pasado a disponibilidad y sigue ejerciendo funciones. La sospecha sobre los hechos previos, contemporáneos y posteriores motivó la aprobación de un pedido de informe del Concejo Deliberante al Ministerio de Seguridad sobre la actuación de los efectivos. 

La causa estuvo plagada de irregularidades: entre otras, toda la instrucción estuvo a cargo de la misma institución policial; el cuerpo de Omar fue llevado a la morgue, con el médico policial Marcelo Menzulo, antes que a la Asesoría Pericial, como suele suceder; las imágenes de las cámaras de seguridad se entregaron tras un año; cinco horas después del hecho se expuso que Cigarán llevaba un arma en los genitales, sin que la fiscal haya ordenado la obtención de muestras que lo vincularan con la misma.  

Debido a tantas irregularidades, la fiscal Ana Medina, actuante en la mayoría de los casos de violencia institucional de la ciudad, se apartó de la causa, no sin antes absolver a Flores por considerar que había actuado en legítima defensa durante una supuesta situación de robo. La lucha de la familia, constituida como particular damnificado, logró la elevación a juicio oral por parte del Juez de Garantías Fernando Mateos. Medina también fue fiscal en la causa por la muerte de Sebastián Nicora, en la investigación por encubrimiento del asesinato de la maestra jardinera Marisol Oyhanar y en las denuncias por abusos contra Eduardo Lorenzo, ex Capellán General del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

El 11 de abril de 2017 el Tribunal Criminal N°4 de La Plata, integrado por Emir Alfredo Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni y Julio Germán Alegre, por decisión mayoritaria, absolvió al oficial Flores. La sentencia fue apelada por los abogados y abogadas de la familia, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y Pedro Auzmendi y Sofía Ballesteros, del Colectivo de Abogados/as populares La Ciega. El cuestionamiento principal pasaba por las contradicciones de los testigos Susana Palacios y Leandro Junquera que afirmaron, luego de cuatro años, haber visto a Omar con un arma en su poder, cuando antes no habían podido asegurarlo. Sin embargo, el fallo fue confirmado por la sala V del Tribunal de Casación Penal en febrero de 2018, sin atender a la mayoría de los planteos de la querella. 

Finalmente, el pasado 27 de julio la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso de queja presentado. Los jueces Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Sergio Torres y Daniel Soria rechazaron por improcedente la medida, por considerar que se había hecho fuera de término ante Casación, sin tener en cuenta la gravedad del caso en cuestión. De esa manera, se avaló la impunidad policial. El titular de la comisaría Carlos Gandolfi siguió escalando posiciones y hoy está denunciado por la aparición de 36 sobres con 154 mil pesos de la recaudación ilegal en la Departamental La Plata. Sandra, la madre de Omar, se cruzó en la calle con el oficial Flores el 5 de noviembre de 2020.

Desde el Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata, que nació de la organización a partir del caso de Omar, realizarán una jornada antirrepresiva el sábado 20 de febrero de 14 a 20 horas en la plaza de diagonal 80 y 115, con el acompañamiento de familiares de otras víctimas y de diversos artistas. AGENCIA PACO URONDO dialogó con María del Carmen Verdú, quien fuera abogada querellante en el caso.  

Agencia Paco Urondo: ¿Cuáles son algunas de las irregularidades que señalaron durante estos años? ¿Cómo evalúa la actuación de la fiscal Medina por parte del Ministerio Público?

MCV: El caso estuvo plagado de irregularidades. Tanto la fiscalía que instruyó como el tribunal le dieron crédito a libro cerrado a la versión policial, aún contra evidencias muy concretas que probamos en el debate. El oficial Flores fue absuelto con el argumento de que se tuvo que defender de un ataque armado, cuando lo acreditado es que recién cuando desvistieron el cuerpo de Omar en la morgue le encontraron, escondida dentro del calzoncillo, un arma que además no funcionaba bien. Ni siquiera cuando el médico revisó el cuerpo en el lugar del hecho la notó. Es imposible que la estuviera esgrimiendo cuando recibió los disparos policiales y ya muerto la escondiera debajo del pantalón y el calzoncillo.

La absolución de Flores estuvo determinada desde el inicio. Jamás fue detenido; el levantamiento de rastros lo hizo la propia Policía Bonaerense, cuando es obligación legal de los fiscales apartar inmediatamente a la fuerza a la que pertenece el imputado; el resguardo del cuerpo, en el que tan convenientemente apareció luego el arma, también fue hecho por la policía, que sólo llevó el cuerpo a la morgue de la asesoría pericial muchas horas después.

APU: ¿Qué reflexión puede hacerse a ocho años del caso?

MCV: Omar, como todos los pibes del barrio, sufría hostigamiento diario por parte de las fuerzas de seguridad, y de eso dieron cuenta muchos testigos. Llegamos a un juicio oral sin fiscal, porque la Dra. Medina no formuló requisitoria de elevación a juicio, sino que propició el sobreseimiento del policía. Sin la madre constituida como parte ni siquiera se hubiera llegado al debate oral. 

Mientras la madre no tuvo apoyo alguno del Ministerio Público Fiscal, al asesino lo defendieron institucionalmente abogados del Ministerio de Seguridad. Algo recurrente tanto a nivel provincial como nacional y en la Ciudad, y que ratifica que el gatillo fácil es política de estado, ya que esos cuerpos de abogados actúan como defensores particulares sólo en causas en las que el uniformado está imputado por hechos relativos al debido servicio.