La Corte Suprema le ordenó al máximo tribunal bonaerense buscar medidas de fondo para la situación en las cárceles

El día de ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que nunca se puso fin a las graves condiciones de detención, a partir de la sobrepoblación, que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, lo que lleva a la violacion de derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad. La resolución ordena a la Suprema Corte Bonaerense buscar soluciones de fondo para el problema estructural, tal como ya lo había planteado en 2005 en la sentencia conocida como “fallo Verbitsky”, en el que se habían dictado pautas para su implementación.

Además, definió que la detención en establecimientos policiales no resulta adecuada y que no corresponde rehabilitar aquellos que fueron clausurados. El planteo original fue presentado por un grupo de defensores y defensoras oficiales en 2014, a través de un habeas corpus colectivo, cuando el ministro de Seguridad de aquel entonces, Alejandro Granados, volvió a abrir calabozos de comisarías para alojar presos, expresamente prohibido por disposición del fallo de 2005. En los seis años que tardó la decisión, se produjo un aumento exponencial de las detenciones, tanto en cárceles como en comisarías. 

Según señala el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), promotor del reclamo que llevó al “fallo Verbitsky”, a partir de 2012 la cantidad de personas alojadas en comisarías aumentó un 426 por ciento y alcanzó un pico de 5661 en noviembre de 2020. El período en el que más se incrementó el número de detenciones en cárceles bonaerenses fue durante el gobierno de María Eugenia Vidal. La sobrepoblación supera más del 100 por ciento de su capacidad en la actualidad. 

El fallo también se enmarca en el contexto de la pandemia, tal como se había planteado los primeros meses del año pasado, y de una situación general que sobrepasa a la provincia de Buenos Aires. En septiembre del 2020, el presidente Alberto Fernández anunció el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Conurbano que, entre otras medidas, destina fondos al Ministerio de Justicia provincial para reformas en el servicio penitenciario. El Ministerio de Obras Públicas invertirá en la construcción, refacción y ampliación de unidades carcelarias y comisarías para crear doce unidades en un plazo de diez años.

El comunicado del CELS señala que la Suprema Corte provincial debe abordar el tema “sin que pueda alegar que se trata de cuestiones políticas en las cuales el sistema de justicia no tiene ninguna responsabilidad”. La bajada de la tasa de encarcelamientos y una salida a la crisis penitenciaria sólo será posible en el marco de una discusión conjunta de la mayor cantidad de sectores, entre los que se encuentran los tres poderes y las organizaciones sociales y de derechos humanos que se ocupan de las demandas.