La maratón del desierto: alquileres, inflación y un salario que corre de atrás

Corren tres en la pista de cemento porteña. La carrera largó el 10 de diciembre de 2023, con las tribunas del establishment aplaudiendo el fin de los controles y el inicio de una supuesta era de "libertad contractual". Lo que no avisaron los relatores del libre mercado es que las zapatillas de los competidores no eran las mismas.

El primer competidor, Alquileres, picó en punta con una ventaja obscena. No corrió: voló. Impulsado por el fogonazo preventivo de la desregulación absoluta vía DNU 70/23, se estiró las piernas antes de salir para cubrirse de cualquier tormenta futura. En los primeros meses metió un overshooting de manual, saltando por encima de las nubes mientras el resto apenas se ataba los cordones. Al día de hoy, el cronómetro del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la UBA (Centro RA) le marca una velocidad acumulada brutal: 423% de suba.

A mitad de camino corre la Inflación. Arrancó con un pique asfixiante del 25,5% mensual, pero a lo largo del trayecto fue bajando el ritmo, regulando el aire y clavando el tacómetro general en un 209% acumulado. El discurso oficial festeja como un logro propio que la Inflación corre más despacio y que el mercado "se está ordenando". Y es verdad, la curva se planchó. Pero la distancia entre el primer puesto y el segundo sigue siendo un abismo insalvable para cualquiera que ande a pie: Alquileres le sacó 214 puntos porcentuales de ventaja a los precios generales. Corrió al doble de velocidad que el resto de la economía.

¿Y el Salario? El Salario es el tercer corredor. Arranca una carrera cansado. Corre con los pulmones picados por el ajuste y con zapatillas viejas y prestadas.

Al Salario le cambiaron las reglas de la competencia a mitad de la maratón. Antes, bajo el viejo y criticado régimen regulatorio, corría con una soga elástica que, aunque tensa, le permitía respirar por meses antes de la siguiente actualización. Hoy, con las paritarias corriendo por la escalera y el contrato de alquiler indexado por IPC de forma trimestral o cuatrimestral, el Salario corre en una cinta fija que acelera cada 90 días. No hay meses de aire. La plata no alcanza; sale directo del bolsillo de las familias y se la queda la renta inmobiliaria, repitiendo la misma lógica de asfixia que vemos en el consumo cotidiano, donde la tarjeta de crédito pasó de financiar un viaje a financiar los fideos en el supermercado. Una tarjeta roja invisible que expulsa al laburante de la canchita de la subsistencia económica.

Acá es donde la carrera lineal se cruza con la realidad macro y estructural de la Ciudad de Buenos Aires. El nudo de la crisis habitacional porteña no es la falta de ladrillos; las grúas siguen rompiendo el cielo de Palermo, Colegiales o San Telmo, levantando torres a ritmo frenético. El problema político subyacente es para quién se construye. Se contruyen cajas de ahorro de hormigón para el mercado financiero, departamentos vacíos que cotizan en dólares o se diluyen en el negocio corporativo de las plataformas de turismo, mientras las familias porteñas se ven expulsadas del derecho a una vivienda.

Cuando miramos la foto de la pista a comienzos de 2026, el resultado que nos venden es tramposo. Los analistas sectoriales te van a decir que "la oferta aumentó" y que los precios de los nuevos alquileres ya se acoplaron a la marcha de la inflación mensual. Lo que ocultan deliberadamente es que el rezago distributivo ya se consumó. Que Alquileres haya bajado el ritmo hoy no significa que el Salario lo alcanzó; significa que el puntero se sentó a esperar en la meta porque ya le sacó tres vueltas de ventaja al bolsillo de los inquilinos. Esa brecha de 214 puntos no es un dato técnico de Excel: es el porcentaje exacto de soberanía económica que los hogares perdieron dentro de su propio techo.

Frente a esta intemperie planificada, la pasividad o la complicidad estatal bajo la excusa de la no intervención es más que una claudicación ética, es una decisión política. Desde el Partido Intransigente promovemos la urgencia de un Estado soberano que actúe de manera enérgica y decidida para proteger un derecho constitucional que es la base de cualquier proyecto de vida: el derecho a la vivienda digna.

No se trata de regular la miseria ni de proponer parches cosméticos, sino de modificar de raíz la matriz del desarrollo urbano. Para que el techo deje de ser el botín de la timba financiera, proponemos un paquete de políticas de fondo que sintonizan con las demandas históricas de las organizaciones territoriales y los movimientos inquilinos organizados:

• Tasa de Retorno Habitacional a las Plataformas Digitales: Regular con rigurosidad y gravar la renta de corporaciones como Airbnb y Booking, que dolarizan y desabastecen el mercado local de vivienda. Lo recaudado por este tributo tendrá asignación específica para financiar de forma directa un Fondo de Vivienda Popular, transformando la rentabilidad del turismo suntuario en ladrillos y urbanización para los trabajadores postergados.

• Creación de un Parque Público de Viviendas en Alquiler: El Estado debe intervenir activamente en el mercado, construyendo y gestionando inmuebles destinados al alquiler social para fijar precios de referencia justos y accesibles frente al abuso especulativo.

• Producción Social y Autogestionaria del Hábitat: Financiamiento público directo y transferencia de tierras fiscales ociosas a cooperativas de vivienda y de trabajo (bajo el modelo de autogestión que defiende las organizaciones de ocupantes e inquilinos), recuperando la función social de la propiedad y la gestión comunitaria del suelo urbano.

• Impuesto Progresivo a la Vivienda Vacía: Penalizar económicamente a los grandes multipropietarios que retienen propiedades cerradas como reserva de valor, forzando su salida al mercado locativo tradicional para volcar la oferta a favor de los vecinos reales.

La vivienda es un derecho humano fundamental, no un activo financiero para el resguardo de capitales oscuros. Modificar las reglas de esta carrera asimétrica es una tarea de estricta justicia distributiva. Solo recuperando el rol de un Estado moderno, inteligente y democratizando el acceso a la tierra podremos garantizar que las mayorías populares vuelvan a habitar las ciudades de las que hoy están siendo silenciosamente expulsadas.