Dos años de Milei: entre la administración del dolor y el simulacro del buen gobierno

“Gobernar no es ordenar números, sino organizar la esperanza”, advertía Arturo Jauretche al denunciar proyectos que confundían contabilidad con política. La Argentina libertaria parece atrapada en esa misma confusión. Un gobierno que exhibe cifras como trofeos mientras la vida cotidiana se deteriora bajo niveles inéditos de endeudamiento familiar. Durante 2024 el salario real promedio sufrió una caída pronunciada y en 2025 solo mostró recuperaciones parciales, sin retornar a los niveles previos al ajuste. En ese marco, la morosidad de los préstamos a individuos superó el 10 %, de acuerdo con datos del INDEC y estimaciones de la consultora Curat, Martínez Larrea & Asociados.

Javier Milei llegó al poder y anunció sacrificios con una crudeza inicial incómoda y, para muchos, honesta. Desde el marco conceptual del equipo económico, toda experiencia de estabilización macroeconómica supone costos sociales inevitables. Lo cierto es que el problema no radicaría en su existencia, sino en el modo en que esos costos son concebidos políticamente. En este caso, el dolor no aparece como tránsito hacia una recomposición futura, sino como principio ordenador del presente. La ausencia de un horizonte productivo y de una narrativa de salida transforma al sacrificio en condición permanente, erosiona el entramado social y vacía de sentido la promesa de futuro que toda transición requiere para ser algo más que ajuste. 

El núcleo de la gestión se estructuró alrededor del orden fiscal, el déficit cero, la reducción del gasto y la disciplina monetaria. Ese programa se activó tras una devaluación superior al 120 % en diciembre de 2023, que disparó los precios y licuó ingresos. Aunque la inflación mensual se desaceleró durante 2024, ese proceso no devolvió previsibilidad macroeconómica ni reactivó el mercado interno. En consecuencia, las reservas del Banco Central continúan frágiles y la estabilidad cambiaria se sostuvo más por la contracción de la actividad que por un ingreso genuino de divisas.

En ese contexto, el gobierno proclama una supuesta “victoria cultural”. Sin embargo, aceptar el deterioro no equivale a legitimar un proyecto. La tolerancia social no expresa adhesión, sino agotamiento. La mayoría de la población percibe que su situación personal no progresa y que llegar a fin de mes resulta cada vez más difícil; y después de su triunfo en las elecciones de medio término, solo se advierte una tolerancia pasiva al deterioro económico. Ese fenómeno no constituye una victoria cultural, sino una forma de cansancio social administrado.

Raúl Scalabrini Ortiz advertía que las cifras pueden ocultar mejor que las palabras. En esta experiencia de gobierno, el orden existe casi exclusivamente en el plano abstracto de las planillas, los informes técnicos y las presentaciones destinadas a los mercados y a los organismos internacionales de crédito. Ese orden puede ser condición necesaria, pero no suficiente porque cuando no se articula con una estrategia de desarrollo, inversión productiva y recomposición del ingreso no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría. Eso se evidencia en que la actividad industrial profundizó su descenso en noviembre de 2025, con una caída interanual del 6 % según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA). 

Los datos de 2024 y comienzos de 2025 confirman que el consumo masivo registró caídas interanuales superiores al 10 por ciento. Las jubilaciones mínimas permanecieron mayoritariamente por debajo de la línea de pobreza, incluso tras ajustes discrecionales, mientras los ingresos laborales quedaron rezagados frente al costo de vida. En términos generales, la economía ingresó en una fase de estancamiento profundo.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) resultaron uno de los sectores más afectados ya que según la UIA, la producción cayó un 4,1 % y el empleo un 4,6 % durante el tercer trimestre de 2025. Además, el 37 % de estas empresas perdió participación en el mercado interno como consecuencia del aumento de las importaciones, en particular de origen chino. Ese proceso derivó en una caída sostenida de las ventas desde el inicio del mandato.

En la misma dirección, el empleo privado registrado perdió más de 276.000 puestos de trabajo y cerraron, en promedio, casi treinta empresas por día. La obra pública se redujo a mínimos históricos, con caídas reales superiores al 70 % interanual en algunos períodos, según datos del presupuesto ejecutado del Ministerio de Economía. En ese escenario, hablar de “orden macroeconómico” sin un proyecto de desarrollo productivo adquiere un tono, como mínimo, cínico.

El relato del “no hay plata”, eficaz en la etapa inicial, permitió justificar recortes, silenciar demandas y desactivar expectativas. No obstante, gobernar no implica solo administrar una escasez heredada, sino transformar esa escasez en un proyecto colectivo. Allí aparece la dimensión más profunda de la simulación. Un gobierno que se presenta como exitoso por reducir gastos y ejecutar el mayor ajuste de la historia, pero no genera riqueza ni construye capacidades productivas. De ese modo, el dolor social se administra como si fuera una virtud en sí misma.

La política de endeudamiento tampoco resolvió los desequilibrios estructurales. Aunque se evitó una expansión visible de la deuda externa tradicional, aumentaron los compromisos internos y los instrumentos financieros que trasladan vencimientos hacia adelante. Bajo esta gestión la deuda se incrementó en más de 28 mil millones de dólares y, en términos reales, continúa en ascenso. En este tema no se puede olvidar las maniobras apresuradas y acuerdos de último momento con el gobierno de los Estados Unidos, que solo resultó en un alivio transitorio.

En cuanto al equilibrio fiscal, que enarbola como bandera, en gran medida se alcanzó mediante la licuación de ingresos, el ajuste sobre jubilaciones y salarios públicos y la paralización de políticas públicas. La estabilidad cambiaria no derivó en un proceso sostenido de inversión ni en una mejora de la movilidad social. El aparente exitoso plan económico resulta estrictamente contable y socialmente indiferente.

En el plano institucional, el colapso anunciado no se materializó, al menos por ahora. El sistema político continúa funcionando, aunque reducido a su mínima formalidad. El Estado conserva capacidad coercitiva, pero perdió densidad social. Los proyectos de reforma laboral y previsional que se debatirán durante el 2026 apuntan a profundizar la lógica de mayor flexibilidad y menor protección, con efectos ya conocidos en la historia reciente argentina y con antecedentes directos en la crisis de 2001.

La contradicción central del gobierno de Milei no se expresa entre discurso y práctica, sino entre finalidad y método. Se invoca la grandeza nacional -al estilo Trump- mientras se deterioran las condiciones materiales de la Nación. Se promete futuro mientras se agota el presente. El simulacro del buen gobierno al que somete al pueblo argentino no colapsará de manera abrupta, sino que se desgastará de forma progresiva y se nota en la vida cotidiana, y más aún cuando el sacrificio deje de percibirse como promesa y pase a vivirse como destino.

Milei acertó al diagnosticar el agotamiento del ciclo anterior, pero impuso una manera brutal de gobernar a través del dolor social. Lejos de clausurar la política de la casta y los privilegios —como prometió—, terminó profundizándola bajo nuevas formas. Sin embargo, los argentinos ya conocen de gobiernos eficaces para ajustar. El verdadero problema reside en articular desarrollo, trabajo y dignidad social. En ese vacío se abre una disputa política ineludible. La tradición del movimiento peronista, cuando logra organizarse, constituye hasta ahora la única experiencia histórica que ofreció un camino alternativo al ajuste permanente y puede volver a hacerlo frente a un escenario de deterioro prolongado.