Cuatro puntos para pensar la ineficiencia de la gestión sanitaria del PRO en la Ciudad

Por Matías Gallastegui* | Foto: Télam

La Ciudad de Buenos Aires se encamina a cumplir quince años bajo el proyecto neoliberal de la alianza Juntos por el Cambio encabezada por Macri y Larreta. Este extenso y sostenido caudal político le permitió a la derecha porteña rediseñar la Ciudad para beneficiar intereses corporativos en detrimento de quienes la habitamos. La especulación inmobiliaria crece al mismo ritmo que las personas en situación de calle, uno de cada cuatro porteños es pobre según datos de la Dirección de Estadística y Censos, hay cerca de 24 mil pibes y pibas sin vacantes en las escuelas, faltan viviendas y espacios verdes pero se perdieron 450 hectáreas de tierras públicas, por nombrar algunas de las problemáticas que repercuten directamente sobre la población. El sistema de salud es otro ejemplo claro de la lógica PRO, y se puede pensar de acuerdo a cuatro puntos claves.

El primer elemento es la entrega deliberada del centro de la escena sanitaria al subsector prepago/seguro. Esta jerarquización simbólica de lo privado desplazó el sentido de calidad y prestigio histórico del subsistema público porteño hacia el sector empresario, que hoy encabeza el “progreso sanitario”, mientras el subsector público es relegado a un rol auxiliar. La preponderancia del primero es la contracara del estancamiento del segundo, que vive una sostenida pauperización de sus recursos tecnológicos, humanos y de infraestructura. En un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria previo a la pandemia ya se evidenciaba el tamaño de la crisis: el promedio de camas disponibles en los hospitales de la Ciudad era de 7549,7. En 2017, tenía 563,7 camas menos, el equivalente al cierre de más de cinco hospitales. Como demostró la pandemia, menos camas es menor capacidad de respuesta a las necesidades de internación de la población.

La radiografía de la cobertura de salud en CABA da cuenta de esto. El 20% de las y los porteños se atiende exclusivamente en el sistema público de salud, el 50% utiliza obras sociales y PAMI. La atención privada concentra el 30% restante, pero con una particularidad: solo el 10% de esos usuarios eligen en primer término una prepaga, el otro 20% son derivaciones de aportes de su obra social a la medicina privada. Ahora, gracias al Decreto Nacional 438/2021 que firmó el presidente Alberto Fernández, toda persona que ingrese a una obra social tendrá que esperar al menos un año para derivar sus aportes.

¿Puede, mejor dicho, debe el subsector privado encabezar un proyecto sanitario que piense en todos y todas? La pandemia puso de relieve que por sí solo el sector privado es incapaz de dar respuesta a las demandas de salud de la población. Quedó claro que incluso los gigantes farmacéuticos con la tecnología más avanzada del mundo y cuantiosos recursos, necesitaron del apoyo de los Estados para poder desarrollar y solventar vacunas, proyectos de investigación, etc. Sobre todo, se cayó la creencia de que tener una prepaga era garantía de acceso y atención de calidad. Cuando la situación se tornó crítica, el que estuvo presente fue el Estado.

El segundo punto es consecuente con el primero. Si el sistema de salud funciona bien, eso se traduce en una mejora de los indicadores sanitarios. Sin embargo, el estancamiento del subsector público porteño nos llevó a una cronificación de sus inequidades: alta mortalidad infantil en el sur de la Ciudad, tercer distrito con mayor tasa de incidencia de tuberculosis de la Argentina, incapacidad para controlar brotes de enfermedades infectocontagiosas como sífilis, sarampión o dengue. Sin poder resolver sus problemas históricos, mucho menos está logrando crear accesibilidad para las personas con enfermedades crónicas no transmisibles o las oncológicas. Si el progreso es pensar un sistema de salud que se organice en función de los cuidados y los problemas de las personas, la Ciudad viene en sentido contrario.

El tercer punto es la mala gestión del recurso humano en salud, que junto a las formas de gestión presupuestaria, representan los elementos más contundentes de la ineficiencia de la gestión PRO a la hora de garantizar el derecho a la salud. La Ciudad tiene la fuerza laboral más potente de la Argentina, en cantidad y formación, y sin embargo esto no redunda en mejores indicadores sanitarios. Cuenta con 13 médicas y médicos cada 1000 habitantes, lo cual implica 3 y hasta 10 veces más que otras provincias de la Argentina. En este punto es donde la fragmentación, la falta de coordinación y la organización en torno a lo privado dan como resultado muchos trabajadores pero mal asignados para cumplir su objetivo máximo: cuidar a las personas.

Además, en un año donde se puso más que nunca de relieve la necesidad de “cuidar a quienes nos cuidan”, el Gobierno de la Ciudad actúa con el mismo patrón: a pesar de contar con recursos económicos decide recortar derechos, por ejemplo, al bloquear el ingreso a la carrera profesional a las enfermeras y enfermeros o al no reconocer a los promotores y promotoras de salud. Sin derechos para sus trabajadores, no hay derecho a la salud.

En cuarto y último lugar está el problema de la infraestructura sanitaria de la Ciudad. El segundo nivel de atención, los hospitales, es el que evidencia la decadencia de lo que supo ser un sistema modelo. El primer nivel de atención (CeSAC) no evidencia el progreso ni la prioridad que se prometió, y el resto de las instituciones sanitarias, como por ejemplo el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, asisten a su desmantelamiento. Todas estas situaciones son hijas de las mismas definiciones políticas: recortes y subejecuciones presupuestarias. Un dato para graficar: el peso del presupuesto de salud en el presupuesto total, comparando 2008 a 2021, cayó del 25% al 14.7%. Es decir un 10% de caída en la inversión en salud pública en la Ciudad desde la llegada del PRO.

Tenemos una tradición sanitaria de excelencia en la Ciudad que necesita de una gestión que recupere su potencia histórica y vuelva a poner en el centro lo público como elemento de progreso. Es indispensable recuperar la inversión en infraestructura, investigación y producción pública, cuidar a quienes nos cuidan y darle impulso a la necesaria integración del sistema sanitario. Tenemos que dejar atrás de una vez y para siempre las inequidades y fragmentaciones actuales, y garantizar el derecho a la salud para todos y todas.

*Médico Generalista. Docente Salud Pública UBA. Director de Hospital. Militante de El Hormiguero y Coordinador de la Escuela de Salud Comunitaria.