La economía popular como problema

Desde la primera marcha masiva por el día de San Cayetano el siete de agosto de 2016, la noción de economía popular entró en el debate público. En aquel momento, una organización poco conocida, la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), junto a otras organizaciones con más recorrido como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), se movilizó desde Liniers a Plaza de Mayo para plantear una ley de emergencia social que incluía entre sus propuestas la constitución de un Salario Social Complementario; un giro conceptual en las políticas socio-laborales, que sale de la idea de plan social para establecer que ese sector tiene un trabajo, autoempleo, cooperativo, precario e informal, y que el Estado debe complementar sus ingresos con este salario indirecto. La conquista de esa ley en diciembre de ese año con el acompañamiento de todas las centrales sindicales y el voto casi unánime de las dos cámaras del Congreso Nacional fue un punto de quiebre, la economía popular entraba en el marco legal argentino.

Hoy, la candidatura presidencial de Juan Grabois, uno de los principales dirigentes que defienden la idea de la economía popular, vuelve a poner en discusión el planteo de la organización (hoy UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular). El ex vicepresidente Amado Boudou, en un video viralizado, señala que esta propuesta de “la economía popular va en contra de las ideas del peronismo, en contra de la movilización social ascendente”. A las palabras del economista se pueden sumar las de la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, o las de hace un tiempo del gobernador Axel Kicillof. Hay un sentido común peronista bastante extendido que niega la idea de la economía popular, asociándola a una “romantización de la pobreza” o “pobrismo” y que la solución está en la creación de empleo asalariado formal.

I

Una puerta de entrada para pensar este tipo de debates es la perspectiva que se conoce como “sociología de los problemas públicos”, cuyos principales exponentes son Joseph Gusfield y Daniel Cefaï. Una sociología pragmática que observa los procesos de generación de problemas públicos, cómo se formulan, cómo se los activa en la arena pública y se los va moldeando en la interacción con los demás protagonistas de la escena; cómo avanzan y retroceden, se redefinen y cómo se cierran, si es que los problemas se resuelven.

Mirar la economía popular desde los problemas públicos introduce una primera pregunta, ¿por qué llamarla economía popular y no hablar de empleo precario, de informalidad o –desde otra óptica– de economía social? Una respuesta veloz puede ser que quienes formularon el problema lograron instalarlo en la arena pública, conquistaron una ley y lograron que el Estado ejecutara políticas específicas, como por ejemplo un salario complementario o un registro de trabajadores de la economía popular. Es decir, la economía popular existe como problema público porque la arena pública, la arena política lo reconoce y responde. ¿Puede reformularse? Sí. ¿Puede ser reemplazado por otro nombre? También. Pero en algún lugar se instaló. La gran mayoría de los movimientos sociales hablan este lenguaje, en el discurso de asunción presidencial Alberto Fernández reconoció esta modalidad de trabajos.

Lo que muchos discuten es su formulación, su fundamento. A modo sintético, la economía popular propone que hay dos economías, una que funciona perfectamente bajo las reglas del mercado y otra que sólo puede alcanzar la subsistencia si es liberada a las fuerzas del mercado, porque no tiene el capital suficiente, genera mucho empleo pero no tiene ganancia más que para la subsistencia. A modo de ejemplo, algunos trabajos: tareas de cuidado (individual y comunitario), cartoneo, agricultura familiar, talleres textiles, cooperativas de construcción, venta ambulante. Son trabajadores y trabajadoras que se crearon su propio empleo y que no lograron formalizarse, quedando en la informalidad sin derechos. Algunos de estos trabajos se mantienen hace más de 20 años, no son sólo changas. Y en un mundo de revoluciones tecnológicas cada día más aceleradas lo que observan es que más que una posible reversión del proceso de expulsión de mano de obra formal de la economía de mercado capitalista lo que pasa es que este proceso se extiende. Por esto lo que hay que hacer es formalizar, desarrollar, dignificar el trabajo de la economía popular. Este es el argumento básico.

II

La discusión desde el punto de vista pragmático es una discusión abierta, donde se plantean distintos argumentos y donde también tienen relevancia las distintas formas de enmarcar la discusión y qué actores participan. Así, correr la discusión de la economía popular hacia los “planes sociales”, los “gerentes de la pobreza” o la “tercerización de la política social” es cambiar el eje del debate, es redefinir el problema público. Si lo enuncia un dirigente con más o menos poder, si este pretende representar a los sectores populares o no, es relevante. Pero una relevancia distinta la tienen quienes viven ese problema. Como diría el filósofo francés, Jacques Rancière, la política aparece cuando alguien dice “acá falto yo”, cuando el orden social es interrumpido por un sector que plantea que no es tenido en cuenta. “Somos lo que falta” decía una bandera de la CTEP en 2013, todavía en gobierno kirchnerista. Estos suelen ser los “formuladores del problema” para la sociología de los problemas públicos, son los demandantes, los afectados. Y para esta perspectiva otro momento central es el de la resolución del problema público. Acá es el Estado el más capacitado para resolverlo rearmando el rompecabezas social para que entre esta ficha.

Hoy, lo que resulta innegable es que hay un problema, llámese precariedad laboral, informalidad, autoempleo precario, planes sociales o economía popular. Algunos datos: según el Indec (segundo trimestre del 2022) hoy el trabajador asalariado formal representa el 46,1% de la población ocupada, el asalariado informal el 28% y el cuentapropista no profesional el 20,3% (el resto es patrón o cuentapropista profesional). El asalariado informal y el cuentapropia no profesional –casi la mitad de la masa ocupada– son población sin derechos laborales y con los ingresos más bajos. Y estos datos son una muestra, porque es difícil acceder al universo amplio de la informalidad. Otro dato: en el último año los asalariados formales estatales le empataron a la inflación y los privados estuvieron debajo cinco puntos porcentuales según el Indec. Los asalariados privados no registrados estuvieron más de treinta puntos debajo de la inflación. Nadie reclama por sus salarios. Y el cuentapropismo precario ni siquiera aparece en estas estadísticas porque no tiene salario.

“Economía barrani”, “economía colaborativa”, “uberización” son otras formar de encarar un fenómeno que viene en ascenso. Informalidad a troche moche, para ricos y para pobres. El tema se viene colando en diversos medios y ámbitos académicos. ¿Por qué no se escucha a los informales? ¿Por qué parece que Marcos Galperín interpreta mejor sus necesidades que el peronismo? ¿Por qué algunos trabajadores formales dejan sus empleos formales y se van a Uber o Pedidos Ya? ¿Por qué el anti Estado está en boga? ¿Será que ya no los cuida, será que tampoco nadie los representa como trabajadores? ¿Son parte del electorado de Milei?

III

Proponer esta discusión desde la mirada de los problemas públicos es entrar de otra forma a la discusión del peronismo. ¿Debe pensarlo desde grandes modelos teóricos o desde una mirada pragmática? ¿Hay que pensar un peronismo nuevo a la luz de las transformaciones del capitalismo o el programa puede ser similar al del General Perón? ¿El movimiento obrero organizado debe pensarse desde el trabajador asalariado formal o debe repensarse? ¿Hay un nuevo descamisado? ¿Hay una “masa en disponibilidad” como señalaba Gino Germani, una masa desarticulada organizable desde el Estado o el panorama organizativo se ha complejizado?

El problema no sólo existe sino que se agranda. Y las soluciones están lejos de encontrarse. El plan Argentina Productiva 2030 elaborado por el Ministerio de Producción bajo la dirección de Matías Kulfas es un plan de desarrollo con creación de empleo formal, pero no llega a todos. Carlos Tomada, cuando era Ministro de Trabajo elaboró políticas de formalización de empleo, pero no alcanzaron. El plan “empalme” fue un intento frustrado que reaparece en varias plataformas electorales, un comodín para salir del paso. Hasta el momento Mercado Pago y el programa Potenciar Trabajo son lo más cercano al problema. Un salario básico universal, un monotributo productivo, créditos para las cooperativas o la compra estatal de trabajo cooperativo son soluciones posibles y parciales originadas desde las organizaciones de la economía popular. Pero poco se escucha de un camino real desde las usinas del poder para enfrentar esta problemática que aqueja a un tercio de la masa trabajadora.

El debate sobre los términos es importante porque los conceptos definen la problemática, pero no es determinante. Lo relevante es que hay un problema concreto y urgente y no alcanza con un plan de desarrollo y crecimiento industrial o un renovado plan empalme. Hay un sector trabajador cada día más grande que no recibe de la dirigencia política propuestas para mejorar su trabajo. Y cada día son más las fichas que no encajan en el orden social actual.