Persecución universitaria en Córdoba: estudiantes procesados por luchar por la educación pública

Por Diego Moneta / Fotos Coberturas colaborativas Asamblea interfacultades UNC  

En 2018 un gran colectivo de docentes, no-docentes y alumnos de todo el país se movilizó reclamando mayor presupuesto para la educación pública, en un contexto de ajuste y de recortes, en especial en materia de salarios, que llevaba a cabo la gestión del expresidente Mauricio Macri. Las 57 universidades nacionales se paralizaron, hubo cientas de clases públicas en distintos puntos de nuestro territorio y decenas de edificios públicos fueron tomados.   

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue uno de los centros de las protestas, pero la respuesta de las autoridades fue la criminalización con desalojos y jóvenes judicializados. Cabe recordar que uno de los reclamos era la finalización del convenio que la casa de estudios mantiene con la Policía Provincial. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Córdoba elaboraron un dossier informativo para difundir cómo se desarrollaron los hechos y denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad. En Jujuy y Río Negro se dieron procesos similares. Finalmente, a un mes de la ocupación, la toma se levantó antes del cumplimiento del oficio ordenado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había dictado liberar el edificio, identificar a los presentes e incomunicarlos.  

El recorrido judicial inició el 28 de agosto de 2018, durante la toma del Pabellón Argentina, cuando se notificó ante el mencionado juez que la institución se encontraba ocupada. Las imputaciones comenzaron, una vez que la medida de protesta se había levantado, bajo el delito de “usurpación por despojo” y acusaban a 29 estudiantes como coautores. El 26 de junio de 2019 el Juzgado Federal N°3 dictó el procesamiento de 27 de ellos, quienes habían firmado un “acta de compromiso” de diálogo con las autoridades, a excepción de dos que fueron identificados a partir de su exposición en medios de comunicación.   

Pero, ¿quién facilitó esa lista? Pedro Ramón Yanzi Ferreira, vicerrector de la UNC que notificó al Poder Judicial. Incluso, notas periodísticas fueron tomadas como pruebas en el expediente. Vaca Narvaja desestimó el derecho a la protesta por considerarlo “excesivo” y cuestionó la representatividad de los imputados en relación “al universo estudiantil”. La defensa argumenta que pidieron autorizaciones para que ciertas personas pudieran ingresar, que no están probados los daños o amenazas que les adjudican y que la representatividad no es un requisito necesario para protestar.   

A pesar de constatar la entrega de las instalaciones en correcto estado, Vaca Narvaja dio curso legal a la causa. Además, el fiscal Maximiliano Hairabedián solicitó la elevación a juicio oral y pidió embargos de hasta 50 mil pesos. Ante ello, desde la Facultad de Filosofía y Humanidades impulsaron una campaña para apoyar a los perseguidos, a la que se sumaron otras dependencias de la UNC. Durante el mes de mayo, pleno aislamiento por  coronavirus, el Juzgado intimó para que argumentaran contra la postura del fiscal. El 10 de septiembre la Cámara Federal de Córdoba rechazó sus planteos de nulidad.  

Más allá de las penas, que podrían ir de seis meses a tres años, por lo que es excarcelable, el proceso plantea un precedente para conflictos venideros y habilita a que el Poder Judicial intervenga dentro de las instituciones públicas con un claro interés de criminalizar la protesta y violar la autonomía universitaria. Para colmo, en la provincia que conquistó la Reforma de 1918. En este contexto, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Belén Schaab, una de las estudiantes procesadas.   

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo inician judicialmente los hechos?   

Belén Schaab: El día que se toma el pabellón ya había seis Facultades ocupadas en la UNC. Desde mayo venía un proceso de movilización y denuncia, en total ausencia y silencio de las autoridades universitarias. El primer acercamiento es del vicerrector Yanzi Ferreira con la apertura de la causa penal, hasta ese momento sin personas identificadas. 24 días después se consiguió una mesa de trabajo entre estudiantes, decanos/as y el Vicerrector, pero ninguna de nuestras demandas fue escuchada. Únicamente se utilizó para obtener nombres y apellidos y entregarlos a la justicia federal, dando curso legal.   

Nunca se establece identificación o reconocimiento del grado de participación que tuvo cada estudiante en los supuestos hechos, negando a su vez durante todo el proceso las pruebas que presentamos. Buscan criminalizar la protesta, desconociendo reclamos por el derecho a la educación superior, al trabajo, al salario digno y a la libre expresión.  

APU: ¿Cómo analiza la situación en un nivel más general?  

BS: En 2018 se criminalizó a estudiantes y docentes en distintas provincias. Una de ellas fue Rio Negro, donde al estudiantado se lo desalojó con un mega-operativo de Gendarmería sin resolver ninguna demanda. Las causas que se abren allí y en la UNC comparten la carátula de usurpación, y hemos detectado que judicialmente se mueven juntas. La de Río Negro está en proceso de elevación a juicio con posibilidad de condena de trece años de prisión. Estos avances escandalosos de la justicia como única respuesta del Estado tienen que encontrarnos movilizados, ya que atacan nuestras libertades más elementales como la protesta, único derecho constitucional que permite conquistar nuevos derechos.  

APU: ¿Cuál fue el rol de las autoridades universitarias y del resto de la comunidad, tanto docente como estudiantil?  

BS: Creo que el conflicto logró demarcar posturas y roles que tienen ciertos funcionarios y autoridades dentro y fuera de la universidad. Citar a una mesa de trabajo para obtener nombres y entregarlos al Poder Judicial habla de la capacidad de diálogo que se puede llegar a tener. Para explicar por qué persisten estos personajes hay que entender que son funcionales a políticas de ajuste que aplican los gobiernos contra el pueblo trabajador. 

Quedó expresado con la rebelión educativa de 2018, donde no sólo se denunció el ajuste al presupuesto universitario por parte del gobierno de Macri. Las numerosas reivindicaciones estudiantiles jamás fueron resueltas por las autoridades decanales ni rectorales. Se marcó el rol de las burocracias gremiales de los claustros docentes, no-docentes y estudiantiles, que buscaron desde un principio desmovilizar, no conseguir aumentos salariales, perseguir y criminalizar. Son responsables directa e indirectamente del ajuste y la represión. Por eso el Estado permite, fomenta y acomoda a estos personajes en lugares dentro del Poder Judicial y las Universidades.  

Particularmente Córdoba tiene una historia muy rica en cuanto a la capacidad para empujar y protagonizar luchas. Si algo nos dejó el Cordobazo es que, por más poderoso que sea quien gobierne y su capacidad monstruosa de represión, si hay un pueblo que toma consciencia, se organiza y lucha. No hay burocracia gremial, aparato represivo y políticas de ajuste que pueda contener la rebelión popular. Y si hay algo que reafirmó este conflicto, a 100 años de la Reforma Universitaria, es que los derechos se toman, no se mendigan.  

APU: ¿Cuáles fueron algunos de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad?  

BS: Hubo un hostigamiento constante los meses que duró el conflicto. En primera instancia, la fuerza provincial cazaba estudiantes para impedir su ingreso a asambleas. También estacionaron un Falcón verde frente a la puerta, que estuvo desde la primera hasta la última noche, con todo lo que eso significa. Se plantaron operativos de Gendarmería y brigadas antiexplosivo, por una supuesta amenaza de bomba, con la intención de desalojar. Hubo seguimiento por parte de “civiles” a compañeras hasta sus casas, patotas sindicales que tiraron gas pimienta y golpearon a quienes hacían el cordón de seguridad, personas escoltadas por la policía que a la madrugada rompían vidrios. Todo este hostigamiento lo tenemos grabado y fue presentado como prueba, pero ha sido descartado.  

Luego de las ocupaciones cayó una fuerte persecución dentro las facultades sobre estudiantes que habían participado del conflicto. El medio La voz del interior publicó la resolución del procesamiento con nuestras direcciones y a compañerxs les han marcado las casas. Hoy en día ya nada nos sorprende, ni siquiera el avance de esta justicia descompuesta que acelera nuestras causas y deja tantas otras sin acción.  

APU: Luego del rechazo de los planteos de nulidad, ¿qué sigue?  

BS: Aún queda un pedido de ampliación de indagatorias que presentó nuestra defensa, al cual se dio lugar pero no están fijadas las fechas. Las irregularidades en la causa vienen siendo bastante comunes. Cuando avanza, quienes se enteran primero son diarios reconocidos por su línea reaccionaria, antes que nuestras defensas. Todo responde a que siempre fue una causa política.  

Han pasado casi tres años de este conflicto que no termina, tanto por la crisis de desfinanciamiento educativo de la cual las universidades no pueden salir como por el avance de las causas contra estudiantes. Hemos realizado muchísimas actividades de agitación impulsadas desde la Asamblea Interfacultades de la UNC, el órgano que agrupa distintas carreras y centralizó los planes de lucha en 2018, tres marchas nacionales contra la criminalización y varios materiales que abren al diálogo el conflicto. Entre ellos, un micro-documental realizado por Enfant Terrible, medio cordobés autogestionado, y una muestra en el museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, donde hacemos, junto a un grupo de investigadores, una historización del movimiento estudiantil con sus caracterizaciones de lucha que puede verse de manera online. 

Actualmente estamos organizando la cuarta Marcha Nacional contra la criminalización de la protesta. Entendemos que la respuesta no la vamos a tener desde la justicia, si no en las calles. Hoy ante un contexto donde complejiza la actividad política, si la justicia avanza, nosotrxs también. Entendemos que la educación pública nos compete a todxs, por eso es necesario acercarse a las instancias de lucha y visibilizar esta causa, que busca sentar un grave precedente para futuros conflictos.