Escándalo judicial: el armador de la mesa judicial macrista habló 59 veces con Rosenkrantz

Por Juan Cruz Guido

Ayer, 18 de marzo, la jueza federal María Servini de Cubría citó a declarar a indagatoria a Fabián Rodríguez Simón, el polémico asesor judicial de Mauricio Macri, en una causa por asociación ilícita, vinculada a las presiones que recibió el Grupo Indalo durante el gobierno de Macri. El llamado se sustenta en un informe que recibió la jueza de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO). Allí se analizaron las 10.738 llamadas que recibió y realizó Rodríguez Simón durante 3 años y medio (entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019). 

La defensa del asesor de Macri intentó por todos los medios impedir esa pericia, argumentando que las llamadas tenían que ver con el rol que cumplió durante todos esos años. Aunque hay que destacar que por más que era conocida la amistad que lo unía con el ex presidente, jamás ocupó un cargo claro y menos para realizar las gestiones “institucionales” que comienzan a desprenderse de este expediente. 

El objeto procesal de la causa que lleva adelante Servini está vinculado a distintas amenazas que sufrió el Grupo Indalo, en particular por la línea editorial de su canal de noticias C5N. Que luego del triunfo de Macri en el 2015, y ante la negativa de su dueño de plegarse al oficialismo, fue perseguido, según denuncia el propio De Sousa, con varios mecanismos, que inclusive incluyeron el espionaje ilegal, como se desprende del expediente que tramita en Lomas de Zamora. Allí también trascendió que una vez detenidos, tanto Cristóbal López como Fabián De Sousa, eran monitoreados y espiados en el penal de Ezeiza. 

Este expediente en particular analiza las gestiones que realizó Fabián Rodríguez Simón para articular la persecución mediática, fiscal y judicial a las empresas del grupo. De ahí que el foco central de la investigación son las llamadas que mantuvo Rodríguez Simón con Alberto Abad, el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que impulsó desde el organismo una denuncia por evasión tributaria a Oil Combustibles, empresa central en la economía del Grupo Indalo, y a Leandro Cuccioli, su sucesor en la AFIP. También incluye el análisis del rol de la Unidad de Información Financiera, querellante en gran parte de las causas de “corrupción” que eran menester para la política judicial de Mauricio Macri. Esas conversaciones existieron y son en gran medida las que complican a Rodríguez Simón de cara a la indagatoria. Además de contactos con Ignacio Rosner, el supuesto comprador que iba a tener C5N, cuando ya sus dueños estaban presos en Ezeiza. Todo este andamiaje, ahora sustentado por aceitadas conversaciones telefónicas, es el que motiva la indagatoria. 

De todas maneras, el escándalo judicial y político más grande no tiene que ver con el objeto procesal de esta investigación. Del registro telefónico requerido por la jueza federal surge una enorme particularidad. Durante ese periodo, el operador judicial de Macri dialogó 59 veces con Carlos Rosenkrantz (actual presidente de la Corte Suprema de Justicia) entre 2016 y 2018. La primera “explicación” que intentaron esgrimir desde el entorno del supremo es que existe una relación personal previa. Excusa que rememora mucho a la también esgrimida por el camarista de Casación, Gustavo Hornos, al conocerse sus visitas a la Casa Rosada, previo a resoluciones de su tribunal de alto voltaje político. Pero más allá del escándalo que implica que el ya juez (2016) de la Corte dialogara con un asesor informal del presidente Macri, sindicado además como el armador de la mesa judicial que digitaba la política judicial macrista, las conversaciones revelan una polémica aun mayor. Las llamadas se dan durante el periodo 2016-2018 que justamente coincide con el “golpe interno” que Rosenkrantz promovió, apoyo por el oficialismo de turno, contra Ricardo Lorenzetti dentro del máximo tribunal para hacerse de la presidencia del mismo. Hecho que finalmente sucedió el 11 de septiembre de 2018. Desde AGENCIA PACO URONDO describimos en su momento como se había gestado está interna, en la que el oficialismo jugó todas sus cartas para lograr que Rosenkrantz le arrebatará la presidencia a Lorenzetti, en quién el gobierno de Macri no confiaba. De hecho, hasta hoy Rosenkrantz sigue siendo el presidente del máximo tribunal y por lo tanto conserva la potestad de decidir que temas se tratan, el gran poder que otorga la presidencia. 

Todas estas revelaciones darán pie a una investigación paralela sobre el rol de Rodríguez Simón en la Corte y en la intervención en el Poder Judicial en general. Cabe destacar que fue él quien le acercó en su momento el polémico nombramiento por decreto de los jueces de la Corte Suprema (Rosenkrantz y Rosatti), que ante las criticas Macri tuvo que suspender y enviar ambos pliegos al Senado. Las pruebas ponen en jaque no solo al macrismo, sino también al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.