María de los Ángeles Sacnun: "La Justicia debe ser independiente del poder político y de los poderes fácticos del país"

Por Martín Massad

Entrevista a la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun sobre el cuestionado fallo de la Corte Suprema en torno a las clases presenciales en CABA. "Creo que es muy difícil gobernar con un poder judicial que se construye a sí mismo como parte de un ariete que conforman los medios más concentrados y los poderes fácticos", aseguró. 

Agencia Paco Urondo ¿Qué puede decirnos sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ciudad de Buenos Aires?

María de los Ángeles Sacnun: Hay que poner en eje la discusión. No se trata de debatir los términos jurídicos del fallo porque nos vamos a dejar llevar por cuestiones estrictamente jurídicas. No debemos escapar a la dimensión política de este tema, cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina tomando determinaciones que sobrepasan la órbita de decisiones que tiene que tomar en el ámbito de una república, donde debiera existir independencia del poder judicial. Y no sólo del poder político sino también de los poderes fácticos en la Argentina.

Me parece que hay que analizar el contexto en el que se da este fallo. En primer lugar, una pandemia. Por tanto una situación de absoluta excepcionalidad por la que está atravesando el mundo, no solamente Argentina. Y además de ello, lo que es menester señalar, es que frente a esta situación excepcionalísima no cabe duda de que corresponde al Estado de la Nación Argentina tomar las definiciones políticas, de manera tal de preservar la salud de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y en este sentido, el presidente de la Nación dicta el decreto de necesidad de urgencia que generó la sobreactuación de parte del Jefe del Gobierno Porteño. Porque a quien le habla Horacio Rodríguez Larreta es al núcleo duro de Cambiemos. Necesitaba sobreactuar algún tipo de confrontación con el Estado Nacional, y no eligió mejor manera de hacerlo que a través de este falso debate entre salud y educación.

Y digo falso debate porque de ninguna manera nosotros consideramos que no hay que sostener a la educación pública. De hecho, esto forma parte de nuestro ideario como proyecto político, el propio presupuesto nacional de este año que se elabora con la perspectiva del gobierno de Alberto Fernández aumenta exponencialmente sus recursos en materia de inversión educativa. Con lo cual, el debate de educación presencial o educación virtual, la verdad que no tiene ningún asidero. La Corte está fallando vía remota y dicen no conocer los parámetros para tomar definiciones en materia de salud pública. Si no lo conocen, deberían estar trabajando en sus puestos de trabajo, y de ninguna manera, estar dictando fallos vía remota.

APU: Este antecedente no es el primero donde la Justicia falla en favor de los poderes fácticos o de la oposición. ¿Se puede gobernar un país con la Justicia tomando decisiones con una inclinación política que va para un lado?

M.d.l.A.S: Es difícil. La Constitución de la Nación es sabia, plantea una división de poderes que, a su vez, distribuye atribuciones distintas a cada uno de los poderes. Acá, el poder judicial toma determinaciones invadiendo las zonas de otro poder. A nadie se les ocurre que los jueces sean quienes tienen que determinar cuáles son las políticas de Estado que hay que llevar adelante en la República Argentina. En todo caso, el control de constitucionalidad, el reparto de la administración de justicia, se realiza con posterioridad a los hechos, no se anticipa a ellos. No es la Justicia la que debe determinar cuál es el programa de gobierno, y cómo se debe encarar la situación de pandemia, en la que además, la República Argentina ingresó en una situación de emergencia sanitaria. Al asumir no teníamos Ministerio de Salud ni Ministerio de Ciencia y Tecnología, dos puntales esenciales para afrontar esta pandemia. El presidente, cuando asume en diciembre de 2019, sin todavía saber que se venía una pandemia, volvió a poner en el organigrama del Estado Nacional en el más alto nivel, tanto a la salud pública, como al sistema de ciencia y tecnología, y a su vez, apuntalar la educación pública.

Con lo cual, realmente creo que es muy difícil gobernar con un poder judicial que se construye a sí mismo como parte de un ariete que conforman los medios más concentrados y los poderes fácticos. Necesitan y requieren de ese poder judicial, para que cuando la soberanía popular elige gobiernos que no coinciden con esos poderes fácticos, hacen uso de uno de los poderes del Estado para imponer, por sobre la democracia de los votos, el proyecto de país que tienen en su cabeza. Un proyecto de país para muy pocos, que está vinculado a un modelo económico, un modelo cultural, que dista de incluir a las grandes mayorías.

APU: Hay una cuestión que falta definir por la Corte Suprema, que tiene que ver con devolver los fondos de la coparticipación que le había dado Mauricio Macri por el traspaso de la policía federal a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo piensa que la Corte va a tomar el caso y cómo lo va a definir?

M.d.l.A.S: Nosotros demostramos a lo largo de todo el debate parlamentario que, en realidad, hubo un desmanejo absoluto por parte de Mauricio Macri. A las dos semanas de haber asumido, tomó la decisión de aumentar unilateralmente de 1,40 a 3,70% el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos sabemos que para poder avanzar en esa materia se requiere la anuencia de todas las jurisdicciones de la República Argentina, pero lo hizo a través de un decreto. Cuando advirtieron el error que habían cometido, tuvieron que justificar ese aumento indiscriminado de recursos, con el traspaso de la policía. Y la verdad, una cosa es el traspaso de funciones, que se debe realizar estipulando claramente cuáles son los recursos que se requieren para poder afrontar, en este caso, la seguridad. Y otra cosa muy diferente, es el régimen de coparticipación federal a las provincias y a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre tomo el recaudo de hablar de jurisdicción y no de provincias porque sabemos que hay múltiples sectores que pretenden elevar al estatus de provincia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad no es una provincia, la propia Constitución Nacional la toma como una ciudad autónoma, como una ciudad que tiene un régimen diferente porque es allí donde está la sede del gobierno federal y porque además es la capital federal de la República Argentina.

Espero que no continúen generando una mayor tensión entre los poderes del Estado, que no se sigan arrogando facultades ejecutivas, que no se sigan arrogando facultades legislativas, como se arrogó la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El otro día, le pidió mediante un oficio al Senado de la Nación Argentina, que legisle de una manera determinada. Esto debilita muchísimo a la democracia real de nuestro país. Nosotros aspiramos a tener una mejor democracia, más participativa, donde se escuche la voz de las grandes mayorías. La verdad es que de esta manera, el poder judicial obtura lo que la ciudadanía elige a través del voto popular. Espero que podamos ir hacia un proyecto de más democratización en la República Argentina y que esto incluya a los tres poderes del Estado. Creo que el menos democrático de los tres, es el judicial, que sigue siendo el poder de los poderosos, solamente.

APU: El poder ejecutivo y el poder legislativo son votados ¿Qué pasa con el poder judicial que sigue siendo elitista, sigue siendo cerrado y sigue evadiendo impuestos, como el impuesto a las ganancias, que paga la mayoría de la población de nuestro país?

M.d.l.A.S: No quiero decir que todos son de la misma manera porque creo que hay excepciones. Hay jueces y juezas, fiscalas y fiscales, defensores y defensoras públicas, honorables. Pero la verdad, es que creo que hay que avanzar hacia la reforma del poder judicial, hacia la reforma del Ministerio Público. Es la única manera en la que podemos garantizar que los hijos del pueblo accedan a esos lugares. Cuando dialogo en reuniones de colegas o en encuentros universitarios, siempre digo que los jueces, los fiscales y defensores, debieran ser mucho más cercanos de lo que le pasa al pueblo argentino. Hay jueces que nunca han pisado el barro, no han estado en una calle de tierra, no conocen lo que pasa en el interior profundo del país, las asimetrías que existen en materia de redistribución del ingreso, lo que pasa con las economías regionales. Por eso decía, el otro día, que quien no ha viajado en un colectivo y no sabe lo que es el transporte público, es muy difícil que pueda fallar en favor de los interés de las grandes mayorías.

Es necesario que las universidades públicas, fundamentalmente, den la posibilidad de que todos aquellos que salen puedan representar, de alguna manera, los intereses populares al momento de administrar justicia. Me parece que es algo que todavía nos falta. Esto no quiere decir que no haya universidades privadas de las que no salgan profesionales probos y formados. Desde que recuperamos la democracia en el 83, se ha avanzado muchísimo en términos de calidad democrática aunque faltan muchísimas cuestiones por subsanar. Pero el poder judicial es el que ha sido más retardatario y el que más atrasa en la República Argentina.