Caso Lucas Verón: siguen en pie las denuncias contra la fiscalía y policías bonaerenses

Durante la madrugada del 10 de julio de 2020, oficiales del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de la Policía Bonaerense asesinaron a Lucas Nahuel Verón, de 18 años recién cumplidos, en el barrio Scasso en González Catán, La Matanza. Los responsables, Ezequiel Benítez, quien efectuó los disparos letales, y Cintia Duarte, huyeron sin preservar la zona y sin dar aviso a sus superiores. La rápida intervención de la agrupación HIJOS llevó a que sean desafectados de la fuerza y detenidos. Hoy, a cuatro años del hecho de violencia institucional, los implicados van en aumento y son cada vez más.

Lucas había salido con un amigo a comprar gaseosas pero, debido al aislamiento por la pandemia, estaba todo cerrado. De regreso, fueron interceptados por un patrullero, con luces y sirenas apagadas, y sin dar la voz de alto, que les tiró el móvil encima y los persiguió, realizando cuatro disparos. Todo fue relatado por el otro joven que sobrevivió -en ese entonces menor de edad-, que fue presionado para cambiar su versión mientras le tomaban declaración en sede policial y sin presencia de familiares bajo la excusa de falta de personal. La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Juan Pablo Tahtagian, avaló dicha acción, por lo que fue recusado y desplazado, asumiendo Claudio Fornaro y Marcos Borghi.

La investigación tuvo un desarrollo dispar. La causa principal, por el homicidio, avanzó con celeridad gracias a la cantidad de pruebas y testigos. Mary Castillo, titular del Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza, solicitó su elevación y el juicio oral tuvo lugar en 2022. El jurado popular evaluó que los policías se excedieron en sus funciones, tal como habían planteado las defensas oficiales. A Benítez también lo hallaron culpable de “homicidio agravado en grado de tentativa'' por el ataque al amigo de Verón, pero Duarte fue absuelta.  

Cabe destacar que la decisión del jurado es “inmotivada”, es decir que no deben explicarse los motivos, por lo que no hubo contradicción en encontrar a Benítez, en un caso, culpable de homicidio en exceso de sus funciones y, en otro, de tentativa de homicidio agravado, si ambos se cometieron en una misma secuencia. El juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, Gerardo Gayol, decidió condenarlo a 21 años y 8 meses de prisión, por ser "coautor de homicidio en exceso del cumplimiento del deber" y "de tentativa de homicidio calificada", y a Duarte a 4 años por ser "coautora de un homicidio en exceso del cumplimiento del deber".

Por otro lado, si bien demoró en tener novedades, al menos uno de los expedientes sobre la responsabilidad de distintos funcionarios en el encubrimiento posterior siguió su curso. En mayo de este año, tras un juicio abreviado, el comisario inspector Diego Adrián Ocampos, el subcomisario Daniel Emilio Quinteros y la suboficial María Giselle Genez fueron condenados por amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falso testimonio y falsedad ideológica. El titular del Tribunal en lo Criminal N° 2, Diego Sebastián Burgueño, aceptó la propuesta y las penas condicionales quedaron en 3 años para Ocampos y 2 para Quinteros y Genez, junto a la inhabilitación para ejercer en la fuerza pública por diez años.

El juez Burgueño consideró probado que, en el marco de la investigación, Ocampos amenazó al amigo de la víctima para que declarara falsamente, contra su voluntad y al mismo tiempo contradiciendo su versión inicial. En base a ese objetivo, llevó al joven a una comisaría, lo encerró en un calabozo y lo mantuvo durante horas. Dicha aprehensión estuvo a cargo de Quinteros y Genez fue la responsable de avalar la declaración coactiva. Esta condena fortalece el curso de otra causa paralela -reabierta por Andrea Andoniades, de la fiscalía de delitos complejos de San Martín, en 2021-, cuyo único imputado es Tahtagian, el fiscal denunciado por su actuación mientras sucedían los hechos mencionados y, sobre todo, por delegar en la misma fuerza implicada la recolección de pruebas y testimonios.

Por último, también sigue en pie otra investigación, derivada de las jornadas del juicio oral de la causa principal por el homicidio. Dos efectivos bonaerenses, Brian Martino y Cristian Ramírez, tomaban fotos de los allegados de Verón cuando un abogado de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante, los divisó. Ante la solicitud de identificación revelaron que llevaban adelante la tarea por orden de sus superiores de la Comisaría Primera de San Justo. En marzo del año pasado Jorge Rodríguez, del Juzgado Federal N° 2 de Morón, sobreseyó a ambos, pero la CPM apeló y la Cámara, integrada por Néstor Barral y Alberto Lugones, ordenó la reapertura. Están acusados de hacer inteligencia ilegal.