Agustín Garzón: el “interventor PRO” que quiere ocupar el AFSCA
Por Nicolás Adet Larcher
En conferencia de prensa, el ministro de la cartera de comunicaciones, Oscar Aguad, anunció la intervención irregular de AFSCA y AFTIC mediante decreto a nuevas autoridades para ocupar los lugares de los funcionarios actuales.
Durante la mañana, efectivos de la policía se encontraban presentes en el ingreso a AFSCA para controlar los ingresos a la entidad mientras un vallado se sostenía a sus espaldas. Alrededor de las 10 de la mañana, Aguad habló con los medios y expresó los fundamentos de la medida sin brindar muchos detalles. Para el nuevo gobierno, Martín Sabbatella tenía un perfil militante que no podía ir de la mano con la gestión dentro de una entidad encargada de regular la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual como determina la ley. “Hay cargos que no pueden ser ocupados por militantes” afirmó Oscar Aguad luego de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales.
Según lo expresado por Aguad, la intervención de AFSCA quedará en manos de Agustín Garzón quién ya fue anunciado para ocupar el cargo de Sabbatella. En la página oficial de PRO Argentina, figura un breve perfil de Garzón, un joven abogado, casado con dos hijos egresado de la UCA y con un master en derecho administrativo. En el último tiempo, Garzón se desempeñó como “coordinador de profesionales PRO” como revela la página oficial del partido encabezado por Mauricio Macri. Garzón también se desempeñó como funcionario dentro de la Secretaría General del gobierno porteño y asumió en octubre de este año como legislador porteño hasta el 10 de diciembre, luego de que mediante sesión se haya aprobado la renuncia del diputado porteño Enzo Pagani (PRO).
Garzón, también fue cabeza de la agrupación Profesionales PRO y Abogados PRO donde se concentraban profesionales encolumnados bajo el proyecto de Mauricio Macri. Forma parte de la mesa chica del espacio de Macri al ser un amigo muy cercano del Jefe de Gabinete Marcos Peña y el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En las últimas elecciones, Garzón fiscalizó para el espacio de Cambiemos.
Garzón también es director de la Corporación Buenos Aires que realizó distintas obras junto al gobierno de CABA para el barrio Los Piletones en Villa Soldati, lugar emblemático donde el PRO exhibe su pata social junto a Margarita Barrientos quién apoyó la candidatura de Macri en las últimas elecciones. En sus recorridas por el barrio, las visitas suelen ser las llamadas “incubadoras de oficios”, oficinas municipales, el comedor de Barrientos y demás lugares afines a la matriz de compromiso con el partido que gobierna ciudad. Por fuera de esa lógica, ningún otra villa está dentro de la agenda.
En las redes sociales, Garzón participa activamente con un apoyo explícito a Mauricio Macri y a sus amigos Peña y Larreta. “Con Jorge Todesca el INDEC va a reflejar la realidad del país. Se viene otra Argentina con Mauricio Macri presiente” afirmaba en Twitter. Otra de las críticas, iba hacia la Cristina como ejecutivo saliente “La presidenta desperdició la oportunidad de generar un marco institucional de respeto a la democracia y a los votantes, una lástima”.
El decreto 263/2015 que establece la intervención en AFSCA y AFTIC, determinando la designación de las nuevas autoridades y sus facultades, establece en forma clara las atribuciones de los mismos. A Garzón, en cuanto a lo que establece la ley de servicios de comunicación audiovisual. El artículo cinco del decreto establece “en el ejercicio de sus cargos los Interventores tendrán las facultades de gobierno y administración de la AFSCA establecidas en la Ley N° 26.522, y las facultades de gobierno y administración de la AFTIC establecidas en la Ley N° 27.078, respectivamente” y luego agrega que los detalles expresados no “limita las facultades y competencias de los respectivos interventores”, aclarando que las atribuciones de las leyes solo son de carácter “enunciativo, no limitando en modo alguno las funciones de los interventores que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios; a acciones de auditoria y sanciones; a aspectos económico financieros; y a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores”.