Embriones crioconservados: ¿decide el mercado o el Estado?

El llamado por parte de la Corte Suprema de una audiencia pública para resolver si una ex pareja podrá o no destruir sus embriones crioconservados en un laboratorio brinda la posibilidad de reflexionar sobre algunas cuestiones éticas y legales respecto a la reproducción y conservación de material genético.

Por empezar no creo que sea correcto considerar que es discusión saldada el descarte de embriones porque en el país ya existe una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Acá no busco entrar en la discusión de cuándo comienza la vida, sino diferenciar que cuando hablamos de aborto, se trata de una mujer decidiendo sobre su cuerpo y su deseo de ser madre. Y cuando decimos que está en juego eliminar embriones crioconservados, no sólo se pone sobre la mesa el deseo sino que entra un actor clave: el laboratorio, que además es una entidad privada. Por lo tanto, no creo que sea una cuestión de si hay vida o no, sino de quién tiene los derechos sobre ese material genético. 

Aquí es dónde se abren una serie de dilemas éticos y legales que como sociedad todavía no hemos dado. Muchas veces el avance técnico va a una velocidad mayor de la que social y legalmente podemos dar respuesta. El desarrollo tecnológico que permite la conservación de material genético y la reproducción con la intervención de la ciencia suele celebrarse y destacarse en sus aspectos positivos pero se dejan de lado los dilemas y conflictos que pueden traer. Preguntas nuevas que debemos hacernos y que definirán a las generaciones que vienen.

¿Cuál es el control que tiene, en este caso, esta ex pareja sobre su material genético? Realmente, habiendo una entidad privada de por medio y sin ningún tipo de regulación, ¿disponen de ese material libremente? En caso de decidir la destrucción de ese material, ¿quién les asegura que el laboratorio lo desecha?

Hace poco se conoció el caso de una pareja en San Isidro, que por un error de la clínica de fertilidad, tuvieron un hijo que no era de un embrión suyo. La pareja se había hecho un tratamiento de fertilización in vitro sin recurrir a la donación de óvulos ni de espermatozoides, pero por un error humano les colocaron material genético que no era de ellos. ¿Dónde está su embrión? ¿De quién es el niño o niña que acaba de nacer? ¿Cuál es el control y regulación que se aplica a este tipo de clínicas? 

Y si nunca se descubre dónde está ese embrión y no se puede determinar el origen de ese bebe que nació, ¿dónde queda el derecho a la identidad de estas infancias? O es que los bebés que nacen por este método, ya pensando en cuando hay un donante por ejemplo, ¿no tienen derecho a conocer su origen? ¿Se piensa en el derecho de esos niños y niñas que nacen de un error de laboratorio o de un donante anónimo? ¿O simplemente disfrutamos de jugar a ser Dios por un rato?

No se trata de mirar el avance de la ciencia como una amenaza para la humanidad pero tampoco caer en una mirada reduccionista dónde todo es progreso y mejora. Los avances merecen también que nos hagamos preguntas, preguntas que antes no podíamos hacernos porque esos dilemas éticos no existían, pero que resultan necesarias cuando lo que está en juego son las vidas de personas y en medio hay entidades privadas que gestionan sus propias normas y, que ya sabemos, ponen ante todo la ley del mercado por delante.