Honduras, al guinnes por la violencia

Por Ezequiel Sánchez, desde Tegucigalpa

Enmarcado en la Iniciativa Mérida -el tratado sobre seguridad firmado con Estados Unidos-, la sociedad hondureña vive en una situación de guerra interna constante, con un promedio de veinte asesinatos diarios, con la cúpula de la Justicia servil, y con los militares controlando cada vez más las esferas civiles.

Las excusas del combate al narcotráfico y la corrupción policial sirvieron para violentar Derechos Humanos y convenciones internacionales. Los ejemplos de México y Colombia ilustran que la única consecuencia es el aumento la corrupción y el abuso de poder del Estado, que utiliza su capacidad de fuego para perseguir a la disidencia.

“Vemos que hay una violencia con características muy especificas, que afecta a ciertas poblaciones como los indígenas, por el desplazamiento de las zonas con recursos naturales. Otros grupos vulnerables han sido los periodistas que evidencian algunas circunstancias en el país, y los abogados, por la labor que ejercen en el tema de Justicia”, afirma Erick Martínez, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

El eslogan del actual Gobierno hondureño es #vivirmejor, pero desde el 2010, 85 abogados, 130 líderes campesinos, 83 maestros, 157 miembros de la comunidad LGBTI, 48 periodistas y más de dos mil mujeres han sido asesinadas. Para Ivania Galeano, defensora de DDHH especialista en feminicidios, el índice de 90% de impunidad sobre el total de delitos es alarmante: “Ha sido generalizada en la mayoría de los delitos, que son de persecución pública. Y en casos de violencia contra las mujeres, que requieren de una atención especializada, es todavía mucho más evidente”. Ni la fama que significa ser Miss Honduras protege a las jóvenes. María José Alvarado apareció muerta a balazos junto a su hermana el día que debía volar a Londres para participar del concurso Miss Mundo.

Berta Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), traza un paralelismo con las peores épocas del terrorismo de Estado. Denuncia que “hoy nos quieren hacer ver que estamos en un país inseguro y violento, pero no quieren admitir que lo que tenemos y enfrentamos son políticas criminales de Estado en contra de la disidencia política actual en este nuevo siglo, igual que en los años 80”.

Según Manuel Llopis, ex líder de las juventudes del Partido Liberal antes del Golpe y ahora militante de la Resistencia Popular, "se regresó a como vivíamos antes, cuando los grupos militares intervenían en la vida política, en la vida democrática y en la vida social. Hoy en día, el ejército ya no está en los cuarteles, sino que ahora hace otras funciones”. Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa, indica que “Honduras es el país que más ha incrementado su presupuesto militar en los últimos años en Centroamérica y es el segundo país en América Latina después de Paraguay”, donde en 2012 un Golpe promovido por Diputados destituyó en tiempo récord al entonces Presidente Lugo.

El actual Presidente hondureño Juan Orlando Hernández ha creado unidades especiales como la Policía Militar de Orden Público, que depende de las Fuerzas Armadas. Una de las medidas más controvertidas fue el lanzamiento de Guardianes de la Patria, una iniciativa para que niños rodeados de militares reciban educación cívica y religiosa los fines de semana. Su propósito es graduar 100 mil pequeños en cuatro años.

Para el ex Ministro de Defensa Arístides Mejía, "no hay que creer que son las Fuerzas Armadas las que le está imponiendo al actual gobierno civil la militarización. Es al revés. Es un presidente que sale débil de la urnas y que decide militarizar la seguridad e ir militarizando varios aspectos de la sociedad, para fortalecerse él por la falta de fuerza popular”.

La propuesta que involucra menores de edad ya despertó la alarma internacional. Por primera vez en su historia, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas le envió una carta formal a un presiente, donde le solicitan al hondureño, “abstenerse de implicar a niños y niñas en actividades como las visitas escolares a bases militares, o los actos militares en los centros educativos”, según relata Wilmer Vázquez, Director de la Red pro niños, jóvenes y adolescentes Coiproden.

El presidente derrocado en el Golpe de Estado del 2009, Manuel Zelaya, no confía en la capacidad de resolución de los organismos internacionales con sede en Estados Unidos. Según él, “las denuncias que se hacen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sirven absolutamente para nada, porque siguen matando a defensores de DDHH como Margarita Murillo”, una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Asesinato que, al día de hoy, sigue impune.

Impunidad, el denominador común que según Bertha Oliva tiende un punte con los tiempos más oscuros: “La impunidad del pasado es la impunidad de hoy. Y los impunes, los beneficiarios, son los mismos, el poder económico, el poder político. Los mismos actores del pasado han creado esta inseguridad para vender entonces después políticas de seguridad”.

Está aceitada la puerta giratoria entre política, policía, narcotráfico y empresas de seguridad privada. La Doctrina del Shock funciona a la perfección, imponiendo el terror y la autocensura como herramienta paralizante. Menos mal que están los militares para cuidarnos.