A la mesa de enlace no la inventó el kirchnerismo

Por Horacio Bustingorry I El modelo de acumulación kirchnerista mejoró la calidad de vida del grueso de la población pero tiene algunas contradicciones. Una de las principales reside en el punto neurálgico del modelo k: la producción y exportación de soja y la captación de renta agraria vía retenciones para la distribución de la riqueza. La apropiación de esa gran masa de dinero por parte del Estado permitió la implementación de muchas de las políticas sociales impulsadas en beneficio de los sectores populares.

Sin embargo el boom sojero también implicó pérdidas de nutrientes en las tierras cultivadas, un avance sobre tierras campesinas, el desplazamiento, expulsión y empobrecimiento de sus habitantes y secuelas para la salud por el uso de agroquímicos, padecimiento que ha llegado a límites insospechados en el barrio cordobés de Ituzaingó.

Ahora bien esos problemas nada tienen que ver con las “penurias” de la Mesa de Enlace. A la hora de caracterizar el conflicto de 2008 muchas voces endilgaron al gobierno no diferenciar entre grandes y pequeños productores y unificar sectores que bajo ninguna circunstancia podían estar juntos. El gobierno parecía haber provocado algo inédito en la historia: la unidad entre la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Sin embargo ese razonamiento es totalmente falaz.

En primer lugar es una falacia desde el punto de vista económico. Cualquier actor vinculado a la producción de soja es un ganador del modelo sin importar el tamaño de su propiedad. El esquema clásico con el que tradicionalmente se pensó la estructura agraria en el campo consistía en la concentración de la propiedad en un reducido número de latifundistas conocido como la oligarquía terrateniente que producía de manera ineficiente y arrendaba sus campos a pequeños y medianos productores con grandes dificultades para acceder a la propiedad de la tierra. De un lado estaban los grandes ganaderos con explotaciones extensivas y del otro lado una masa de productores agrícolas imposibilitados de pagar el alquiler de los campos. Esas tensiones fueron las que originaron el grito de Alcorta en 1912 que dio nacimiento a la Federación Agraria Argentina (FAA), vocera por ese entonces, de los pequeños y medianos arrendatarios.

Ese modelo en la actualidad no tiene ninguna vigencia. Aproximadamente desde la década del 60 la estructura de tenencia de la tierra experimentó importantes modificaciones. El porcentaje de propietarios comenzó a superar ampliamente al de arrendatarios a la par que se desarrolló un proceso de subdivisión de la tierra que permitió la adquisición de los predios por parte de muchos ex arrendatarios. Sea por la obtención de la propiedad de la tierra o por su pérdida definitiva y el abandono de las labores agrícolas, la figura del pequeño y mediano productor arrendatario prácticamente desapareció de escena.

 Por esa razón hoy nos encontramos con el fenómeno inverso. En general la mayoría de los rentistas son pequeños y medianos propietarios. Alguien que posea 50 hectáreas dedicadas a la soja, casi con seguridad pondrá su campo en alquiler para que otro lo ponga a producir. La producción de esta oleaginosa sólo es rentable si se hace a escala por lo cual para disminuir los costos unitarios de producción conviene constituir grandes unidades productivas.

En el otro extremo ocurre lo contrario. Para un magnate sojero como Gustavo Grobocopatel, sus no más de 6000 hectáreas de la cuál es propietario son insignificantes en relación a las 150.000 que alquila. Hoy en día el mayor arrendatario sojero es el capital financiero distribuido en los pooles de siembra. La producción sojera no se caracteriza por la concentración de la propiedad sino por la concentración de la estructura productiva o dicho de otra manera, por la centralización del capital.
Este modelo de pequeños rentistas y grandes arrendatarios genera un vínculo común entre todos los actores: la soja. Por esa razón no importa si la propiedad es grande, mediana o chica, todos participan de la apropiación de renta agraria diferencial y todos se ven favorecidos en el negocio. Ninguno actor, por pequeño que sea tiene intereses contrapuestos al resto del complejo sojero.
Existe también una falacia desde el punto de vista histórico. Las cuatro entidades comenzaron a actuar mancomunadamente, no por casualidad, desde fines de la década del 60. Formaron coordinadoras de cúpula o frentes multisectoriales para plantear demandas comunes por precio retribuido, diferencial entre precios internacionales e internos, pedidos de desgravaciones fiscales y disminución de la presión tributaria, y cuestionamientos a las políticas reguladoras y la apropiación de renta por parte del Estado.

Veamos algunos ejemplos. Durante el gobierno de la Revolución Argentina las organizaciones crearon la Comisión de Enlace con el objetivo de repudiar la política de retenciones del gobierno. Luego bajo el gobierno de Perón, después de una tregua inicial, incrementaron sus críticas hasta llegar ya con Isabel a conformar el Comité de Acción Agropecuaria del cual no participó la FAA pero si el resto de las organizaciones. La FAA si participó de un paro ganadero de 18 días junto a la SRA y la CRA desarrollado en septiembre de 1975. Durante el gobierno de Alfonsín acordaron una política común para boicotear la Comisión de Concertación de Política lechera. Estos ejemplos demuestran que la gimnasia de protesta desplegada en 2008 no la crearon de la noche a la mañana.

La conclusión es evidente: el gobierno no tiene nada que diferenciar porque los actores analizados tienen más coincidencias que diferencias. Esto nos lleva a reflexionar sobre las contradicciones del desarrollo sojero desde otro lugar y poniendo el ojo en otros actores.  Los piqueteros de la abundancia no necesitan que derramemos ninguna lágrima por ellos.