Daniel Guzmán: "En 1982, los británicos ocupaban 11 mil kilómetros cuadrado en Malvinas; hoy ocupan 1,6 millones de kilómetros"

En conversación con AGENCIA PACO URONDO, el excombatiente de Malvinas, periodista y director del portal Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, se refirió a la polémica en torno a un radar en Tierra del Fuego, que primero fue autorizado del gobierno y luego dio marcha atrás.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reclamaba o discutía la movilización en Tolhuin realizada pedir explicaciones por un radar británico que, suponen, estuvo funcionando allí?

Daniel Guzmán: Lo que se estaba discutiendo es por qué había en Tierra del Fuego un radar de capitales británicos con capacidad de seguimiento militar. El 15 de junio pasado, un sitio web internacional publica que LeoLabs (empresa californiana, pero con sedes británicas) habían instalado esta antena al norte de Tolhuin, que además de controlar la chatarra espacial, tenía prestaciones militares. Al verificar nos encontramos con que LeoLabs Argentina no solamente tenía cede en Tierra del Fuego sino que estaba relacionada con dos empresas, LeoLabs Space Holdings Limited, de capitales irlandeses, y LeoLabs Limited, con sede en Londres. Fuimos a buscar documentación al Boletín Oficial de Tierra del Fuego y no había duda sobre lo que estamos hablando.

Cuando publicamos esta información, el gobierno de Tierra del Fuego lo negó diciendo que tenía aplicaciones que era netamente para el seguimiento de la chatarra espacial. Lo cierto es que a fines del mes de junio, la Jefatura mandó un equipo de peritos a evaluar y el 9 de julio, en Infobae, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Paleo, en una columna opinión habla específicamente de las prestaciones militares y del peligro que significa para Argentina tener un radar en Tierra del Fuego de capitales británicos que no solamente puede monitorear, sino también boicotear el trabajo de defensa y científico de nuestro país. Estas empresas tienen tres miembros que son fueguinos, dos de ellos son asesores de la diputada nacional Mabel Caparrós y un tercero es el hijo del exdirector de Energía de la Provincia, actual subsecretario de Obras Públicas de la Provincia. Uno se pregunta cómo llegaron estas tres personas a ocuparon gerencial de una empresa inglesa.

APU: El Ministerio de Defensa informó que había objetado la instalación o el funcionamiento de ese radar.

D.G.: Primero hubo una movilización de los veteranos de guerra de Río Grande, de Ushuaia, hasta el lugar; hubo un acto, se instalaron banderas y después de eso, el Ministerio informó que canceló este radar.

APU: ¿Quién autorizó la instalación de un radar?

D.G.: Como todo tema internacional, debería haber pasado primero por Cancillería y el Ministerio de Defensa. Lo que se dice, off de record, es que habría sido autorizado por el exjefe de Gabinete, Juan Manzur. El gobierno de Tierra del Fuego, directamente, no dijo nada y tiene participación. Cuando sale la información, ya no estaba más Manzur. Taiana hace una objeción ya con Agustín Rossi como nuevo jefe de Gabinete, se modifica el esquema político, interviene Cancillería y hacen una resolución de suspensión para, un mes después, concretar la cancelación. Tierra del Fuego le brindó la energía eléctrica para el funcionamiento del radar, las prestaciones de internet para ello; no se le puede pasar al gobierno provincial semejante cantidad de componentes administrativos y ejecutivos para no haberlo detectado.

APU: ¿No tuviste acceso a más información sobre la entrada en vigencia de la suspensión?

D.G.: La suspensión está desde fin de junio. La pregunta es por qué autorizaron a una empresa extranjera cuando la CONAE, en 2018, montó dos radares de altísima capacidad, de mucho mejor nivel que los instalados por LeoLabs, a escasos 10 km del lugar y que podría estar girando esta información. El secretismo y el silencio por parte del gobierno nacional y, en específico, del gobierno de Tierra del Fuego, hizo ruido por todos lados. Evidentemente, la presión de los medios locales y, en especial, de los combatientes Malvinas, llevó a que el Ministerio de Defensa cancelara el permiso.

APU: ¿En los medios locales, esta noticia, tuvo repercusión?

D.G.: La pusimos en la agenda inmediatamente después de descubrir lo que ya te marqué en el Boletín Oficial y en la Impresión General de Justicia.

APU: Lo llamativo es que la información a la que se accedió estaba desde el primer momento.

D.G.: La gente de la prensa no le dio mayor importancia porque en Tolhuin hay varios radares y antenas; en Río Grande, lo mismo. Algunos prestan servicios para la NASA, Alemania, China. Hasta que aparece esta información que nos llevó a buscar los datos y encontrar esto. Soy exsoldado combatiente de Malvinas y el sitio web Agenda Malvinas es de carácter internacional porque analizamos específicamente el avance colonial en términos económicos, miramos el avance de la expropiación de riqueza de recursos naturales en materia pesqueras, el avance en materia petrolera y hace unos días atrás, la colonia británica lanzó y habilitó la exploración en búsqueda de oro en casi el 40% de la superficie del archipiélago malvinero, nos enfocamos en eso. Digo esto porque, cuando llegamos a Malvinas en el 82, los británicos ocupaban 11.800 kilómetros cuadrados. Cuarenta y un años después ocupan 1.630.000 kilómetros cuadrados. Analizar solamente los 74 días de guerra, flaco favor le hace al análisis complejo que significa el colonialismo en la Atlántico Sur, ya no solamente Malvinas e islas, sino con las perspectivas que están montando los británicos de Malvinas de convertirse en puerta natural a la Antártida, con lo que significa la rehabilitación del Tratado Antártico en 2048.

APU: ¿Cómo analizás que ha sido la gestión de Alberto Fernández en relación al tema Malvinas?

D.G.: Por un lado, volvió a instalar lo que el macrismo quitó: la cuestión Malvinas como relevancia nacional. En lo concreto, en materia de defensa y hacer retroceder el avance británico, ha hecho absolutamente nada. En octubre de 2022, los británicos extendieron la licencia de pesca por 25 años con el compromiso de que las pesqueras se radiquen en Malvinas con una participación accionaria en la Islas del 51%, hecho que fue aceptado por uno de las principales socios en el robo sideral de recursos y riquezas que es la flota española, que pesca dos veces al año, calamares en Malvinas. Es lo que sostiene la permanencia de los británicos para transformarse en uno de los tres territorios con mayor ingreso del mundo. Estamos hablando, aproximadamente, de unas 30.000 libras per cápita de los que viven en Malvinas.

En el 90, Carlos Menem concreta un acuerdo secreto con Gran Bretaña donde restablece la relación diplomática y da concesiones desastrosas para la Argentina en materia pesquera, la exploración petrolera. Y qué es la Soberanía si no es la utilización de riqueza y recursos naturales de un espacio y la gobernabilidad.

APU: Hagamos la historia un poco más larga ¿Qué pasó con los gobierno de Néstor y Cristina?

D.G.: Néstor Kirchner canceló los permisos de pesca. Durante todos los 90, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero hacía relevamientos de recursos en el Atlántico Sur y compartía esa información con los kelpers, garantizando el recurso para otorgar la licencia. Un disparate. Néstor cancela eso, cancela la exploración conjunta de materia petrolera y Cristina lo que hace, justamente, es lograr un bloqueo continental para que los puertos y aeropuertos (en su mayoría, no todos) impidieran el movimiento de buques y aviones hacia las islas. Cuando llega Mauricio Macri, en 2015, tira todo por la borda con el acuerdo Foradori-Duncan, en septiembre 2016, con el que dejamos “pagando” a los países latinoamericanos que habían hecho este esfuerzo. No le salió gratis a Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, cortar ese vínculo comercial que tenía con los isleños.

APU: Y con Alberto ves una situación de empate; no se retrocedió, pero no hubo ninguna iniciativa.

D.G.: Interpreto que se retrocedió. En junio del año pasado, el presidente estuvo en Bonn, se reunió con el exprimer ministro Boris Johnson y le dijo que hasta tanto no dialogáramos sobre la cuestión Malvinas no iba a ver acuerdos de materia comercial. Eso no se cumplió porque Kirsty Hayes, embajadora británica en Argentina, se maneja como una súperminista haciendo negocios con las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan, por la explotación de los minerales, específicamente del litio. A su vez, en material alimenticia, con Entre Ríos.

APU: ¿Hay una empresa británica operando el litio en Jujuy?

D.G.: Hay varias empresas británicas con subsidiarias canadienses y australianas. La embajadora ha posteado desde su arribo, el año pasado, a la actualidad, distintos viajes que ha hecho y las reuniones que ha tenido con Morales, Sanz, Uñac, de la relación comercial que se está afinando. Es más, puedo decirte que Jaldo, el gobernador de La Rioja, hace tres meses atrás firmó un acuerdo de cooperación educativa para que la enseñanza del inglés en los colegios se haga con contenido británico. En un país que tiene usurpado gran parte del territorio austral, es una afrenta a los compañeros que cayeron en el año 82 y una herida histórica al proceso independentista que, justamente, Gran Bretaña no permite que se complete en estos 213 años.

APU: En los medios de Buenos Aires, hay una controversia con respecto a una base China que la oposición le cuestiona el gobierno el permiso y el gobierno rechaza ¿Podrías dar contexto y explicar un poco de qué se trata esa discusión?

D.G.: Voy a tratar de resumirlo. En el año 2008, la exgobernadora Fabiana Ríos hizo un convenio con la provincia china de Shanxi para la industrialización del gas de regalía, había acordado hacer una explotación de gas butano, metano y otros, con esta empresa que se llamó Tierra del Fuego de Energía y Química. Fue tan desastroso y desprolijo que el proyecto se suspende. Cuando llega al gobierno la exgobernadora Rosana Bertone, le da de baja. El tema es que los chinos habían aportado a Tierra del Fuego 42 millones de dólares y piden su devolución. El proyecto no solamente involucraba la instalación de una planta de metanol para la industrialización del gas, sino que iba a armar un puerto para que los buques los puedan sacar.

Cuando asume este Gustavo Melella, el actual gobernador, se encuentra con esa con esa deuda. Después de varias charlas, vuelven a negociar para poner en marcha ese proyecto. Con eso, vuelve a aparecer el puerto chino. Lo cierto es que no hay ninguno y solamente compete a ese proceso industrial exclusivo del cual, un año después, no hay ninguna acción efectiva. Seríamos los primeros en denunciarlo, sea chino, sea británico, el que fuere. No entendemos por qué el gobierno de Tierra del Fuego no sale aclarar estas cosas a nivel nacional y deja correr.

APU: Hay otro debate en torno al régimen especial para producir en Tierra de Fuego, si sirve o no, también quienes ponen el acento en cuestiones de soberanía y no sólo el fiscal ¿Cuál es tu opinión, al respecto?

D.G.: No es mi opinión, sino que es la ley 19.640, la Ley de Promoción Económica fiscal. Se desarrolla al comienzo de los ´70. Hay tres proyectos estratégicos, uno es poblar de argentinos el sur. No solamente vamos a ver los beneficios fiscales, sino vamos a generar las acciones laborales para que vengan a trabajar, por lo cual se radican las empresas. El segundo es el polo logístico antártico y el tercero, el cruce por agua Argentina. De estos tres proyectos, el único que está funcionando es la ley 19.640, que tiene adosada un subrégimen industrial.

Mirando los últimos datos del censo, uno puede verificar que de los 12.000 habitantes que tenía Tierra del Fuego en el año 1972, hoy estamos arriba de los 195.000, con lo que uno podría indicar que la radicación soberana de Argentina se cumplió acabadamente. El destino de Tierra del Fuego y, en específico, de Argentina en la ocupación de las áreas australes no sería sino a través de este régimen especial impositivo fiscal. Los detractores no entienden o no quieren ver esto, lo que significó. Vale la crítica a la falta de derecho social de la 19640. Por ejemplo, los supermercados que tienen monopolio en Tierra del Fuego no van a ser una compra desagregada de impuestos para teléfonos, por lo cual los fueguinos pagamos los alimentos al mismo valor nacional y más caro, por supuesto, por el transporte.