Policía infantil en Catamarca: la aceptación social

Por Mg. Gabriela Magistris*

Un proyecto reciente de creación de policías infantiles efectuado por la Jefatura de Policía de la provincia de Catamarca, reavivó una polémica que estaba presente hace algún tiempo atrás.

Se trata de una iniciativa que pone en marcha la concreción del Proyecto de Policía Infantil, destinado a niños/as de entre 6 a 14 años, cuyo objetivo principal reside en “elevar el espíritu patriótico y cultural, apoyando la educación escolar y familiar a través de múltiples actividades que contemplan todos los derechos del niño y promueven su acercamiento comunitario, inculcándole valores y el respeto de las normas sociales para una armónica convivencia en sociedad”. Algunas de las actividades que se desarrollarán, dice la resolución, estarán relacionadas con acciones de carácter preventivo, tales como charlas, talleres sobre protección y conservación del medio ambiente, primeros auxilios, derechos y deberes del niño, drogadicción, alcoholismo, seguridad vial, etc.

La iniciativa de esa creación, que fue hecha pública por las redes sociales y algunos medios de comunicación, provoca nuestro cuestionamiento y rechazo. Sin embargo, otros aplaudieron fervorosamente esta propuesta, y eso es, quizá, lo más preocupante.

Muchas son las aristas desde las cuales uno puede reflexionar sobre este proyecto. Por un lado, si nos atenemos al marco institucional-normativo, aparecen algunas cuestiones importantes que vale remarcar.

En primer lugar, lamentablemente la creación de cuerpos de policía y/o gendarmería infantil no es algo novedoso. Chubut, Misiones, Salta, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego son algunos casos donde con distintas magnitud y alcance han instituido cuerpos de niños pequeños alistados a la gendarmería y/o la policía infantil. Estos proyectos tenían básicamente dos motivos de origen. El primero, la pretensión de generar mayor legitimidad social de los cuerpos represivos, bastante deslegitimados social y políticamente por su participación en los crímenes durante la dictadura y las ejecuciones de jóvenes pobres en los gobiernos constitucionales que suelen nombrarse como “gatillo fácil”, entre otros casos de violencia institucional. El segundo, sumar a los niños/as a sus filas, sobre todo de familias más pobres, con la idea de inculcarles ciertos “valores” disciplinarios, propios de la institución represiva. Valores que encontraban eco en algunos sectores de la sociedad, ante lo que muchos llaman el “resquebrajamiento” de la autoridad adulta sobre los niños/as. En ese sentido, se pensaba también esos espacios como de “contención” y “prevención” de los posibles futuros actos de “inconducta” que los niños/as pudieran llegar a tener.

En cuanto a este primer punto, luego del revuelo social ocasionado, en el año 2011 hubo un importante esfuerzo por erradicar la incorporación de pequeños/as a cuerpos represivos, fundamentalmente desplegado por varias organizaciones que impulsaban la protección de los derechos de los niños/as. Así, en ese año se suscribió con la mayoría de las provincias que contaban con cuerpos de policía infantil, un convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad, que estipulaba precisamente la erradicación de las policías y gendarmerías infantiles. A esta iniciativa se sumó también una declaración del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Desde entonces, sólo la provincia de Salta continúa manteniendo esta modalidad. Hasta ahora.

Ya desde el marco normativo encontramos entonces varios escollos a la aplicación de este proyecto. Por un lado, en virtud de que se estaría contraviniendo, lisa y llanamente, el convenio mencionado. Por otro lado, se estaría produciendo una violación al Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre Conflictos Armados, que prohíbe de manera expresa que niños y niñas sean reclutados por ningún tipo de fuerza armada, en consonancia y ampliación del art. 38 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Asimismo, esta Convención prescribe que la educación del niño/a, en tanto derecho, debe orientarse a inculcarle el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales. Esos mismos principios han sido receptados por la Ley Nº 26.061 y por la mayoría de las leyes provinciales.
Ahora bien, este marco normativo institucional, prohibitivo de estas instituciones, no es suficiente para explicar por qué siguen teniendo eco en la sociedad y vuelven a aparecer en este contexto sociopolítico de mayor recrudecimiento del deterioro de las condiciones materiales y simbólicas de vida en sociedad. Al día siguiente de su anuncio, ya se había colmado el cupo de 400 niños/as, previsto para el comienzo del proyecto.

Por eso, ir más allá de ese primer fundamento normativo e institucional, deviene más que imprescindible. Son necesarias otras problematizaciones que nos inviten a pensar el núcleo de esta aceptación social que siguen teniendo estos programas.

Para ello, no podemos dejar de reflexionar sobre el carácter profundamente adultocentrista de nuestras sociedades, basadas en representaciones tradicionales y en prácticas respecto a la infancia, que la posicionan en un lugar de inferioridad jerárquica, de minoridad, a la cual hay que sujetar, dominar, contener, disciplinar, prevenir. El proyecto encuentra sustento en esa representación que ve al niño/a como ese sujeto moldeable, disciplinable, y a la infancia como un momento de la vida en la que es posible aún intervenir, bajo esta idea de “prevención”, de poder “enderezar” ese árbol “torcido”. Se aspira a lograr un sujeto uniformado, disciplinado, ordenado, rigurosamente obediente, que acate y no cuestione la autoridad adulta.

En este contexto, además de reflexionar sobre los rasgos de autoritarismo, paternalismo y protección sin participación de los niños/as que seguimos teniendo los adultos/as, se necesita una profunda transformación de esas relaciones, que cuestione la autoridad, los “valores” autoritarios, que tradicionalmente las han caracterizado.
Por último, pero no menos importante, resulta imperativo cuestionar estos proyectos que pueden ser usados como sustitutivos de aquellas políticas sociales que son obligaciones del Estado, que sí son necesarias, que deberían estar ahí, incluyendo, potenciando y fortaleciendo las capacidades creativas y lúdicas de nuestros niños y niñas.

*Integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos - Facultad de Filosofía y Letras - UBA