La década perdida: menos empleos, peores salarios

Como el agua de la inundación que sufrió el 7 de marzo, en Bahía Blanca baja también el optimismo por la economía. Siempre existe un punto donde el sesgo de confirmación se diluye, y también lo hay en ese distrito donde arrasaron Mauricio Macri en 2015 y Javier Milei en 2023. Los datos concretos comienzan a dejar al descubierto una realidad que dos temporales agravaron, pero lejos estuvieron de generar. Son números locales que ejemplifican una constante nacional.

En la última semana, con diferencia de horas, se conocieron los análisis sobre empleo y salarios bahienses que elaboraron la Unión Industrial y el Centro Regional de Estudios Económicos que depende de la Bolsa de Comercio. Ninguna de esas instituciones podría catalogarse como K o zurda, de acuerdo al elegante léxico actual. A lo sumo debe encomiarse la honestidad intelectual de los informes, en una región que persiste en su tendencia a entregarse a las ilusiones de futuros prometedores que vendrían de la mano de programas neoliberales.

Los datos son relevantes porque no solo retratan un cuadro doméstico, sino que pueden leerse como una manifestación más de los efectos en el país de la década transcurrida entre el final del último gobierno del ciclo kirchnerista y el actual. Incluso considerando bajo este signo al de Alberto Fernández, la diferenciación persiste: los números bahienses son claros en las caídas con Macri y Milei, y tímidas recuperaciones en el del Frente de Todos. Ni la pandemia ni las catástrofes climáticas sufridas a nivel local permiten ignorar una serie histórica que comenzó mucho antes del primer estornudo.

El primer día de julio, la organización Fundar publicó su análisis sobre datos oficiales de empresas en el país, con el mismo resultado general. La recuperación durante el gobierno de Todos no llegó a completar lo perdido durante el macrismo y, con el nuevo envión anarcocapitalista, hay en la Argentina casi 60.000 unidades productivas menos que en 2013.

Cruz del SUR

Los informes del CREEBBA y la UIBB llegaron días después del veto de Milei a la ley de emergencia que el Congreso había aprobado para asistir al distrito bahiense y el vecino Coronel Rosales, tras la inundación. La norma hubiese permitido destinar 200.000 millones de pesos a la economía local, suma equivalente a una Canasta Básica Total per cápita a valores del marzo de la tragedia.

El Gobierno argumentó que ya había dispuesto ese monto vía decreto, canalizado en el Suplemento Único para la Reconstrucción de hogares bahienses. Pero esos fondos, cuya distribución es cuestionable, estuvieron destinados a recuperar viviendas y bienes de consumo durables que a las clases medias y bajas lleva meses o años adquirir.

Los montos, de entre dos y tres millones de pesos según el grado de daño, eran fácilmente cubiertos por cualquier compra o refacción. La ley vetada hubiera servido en cambio para recuperar algo de la dinámica económica local en materia de consumo diario, mientras empresarios y comerciantes siguen protestando por la incumplida promesa ministerial de ampliar a esos sectores el SUR.

Los estudios del CREEBBA y la UIBB ayudan a comprender cuán necesaria es esa inyección de recursos, en materia de trabajo y salarios de una ciudad que padeció la utilización política del Gobierno en torno a una megainversión en materia gasífera que el propio oficialismo descartó luego de obtener lo que buscaba.

Trabajo

El informe de la UIBB revela que en Bahía Blanca la demanda de mano de obra industrial acumula una caída de 57,7% desde 2014, tras una retracción de 24,7% durante el segundo bimestre de este año. El segundo dato admite culpar a la inundación del 7 de marzo. El primero habla de una constante.

Además, la UIBB reconoció una alta preeminencia del empleo formal eventual por sobre el permanente. Más de 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras bajo registro se encuentran en condición de eventualidad.

Ese escenario agrava el que relevó el INDEC. Si bien la desocupación bahiense se encuentra por debajo de los 5 puntos, dos datos enmarcan mejor ese porcentual:

• la baja del índice en la primera etapa del gobierno de Milei coincidió con la caída de la ocupación, lo que para el economista Gustavo Burachik corrobora que la tasa de desempleo se mantiene en ese rango porque las personas que la padecen resignan sus búsquedas de trabajo; y
• para considerar la presión de la oferta de mano de obra debe considerarse no sólo la tasa de desocupación, sino también la de quienes tienen empleo, pero buscan cambiarlo o complementarlo con otro, con lo que el índice real bordea el 30%.

El gráfico elaborado por la UIBB es elocuente en relación a los periodos históricos.

Sobre esa base se descargó el diluvio del 7 de marzo. Una encuesta recogida la Bolsa de Comercio estimó que el 40% de industrias y comercios padeció daños medios a graves y otro 38% acusó leves. El promedio de interrupción de actividades fue de 8 días.

Sin embargo, el Gobierno desestimó la ampliación del SUR al sector, pese a haberlo anunciado por 26.000 millones de pesos. Ante las protestas, aludió que las ayudas ya se habían implementado mediante alivios impositivos. No era ese el mecanismo del SUR, que de todos modos permanece sin abonar el subsidio al 10% de las personas físicas que lo solicitaron.

Salarios

El estudio del CREEBBA analiza, por su parte, la pérdida de poder adquisitivo del salario registrado bahiense. Desde que comenzó a medirlo, en mayo de 2018, el poder de compra acumuló un retroceso de 14,7%. También en ese caso pueden diferenciarse tres periodos nítidos de caída inicial con Macri, recupero insuficiente con Fernández y desplome con Milei.

En ambos periodos de retracción, el primero en caer fue el poder adquisitivo en relación a los medicamentos: tuvo una veloz pendiente de 41 puntos en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos, se recuperó con Todos y cayó nuevamente 54% en el inicio de la gestión violeta.

Entre los alimentos, el poder de compra de carne vacuna fresca perdió 53% en abril de 2024, tocando el piso de la serie, y en la actualidad permanece 33 puntos por debajo del mes inicial de medición.

La dinámica es similar en salarios públicos y privados, aunque las caídas son más pronunciadas en los primeros. En el imaginario local, como en buena parte del país, se trataría de anónimos burócratas, improbables ñoquis o inverosímiles planeros, ninguno de los cuales compraría un chocolatín. En la realidad, la retirada del sector público no sólo resiente los servicios que brinda sino también al consumo, porque el grueso de los presupuestos se vuelca a salarios y compras a proveedores para los gastos de funcionamiento.

De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina, desde diciembre de 2023 el sector público perdió 52.340 puestos de trabajo. Quienes celebran esos despidos sin formar parte de alguna elite ignoran que en muchos casos se trata de personas con sólida formación, que competirán con ellos en mejores condiciones por los menguantes lugares en el sector privado. Todo resulta en una presión a la baja de los salarios. Un concepto que no ha envejecido desde el siglo XIX es el de ejército industrial de reserva.

Contra lo que postula el credo oficial, hasta el momento la pérdida de musculatura de lo público no se tradujo en el sudoeste bonaerense en vigor del sector privado, donde los sueldos también pierden poder de compra y los puestos de trabajo se reducen. El impacto de la merma salarial amenaza incluso a los hospitales privados, del mismo modo que la inundación que los dejó bajo agua: obras sociales como las del personal militar se atrasaron en los pagos y ya no cuentan con cobertura en esos centros de salud, que deben pedir socorro a la comunidad.