HIPASAM: un proyecto de desarrollo del noreste patagónico

Por Juan Gournalusse I Junto a la puesta en marcha de SOMISA, el estado nacional promovió el desarrollo de complejos mineros en Sierra Grande y Río Turbio, donde se encuentran  los yacimientos de hierro y carbón más importantes del territorio nacional. Los objetivos buscados fueron producir en la Argentina estos minerales considerados estratégicos para la defensa nacional, alcanzar su autoabastecimiento, desarrollar la industria siderúrgica, contribuir de este modo a la sustitución de importaciones, y poblar y desarrollar regiones consideradas desérticas. Las mayores localidades del noreste patagónico, Puerto Madryn y San Antonio Oeste, tenían entonces sólo 5100 y 3000 habitantes, escasa infraestructura y pocas perspectivas de crecimiento. El proyecto de explotación de los yacimientos de hierro de Sierra Grande fue considerado el camino para poblar la región y transformarla en un polo de desarrollo siderúrgico.

En 1960, Minera y Siderúrgica Patagónica S.A. (MISIPA), un holding formado por los principales empresarios siderúrgicos nacionales y la empresa alemana Ferrostaal, ganó la licitación para explotar el hierro de Sierra Grande. Este grupo exploró el potencial del yacimiento y diseñó un plan de explotación que nunca llevó a cabo. Los empresarios prefirieron establecer sus industrias en el corredor Rosario – La Plata, donde ya existía infraestructura y mano de obra calificada, y rechazaron la propuesta estatal de invertir en Sierra Grande. En 1967 el gobierno dictatorial de Juan C. Onganía le quitó la licitación a MISIPA y en 1969 decretó la creación de HIPASAM, empresa mixta formada por Fabricaciones Militares, el Banco Nacional de Desarrollo y la provincia de Río Negro, con los mismos objetivos planteados en los proyectos anteriores.

En 1970 comenzaron en Sierra Grande las obras de excavación de las galerías y construcción de las plantas de preconcentración y concentración, los hornos para fabricar pellets de hierro y el muelle para embarcarlos. HIPASAM llegó a tener la mina subterránea más grande de Latinoamérica, con 414 m. de profundidad y 98 km. de longitud, dos áreas industriales unidas por un ferroducto de 32 km y un muelle con plataforma giratoria. Simultáneamente, se edificaron los complejos de viviendas para el personal de la empresa y sus familias y se montó toda la infraestructura necesaria para ello: acueductos, instalaciones de gas y electricidad, trazado y asfalto de caminos, calles y rutas, escuelas, hospital, municipio, etc. Durante esta construcción arribaron a Sierra Grande miles de jóvenes trabajadores que vivieron en campamentos administrados por HIPASAM y las empresas contratistas, alrededor de los cuales se instalaron miles de personas que, aprovechando el mercado de trabajo abierto por estas circunstancias, establecieron comercios o se desempeñaron como profesionales de la salud, la educación o la función pública.

HIPASAM es recordada por sus trabajadores como una gran escuela, donde los obreros aprendían el manejo de grandes maquinarias, física, química, geología y mecánica. Además, fue el corazón económico y social de una localidad próspera, con gran perspectiva de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, el proyecto tuvo grandes detractores. Juan Alemann y otros funcionarios del Ministerio de Economía de la última dictadura lo denunciaron como inviable e hicieron lobby para lograr su cierre. Este embate, rechazado durante el gobierno militar por los oficiales a cargo de las empresas, continuó durante el período democrático y puede verse en las innumerables notas de opinión en las que Alemann argumentó a favor de cerrar HIPASAM y Altos Hornos Zapla.
    
HIPASAM fue también un lugar de aprendizaje para la lucha obrera. Durante la construcción, recordada por los trabajadores como un momento de igualdad, se produjeron numerosos conflictos potenciados por la coyuntura política y económica de los años ‘70. En noviembre de 1975 un grupo comando integrado por el V cuerpo del Ejército, la Gendarmería Nacional y la policía de Río Negro llevó a cabo una fuerte represión a los trabajadores de HIPASAM que estaban en huelga. Expulsaron de la localidad a más de 400 trabajadores, arrestaron a los delegados sindicales y a todos aquellos considerados organizadores del movimiento. Esto retrasó la construcción de la infraestructura y aumentó mucho su costo. Con el retorno de la democracia los trabajadores de HIPASAM conformaron una nueva delegación sindical, políticamente heterogénea, de fuerte impronta católica y muy combativa, que obtuvo distintas conquistas laborales y logró organizar cooperativas de trabajo y de consumo.

El lobby a favor del cierre y las confusas políticas del gobierno para administrar la empresa llevaron a los trabajadores a luchar por mantener su fuente de trabajo. En abril de 1989, acompañados por sus familias, acamparon a la vera de la ruta nacional Nº 3 y marcharon a la capital provincial en demanda de una solución al ahogo financiero de la empresa. Tuvieron éxito pero la calma no duró mucho. Apenas asumió el gobierno Carlos Menem, su ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, incluyó a HIPASAM entre las empresas a ser privatizadas y la delegación sindical, que reivindicaba la gestión obrera, elaboró un plan para comprarla con el dinero de las indemnizaciones.

En mayo de 1991, el gobierno decretó la intervención de la empresa y el cese de su producción. La ausencia de actividad y de pagos por parte de HIPASAM tuvo un fuerte impacto en Sierra Grande. Comenzó un éxodo progresivo de su población y las autoridades municipales declararon la emergencia social, económica y sanitaria de la localidad. En septiembre, los habitantes de Sierra Grande realizaron un prolongado corte de ruta en demanda de soluciones para la situación crítica de su pueblo. Los mineros se manifestaron frente al Congreso de la Nación y de la Casa Rosada mientras estudiantes secundarios tomaron las escuelas y las autoridades municipales demandaron a los gobernantes ayuda para su localidad. Las protestas trascendieron en la opinión pública nacional; los medios de comunicación mostraron la lucha de un pueblo encabezado por madres de familia acampando en la ruta, y los reporteros de los principales noticieros informaron sobre la situación desde los patios de las escuelas tomadas y las asambleas en la ruta. El gobierno nacional aplacó las protestas con una falsa reapertura. En octubre de ese mismo año los trabajadores de HIPASAM, SOMISA y Altos Hornos Zapla se unieron en una gran manifestación contra el plan de privatización de la siderurgia nacional. Pero, finalmente, en enero de 1992 llegó el decreto presidencial que ordenó la liquidación de la empresa. Ese fue su cierre definitivo: la producción cesó, gran parte de sus maquinarias fueron retiradas con destino incierto y las familias que habitaban en sus barrios fueron desalojadas.

En 1993, en respuesta a una nueva protesta del pueblo de Sierra Grande, el gobierno provincial acordó con el de Nación el traspaso de los restos de HIPASAM a su jurisdicción y prometió gestionar su puesta en marcha licitándola a capitales privados. Recién en el 2004 se concretó una concesión; desde entonces el hierro es explotado por empresas de capital chino. El proyecto original de desarrollar el noreste patagónico en torno a la industria siderúrgica quedó trunco, pero dio un impulso fundamental a la región. Puerto Madryn, San Antonio Oeste y algunos puntos turísticos son hoy localidades importantes. También Sierra Grande que, a pesar del cierre de HIPASAM, supo mantenerse en pie gracias a la lucha de sus casi 10.000 habitantes.

Juan Gournalusse  es Antropólogo. Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET) Miembro del Grupo de Antropología del Trabajo (GAT)