Martín Becerra: "En la pandemia, hay medios que intentaron capitalizar el descontento y la angustia"

Por Martín Massad

El investigador del CONICET y profesor universitario analizó en comunicación con AGENCIA PACO URONDO RADIO (La Palabra Justa, domingos de 10 a 12, FM La Patriada) el rol de los medios en la Argentina durante la pandemia de coronavirus. Fakes news, desinformación y ¿sanciones? "Por lo menos, en el marco legal argentino, esa posibilidad está completamente abierta", destacó.

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo ve la situación comunicacional en Argentina teniendo en cuenta cómo se manejan los medios y las fake news?

Martín Becerra: Sobre el desempeño de los medios de comunicación y de mucho de sus habituales entrevistados, y de los animadores de los medios más grandes con las mayores audiencias, creo que efectivamente esta muestra que recién se puso al aire, es una muestra de que lo que enseñan es la falta de escrúpulos en el cuidado de la salud, en un momento gravísimo, por la cantidad de muertes que provoca la pandemia. Cierto descaro que en otros temas no es tan grave porque no está comprometida la vida de millones de personas y en ese tema sí. De hecho, todos los estándares sobre la libertad de expresión, lo que se plantea en todo el mundo, es que cuando está comprometida la salud de terceros, mucho más en situación de pandemia, la responsabilidad de los contenidos de las fuentes informativas de los medios de comunicación es mayor. Después de una primera etapa que hubo hasta junio del año pasado, se entró en una etapa siguiente de aprovechamiento inescrupuloso de la pandemia para capitalizar descontento, angustia, bronca que puede tener una parte importante de la sociedad por los efectos económicos de la pandemia y también la situación previa y posterior a la misma.

APU: Teniendo en cuenta que estos medios de comunicación son empresas, que tienen un fin económico ¿Les cabe una responsabilidad a esos medios cuando transmiten información que después se descubre que es falsa?

MB: Son dos situaciones que se empalman en Argentina. Con otros actores suceden cosas no tan distintas en otros países. Por un lado, los medios de comunicación sean o no con fines de lucro, pueden tener como fuente informativa a una presidenta de la principal fuerza de oposición, como lo es Patricia Bullrich. Es una fuente legítima de información. En abstracto, no habría responsabilidad de entrevistar al principal partido opositor, es una fuente informativa lógica. En el caso argentino, se empalma el hecho de que la titular del principal partido de oposición, está embanderada en una postura que es dañina para la salud de la población, con denuncias que son falsas, con desmentidas a ella misma. Embarcada con un discurso muy radicalizado que pone en riesgo la salud de la población y que pone en riesgo las estrategias de cuidado y de prevención, incluso, en los distritos donde gobierna su propia fuerza política, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con la mimetización completa, de los principales animadores, conductores y columnistas de los principales medios de comunicación comerciales.

Una cosa es que el medio de comunicación consulte a la principal fuerza de oposición y otra cosa es que se mimetice, aliente y potencie, donde no haya ningún tipo de distanciamiento entre el medio y la fuente. Incluso, cuando la fuente ostensiblemente se contradice con lo que dijo en ese mismo medio hace tres días. No es ir al archivo o tomarse el cuidado de googlear lo que dijo hace un año, en la misma semana se dice que no hubo retornos y que hubo retornos. El hecho de que animadores y animadoras, televisivas y radiales, columnistas y opinadores, en estos principales medios, donde el periodismo de guerra es la bandera militante de las principales firmas y voces de los principales medios de comunicación comerciales, radicaliza muchísimo hacia la ultraderecha, de lo que llamamos ingenuamente periodismo, pero que, en realidad, es una bajada de línea sin ningún tipo de filtro informativo o de cuidado o de edición informativo. Es mera opinión y bajada de línea.

APU: Usted aboga siempre por la libertad de expresión ¿No hay límite para esa libertad de expresión trayendo estos ejemplos donde se puede ver dañada la salud de los habitantes de este país?

MB: La libertad de expresión como muchos otros derechos y garantías no es absoluta. Tiene límites en un país democrático, en un país como el nuestro, tiene límites en los estándares de libertad de expresión del sistema Interamericano de Derechos Humanos y del sistema de Naciones Unidas, también. Esos límites, por ejemplo, es cuando se pone en riesgo la salud de la población, cuando hay apología del delito, cuando hay mensajes que tienen que ver con la pedofilia. Son límites legítimos que tiene el derecho a la libertad de expresión. Es un derecho que nos asiste, que es casi constitutivo de nuestra especie humana, y efectivamente, no es un derecho absoluto cuando pone en riesgo la salud de otras personas. En el sistema legal argentino, no es así en todos los países, hay cuestiones de honor y de privacidad que también por momentos pueden colisionar con el derecho a la libertad de expresión. En cada caso, habrá que estudiar si representa un daño a una tercera persona.

La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Hay que probar que, efectivamente, esa salud que se invoca, como que está puesta en riesgo, está puesta en riesgo. Cuando una animadora televisiva de ultraderecha, plantea que hay que tomar dióxido de cloro en televisión, y en esa misma semana muere un niño por ingesta de dióxido de cloro en el marco de la pandemia, ahí tienen que activarse desde salvaguardas pública como, eventualmente, habrá posibilidad de hacer demandas contra la emisora de televisión, en este caso, porque es la responsable de un contenido que es dañino para la salud.

APU: ¿Qué posibilidades hay de tener algún tipo de sanción?

MB: Por lo menos, en el marco legal argentino, esa posibilidad está completamente abierta. Tenemos una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue muy modificada en algunos artículos centrales por decretos de Macri, pero donde este punto está vigente. Hay instituciones que son autoridades públicas, como Enacom, que es la encargada de aplicar todos los artículos vigentes de la ley, o como la Defensoría del Público que no tiene poder sancionatorio pero sí tiene intervención en este tipo de casos. Además, insisto, que está abierta la vía de reclamos por el poder judicial. No sé si en este caso particular, de la animadora Canosa, hubo alguna denuncia judicial pero nada impide que cualquier ciudadano pueda presentar una denuncia.

APU: ¿Cómo ve la distribución de la pauta publicitaria por parte del Gobierno? 

MB: Las relaciones económicas que tiene el Estado nacional con los medios de comunicación no se agotan en la pauta oficial. Hay un marco de relaciones económicas de asistencia estatal, que desborda con creces los montos y la partida del rengloncito de publicidad oficial. Ese es uno de los muchos ejemplos, de relaciones económicas entre Estado y medios. Por ejemplo, en pandemia se ha asistido a casi todas las empresas de comunicación para pagar los salarios de sus trabajadores. Que el Estado argentino haya hecho la vista gorda con la mayor de las fusión de la historia de las telecomunicaciones en América Latina, como es la fusión de Cablevisión con Telecom, sin imponerle ningún

condicionamiento serio a la misma y haya dicho que por debajo del 80% de dominio de mercado no es posición dominante, eso se traduce claramente en una asistencia económica porque le permite a un grupo, en detrimento de los demás, hacer negocios que los demás no tienen habilitado. En términos de economía política, es un favor que le hace el Estado argentino que no tendría en el Estado alemán, canadiense, japonés, y que no la hay, de hecho, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Chile, ni en México a empresas de medios de comunicación y acá un grupo sí la tuvo. El capítulo de publicidad oficial para ese grupo es un renglón insignificante de sus ingresos pero los ingresos de Cablevisión y de Telecom no son insignificantes.

Dicho esto, soy una de las personas que siempre en todos los gobiernos abogó por la regulación de la publicidad oficial. Tanto si me simpatizaba el gobierno como si no. Sin regulación legal por ley del Congreso de la publicidad oficial, no salimos de esta. La publicidad oficial, sin una ley que la regule siempre va a estar supeditada a la evaluación coyuntural y discrecional, e inclusive, arbitraria del que gobierna. Esto vale para el ámbito nacional, como para las provincias como para los municipios. Los casos más graves de abusos en materia de publicidad oficial no son a nivel nacional sino a niveles más locales.

Entre esos criterios, hay muchas iniciativas, una de las cuales ha sido representada este año con el nombre de una propuesta de distribución democrática. Hay muchos criterios e iniciativas y buenos estándares, tanto en nuestro país como a nivel internacional, sobre los que se pueden hacer proyectos. Hay muchos proyectos de ley presentados en el Congreso, hay uno en particular que tuvo media sanción del senado durante el gobierno de Macri, por unanimidad, eso es raro, y que después por impulso del propio gobierno en ese momento se detuvo su tratamiento en diputados. Esos criterios tienen que ver con la población de destino, porque los mensajes tienen que tener algún tipo de coherencia según a quién se dirigen, tiene que ver con la promoción de trabajo en blanco, de diversidad de actores, de producción de información local. En qué medida se ponderan estos distintos criterios en una regla general de publicidad oficial hace que, por supuesto, empieza a tallar un poco el posicionamiento de cada organización pero no hay tanto para inventar. Lo que falta es que después distintos actores políticos y sociales consensuen y legitimen un proyecto y lo transformen en ley.

En la Ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Ibarra, si no estoy equivocado fue durante su gobierno, la legislatura había adoptado una ley que sigue vigente desde entonces y que con altibajos se viene respetando en los distintos ejercicios. Que permite distribuir una parte, pequeña, de la pauta publicitaria y eso como está regulado por una ley en nuestra Ciudad de Buenos Aires, permite que algunos medios, que de ninguna manera son oficialistas del gobierno, reciban pauta del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que se trata de un recurso que es público y que no puede estar supeditado a si se le chupa las medias o no al Jefe de Gobierno.