Caso Bulacio: 33 años y un grito que se replica

El 19 de abril de 1991 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tocaba en el Estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, durante y después del recital, la Seccional 35ª de la Policía Federal, a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito, detuvo a decenas de personas, incluyendo varios menores, entre los que se encontraba Walter Bulacio, de 17 años, quien iba por primera vez a ver a la banda. Según María del Carmen Verdú, abogada querellante de la familia y hoy parte de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el caso “puso sobre la mesa las detenciones arbitrarias”.

Las fuerzas de seguridad alegaron distintas excusas según la edad. Con los mayores, una supuesta “contravención” o “averiguación de antecedentes”. Con los menores, alegando la presencia nocturna en la calle, se ampararon en el “Memorando 40”, reglamentación interna dispuesta en 1967 que autorizaba a no dar intervención a la justicia -a pesar de la evidente colisión con normas vigentes- y que fue derogada después del Caso Bulacio. De todas formas, tal como se probaría, ninguna de las personas detenidas fue acusada de nada.    

El joven fue subido a los golpes a uno de los colectivos del operativo. Terminó en los calabozos de la mencionada seccional en Núñez, a pesar de que la Ley de Patronato de Menores prohíbe su detención sin intervención de juez competente, donde lo maltrataron nuevamente. A la mañana siguiente lo trasladaron al Hospital Pirovano, donde se le diagnosticó con traumatismo craneano y se constató que todas las lesiones habían sido provocadas por uniformados. El 26 de abril, tras ser derivado al Sanatorio Mitre, murió de un aneurisma causado por las agresiones recibidas.

Tras un largo camino judicial sin ningún tipo de respuesta, se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997 con el objetivo de que el Estado, que ofreció una indemnización a la familia para que no avanzara, reconociera la muerte. Tres años después se publicó el informe de fondo y, ante el incumplimiento de las recomendaciones, el caso llegó a la Corte del organismo y el fallo ordenó proseguir y concluir la investigación y adaptar la legislación para que no se repitan los hechos. Aún hoy, su parte medular sigue incumplida, ya que el sistema de detenciones arbitrarias es incluso mayor, y su derogación es una de las principales demandas -tanto de CORREPI como de otras organizaciones- durante las campañas públicas de la semana del 19 al 26 de abril.
  
En 2013, tras décadas de incumplimiento por parte de jueces intervinientes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 condenó al comisario Miguel Ángel Espósito de privación ilegítima de la libertad, aunque sin aplicación efectiva, por lo que nunca fue preso, y se lo inhabilitó a ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la pena. El padre de Walter falleció antes de la sentencia y su madre y abuela no pudieron asistir por problemas de salud. Sí estuvo Tamara, hermana que nació dos años después del asesinato y que marchó desde niña. Desde entonces, el grito “Yo sabía que lo mató la policía” se volvió la bandera de tantos jóvenes y familiares que son acosados y perseguidos por las fuerzas de seguridad.