Cinco razones para no privatizar la ciencia
Argentina vive uno de sus peores momentos, con un futuro incierto. En las próximas elecciones nacionales se ponen en juego dos escenarios posibles, que sintetizan básicamente los dos grandes modelos de país hoy en disputa. Por un lado, un modelo neoliberal de derecha, basado en una economía primarizada. extractivista y financiarizada, con un rol mínimo del Estado y un posible gobierno dispuesto a arrasar con derechos y garantías, que ponen seriamente en riesgo el futuro democrático del país llevándolo a un abismo de violencia, muerte, empobrecimiento, pérdida de derechos y destrucción. En ese modelo de país la ciencia y la tecnología, como ya lo anunció Milei y lo demostró el macrismo, no son necesarias y están sujetas centralmente a demandas e intereses puntuales de una parte del sector privado. Y las leyes, instituciones y financiamiento que permiten su desarrollo pueden ser barridos de la noche a la mañana con un simple decreto, en algunos casos violando la legislación vigente.
Por otro lado, una alternativa caracterizada por un modelo de país centrado en la producción, donde el Estado juega un rol preponderante. Este escenario, expresado en Unión por la Patria, contiene diversas variantes. En todas ellas, la ciencia y la tecnología son valoradas como herramientas para el crecimiento y la resolución de las necesidades y problemas de la sociedad. En este marco se hace necesario, por un lado, defender el complejo científico tecnológico nacional de su posible desmantelamiento y, por el otro, profundizar y reorientar la política científico tecnológica hacia la resolución de los problemas y necesidades de nuestra sociedad.
A continuación, presentamos cinco razones por las que la ciencia y la tecnología deben estar bajo el control y financiamiento del Estado
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En el mundo actual la ciencia y la tecnología son herramientas imprescindibles para el desarrollo de un país. El conocimiento aporta valor agregado al crecimiento económico, transversalmente a todos los sectores (primario, industrial y servicios), y colabora con la resolución de problemas de la sociedad y el ambiente. Todas las potencias del mundo (Estados Unidos, Unión Europea, China, Japón, etc.) tienen poderosos sistemas públicos de ciencia, tecnología e innovación.
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La evidencia histórica de los países desarrollados y emergentes señala que fue el Estado, y no el mercado, el principal inversor detrás de los desarrollos científico-tecnológicos que produjeron las mayores innovaciones. La razón es que el Estado es el único capaz de realizar inversiones de riesgo de gran escala, que no tienen un retorno asegurado y, por lo tanto, no representan una posibilidad de negocio inmediato para el sector privado. Un ejemplo paradigmático de ello lo constituyen internet y el sector de telecomunicaciones, que reorganizaron la actividad económica mundial desde la década del 80 y son producto de esfuerzos estatales de gobiernos capitalistas liberales, como el de los Estados Unidos.
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Argentina tiene una apreciable trayectoria de investigación en prácticamente todas las áreas del saber, con presencia en segmentos intensivos en conocimiento de alto impacto económico y social. Por ejemplo, en las áreas nuclear, aeroespacial, informática, farmacéutica, y biotecnológica. Por otro lado, en el desarrollo de vacunas, investigaciones en chagas, leishmaniasis y otras enfermedades que afectan a nuestra población (y que, como no son un negocio rentable, no interesan al sector farmacéutico privado). A nivel general, el sector privado aporta menos del 10% de la inversión total que realiza el país en ciencia y tecnología. Si el Estado dejase de invertir el 90 % restante, no tendríamos investigación en estas áreas de enorme relevancia productiva y social.
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La calidad de la educación universitaria se resentiría enormemente en caso de un ajuste sobre la ciencia y la tecnología. Más del 70% de las/os docentes universitarios/as realiza además investigación. Si el país dejase de invertir en ciencia y tecnología, o se eliminaran o redujeran las instituciones del sector, como el CONICET, gran parte de los científicos y científicas emigrarían o abandonarían la actividad. Eso tendría consecuencias directas muy negativas ya que las/os docentes que hacen investigación aportan en la enseñanza los conocimientos más novedosos, actualizados y recientes en sus respectivas disciplinas. Por otra parte, también se resentiría la relación del CONICET con los otros organismos de CyT (INTI, INTA, CNEA, etc), especialmente en los casos de doble dependencia.
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Se necesitan más y no menos recursos humanos y presupuesto para ciencia y tecnología. Comparativamente nuestro país está muy por debajo de la media de los países desarrollados respecto a cantidad de investigadores, ingenieros y doctores por habitante, así como del porcentaje de inversión en ciencia y tecnología sobre producto bruto interno. Necesitamos también más articulación interinstitucional para reforzar la vinculación del complejo científico-tecnológico con el aparato productivo nacional y una mayor orientación de la actividad del sector hacia la resolución de problemas estratégicos y necesidades sociales, productivas y ambientales.