Política industrial: un futuro para el desarrollo argentino

En un mundo en constante cambio, es crucial recordar que el desarrollo nacional es la piedra angular para mejorar las condiciones de vida de la población argentina. Este representa la oportunidad para la creación de empleos de calidad y por ende, de mejores salarios. A pesar de las opiniones de quienes gritan en los medios y descartan la relevancia de la política industrial en el siglo XXI, los países más influyentes están redefiniendo activamente sus estrategias industriales. Los ejemplos recientes, como la Ley IRA (usd 394 mil millones), la de Chips (usd 280 mil millones) y la de Infraestructura y Empleos (usd 550 mil millones) en Estados Unidos que buscan impulsar la capacidad productiva en sectores estratégicos, junto con el Pacto Verde en la Unión Europea, demuestran que la inversión en políticas industriales está en auge y respaldada por importantes recursos financieros.

En este contexto, el desarrollo industrial argentino debe ser asumido como un imperativo ineludible. Uno de los pilares más prometedores para potenciar este camino es el sector hidrocarburífero, que juega un papel estratégico en el progreso del país. En la actualidad, se presenta una oportunidad histórica para que Argentina capitalice los avances realizados en años recientes. Esta ventana de oportunidad no debe ser desaprovechada.

Numerosos hitos son evidencia de la reactivación en el sector hidrocarburífero. La recuperación de YPF, los acuerdos de explotación en Vaca Muerta y el Plan Gas, con el Estado promoviendo activamente la extracción de gas, son logros significativos que sientan las bases para un desarrollo sostenible. No obstante, es importante reconocer que en el pasado reciente se desaprovechó tiempo valioso. Durante el gobierno de Macri YPF ocupó un rol secundario en la explotación de Vaca Muerta dándole mayor protagonismo a empresas privadas a las que se les garantizaban precios muy por encima de los internacionales, además la industria en su conjunto sufrió una caída del 13,5% del producto durante todo el ciclo, mientras se perdieron 170.000 empleos industriales y la obra de Gasoducto Central quedó inconclusa.

El actual gobierno asumió en el marco de una fragilidad económica exacerbada por la pandemia. A tales complicaciones se le sumó el costo extra de USD 5.000 millones durante 2022 en importaciones de energía producto del aumento de precios por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el impulso para la sanción de la Ley de impuesto a las grandes fortunas permitió reunir los recursos necesarios para llevar adelante tamaña obra estratégica. El resultado es claro: el gasoducto ha sido completado en un tiempo récord, lo que evidencia el compromiso y la capacidad del país para lograr avances sustanciales. Esa obra permite aumentar un 25% el transporte de gas natural y por ende, reducir las importaciones de energía proyectando incluso la posibilidad de aumentar las exportaciones.

Sin embargo, este es solo el comienzo. Más proyectos de expansión del gasoducto están en marcha, incluyendo la reversión del Gasoducto Norte que permitirá no solo garantizar el abastecimiento de gas al norte argentino, tras el declive de la provisión boliviana, sino hacerlo a un costo mucho menor que el actual. Pero el desafío va más allá de la infraestructura. El siguiente capítulo involucra la industrialización del gas, no solo exportándolo como gas natural o incluso como gas licuado, sino transformándolo en productos con valor agregado.

Un ejemplo concreto es la producción de fertilizantes. Argentina actualmente importa por año una suma significativa en fertilizantes. Sin embargo, este escenario podría cambiar. El Polo Petroquímico en Bahía Blanca tiene el potencial para liderar la producción de fertilizantes, reduciendo la dependencia de importaciones y permitiendo exportaciones con mayor valor agregado, que es más fuentes de trabajo para los argentinos.

El gas extraído de Vaca Muerta permitirá promover las exportaciones, pero también se puede ser empleado para garantizar un acceso competitivo a la energía para la expansión de la industria nacional, contribuyendo así a la descentralización de las fábricas y garantizando el acceso a gas natural a millones de hogares que aún hoy no están alcanzados por la red.

En contraste con estas perspectivas y planes, es evidente que algunos sectores políticos carecen de propuestas concretas para el desarrollo industrial. Ni Milei, ni Patricia Bullrich expresan propuestas para el desarrollo argentino, ni particularmente para este sector. Incluso el candidato de La Libertad Avanza expresó su voluntad de vender YPF, mientras que Patricia Bullrich votó en contra de la nacionalización de la empresa cuando era Diputada Nacional. Ni la producción, ni el trabajo, ni la industria son ejes relevantes de las propuestas de estos dos candidatos.

En última instancia, la coyuntura actual brinda una oportunidad histórica para el desarrollo de Argentina que puede encontrar a través de Vaca Muerta entre otros sectores estratégicos, una salida definitiva a su histórica restricción externa y avanzar hacia un camino de desarrollo sostenible con inclusión social y mejora de las condiciones de vida de su población. No se trata solo de un asunto económico, sino de la posibilidad de forjar un futuro más próspero y sostenible para todos los argentinos. En un mundo que reafirma la importancia de la política industrial, la nación debe unirse en torno a este desafío y trabajar juntos para asegurar un mañana con más desarrollo y mejores trabajos.