15 años del gatillo fácil de Roberto Agüero: el lento accionar del Poder Judicial
Por Diego Moneta
El caso de Roberto Agüero, del cual se cumplen 15 años, es uno de los más recordados en la provincia de La Rioja en materia de violencia institucional. La madrugada del 12 de marzo de 2006 fue asesinado de tres disparos efectuados por el entonces policía Juan Eduardo Tello, quien se desempeñaba como agente de la Dirección de Investigaciones. Los hechos sucedieron en la puerta del prostíbulo El Desafío, donde estuvo secuestrada Marita Verón.
Tello se encontraba intimando con su novia, Deolinda de la Colina, en el interior de un automóvil Fiat Uno, sobre una calle paralela a la Ruta Nacional 38 en la zona sur de la ciudad capital de La Rioja. Roberto Agüero y Matías Acevedo se dirigían a un local bailable y, ante la advertencia de la acompañante, el oficial disparó con su arma reglamentaria en dirección hacia atrás sin mirar. Luego descendió del vehículo y continuó disparando varias veces. Agüero recibió tres impactos de bala y falleció mientras era llevado al hospital.
La defensa de Tello sostuvo que se defendió porque pensaba que iba a ser asaltado, lo que jamás pudo ser probado. Las pericias en la investigación fueron realizadas por la misma fuerza, a pesar de estar comprometida. En la escena se halló una pistola, que no estaba apta para disparar, y una vaina que no coincidía con el arma. Había sido plantada debajo del cuerpo del joven Agüero. Varios testigos observaron a Acevedo correr y al automóvil en el que estaba la pareja salir rápidamente marcha atrás.
Ante el mencionado escenario, en 2008 la Cámara Penal de La Rioja condenó al policía a 15 años de prisión por homicidio simple. La sentencia fue apelada por la defensa del acusado, por la hipótesis del intento de robo, y también por la fiscalía, que pretendía una condena a perpetua por homicidio calificado. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia provincial (TSJ), que ordenó un nuevo juicio con magistrados que no hayan intervenido en la causa. En 2010 ese tribunal especial, compuesto por integrantes que no pertenecían al fuero penal, consideró que Tello había actuado con exceso de legítima defensa y redujo su pena a cinco años, además de inhabilitarlo para ocupar cargos públicos y ordenarle pagar una indemnización a la familia del joven.
Con esa sentencia, por el tiempo que ya había pasado detenido, el oficial Tello quedó en libertad. Sara Cansiani, madre de Agüero e integrante de Madres del Dolor, organizó una marcha en forma de protesta esa misma noche. Los fiscales Gustavo Manuel Zalazar y Hugo Montivero recurrieron al TSJ y fue anulada nuevamente. Así mismo, también se ordenaba realizar otro nuevo proceso judicial.
En septiembre de 2015, el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional condenó a Juan Eduardo Tello a la pena de 17 años de prisión efectiva, lo solicitado por la fiscalía, a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. A su vez, decidió iniciar otra investigación por presunto falso testimonio de Deolinda Colina y por presunto abandono de persona de Matías Acevedo, el compañero de Agüero esa noche. Sin embargo, la sentencia debía quedar firme y la defensa de Tello presentó un recurso de casación para revocarla, por lo que continuaba estando en libertad.
La decisión volvería a estar, en dos nuevas instancias, en el TSJ. Primero, un año más tarde revalidaría el fallo de la Cámara. Luego, en marzo de 2017, denegaría el recurso extraordinario presentado por la defensa de Tello, por lo que se ordenó su inmediata detención y traslado. Hasta ese momento, sólo había cumplido alrededor de cinco años en prisión. En paralelo, la familia de Agüero presentó una acción civil contra el Estado provincial por ser “empleador del oficial y titular del arma reglamentaria”. Para ese entonces, once años ya habían transcurrido desde el asesinato de Roberto Agüero.