Directora Migraciones: “Cuando asumimos había un festival de claves migratorias dedicadas al espionaje ilegal”

Por Juan Cruz Guido

Entrevista a la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano. La reciente derogación del decreto migratorio de Macri, el negociado de residencia a ciudadanos chinos que desbarataron en el organismo y al espionaje ilegal montado desde la dirección. 

Agencia Paco Urondo: Derogaron el decreto 70 de 2017, que modificaba la Ley de Migraciones. Hubo declaraciones de inconstitucionalidad y hasta una recomendación de la ONU contraria al mismo ¿Por qué tanta polémica en torno al tema?

Florencia Carignano: Exacto. Como bien decís, estábamos trabajando con una herramienta con la que casi no se podía trabajar. Primero porque no servía, porque los números que dio la oposición son números mentirosos. No son la realidad. Pero sobre todas las cosas porque había sido declarado inconstitucional por la Cámara 5ta en lo Contencioso Administrativo. Por una acción colectiva, había sido declarado inconstitucional en primera y segunda instancia, y hasta la ONU misma le había dicho al Estado Nacional que tenía que derogar este decreto porque no respetaba las garantías constitucionales. Le daba tres días a una persona para poder defenderse si era acusada de cometer algún delito. Y todos sabemos que entre días ni siquiera el juez podía ver la causa. Para empezar, jurídicamente, desde las garantías constitucionales, era muy cuestionable porque no había sentencia firme. Pero, además, en la práctica, a los únicos que le servía era para aquellos poderosos como los narcotraficantes, que tienen grandes estudios jurídicos detrás. No necesitan ni tres días. En media hora consiguen un abogado que ponga un amparo y no se van nada. Entonces los que se iban en esos tres días eran los que cometían alguna falta administrativa, una falta administrativa en el marco de la Ley de Migraciones. Como puede ser no tener tu documento o tenerlo vencido. No habían llegado a regularizar tu situación y esos eran los que los que se iban en tres días. El resto claramente metía una acción, un amparo, y ahí ya empezábamos con el tiempo judicial. Estamos hablando entonces de un decreto mentiroso. Los tres días eran para unos pocos que podían echar, que no tenían residencia todavía, porque los que tenían residencia tienen otros derechos iguales a los argentinos.

La gestión anterior muestra números engañosos. Hablan de 3000 personas que expulsaron. Yo les voy a decir que las 3000 personas incluyen las que yo misma expulsé el año pasado, aún con pandemia, con fronteras cerradas. O sea, ellos expulsaron a 1441 personas de las cuales casi la totalidad ya estaban en el sistema penitenciario federal, cumpliendo la sentencia que les correspondía por el delito que habían cometido. Crearon un departamento, metieron 30 abogados adentro y empezaron a ver qué extranjero, que ya había cumplido la mitad de la causa de la pena, quería irse a su país. ¿Por qué? Porque podía ser libre en su país. Entonces empezaron a buscar a aquellas personas que ya habían cumplido la mitad de la pena y empezaron a ofrecerles si les interesaba ser extrañados a su país le pagaron con fondos públicos el pasaje, cosa que la Ley de Migraciones dice que es una carga pública para las aerolíneas. A las aerolíneas le corresponde pagar el pasaje cuando el Estado le dice que tiene que extrañar a alguien. Nosotros hoy no estamos pagando los pasajes de nadie.

APU: ¿Existía entonces un markenting político, que no es solo de la Argentina, de rechazo a la migración y de asociación de la misma a la delincuencia?

FC: Ellos tenían un discurso de asociar migración con delincuencia. Y, en base a eso, inventaron números de población carcelaria que el fallo de la Cámara 5ta dice que son mentira. Los números de la población carcelaria desde el 2000 en adelante se mantuvieron siempre en el orden del 5% de inmigrantes. Nunca subió ni bajó. Con ellos no fue la excepción. No lo digo yo, lo dice la Cámara 5ta cuando lo declaró inconstitucional. Les dice que los números que ellos esgrimen son falsos, que no hay necesidad, no hay urgencia y que además los datos que aportan no son verdaderos. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron marketing. Pudimos ver a la ministra Bullrich con vestida como de militar, haciendo que expulsaban, pero en realidad no pasaba nada.

Hoy dicen que tienen un 28% en la ciudad de Buenos Aires de personas que delinque, que son extranjeras. Bueno, yo les quiero contar que el año pasado estuvieron cerradas las fronteras. Esos extranjeros no entraron conmigo, entraron con ellos, cometieron delitos en su gobierno. ¿Qué pasó? No los echaron porque no pudieron echarlos. Ese 28% del que se está quejando la Ciudad de Buenos Aires entraron en su gobierno. No fue ahora, claro.

APU: Conocimos a través de usted de un encargado de mesa de entradas de Migraciones que cayó detenido por entregar residencias a ciudadanos chinos, a cambio de grandes sumas de dinero, ¿cómo fue específicamente esa situación?

FC: No era él el único. Había una banda acá dentro, había una banda que tenía los roles repartidos y cayó el de mesa de entradas. Cayó el que justamente no firmaba el documento para los chinos. Sacaron al que repartía las tareas acá adentro. Porque el que daba o el que otorgaba las residencias a los chinos era un jefe de departamento que cuando nosotros llegamos estaba en el mismo lugar, no tenía ni siquiera un sumario administrativo abierto y seguía firmando residencia a chinos. Cuando nosotros leímos el expediente judicial por el cual esta persona cayó presa: era un escándalo. Había escuchas, porque la Justicia le habías pinchado los teléfonos. Era literalmente: “Anda a buscarlo, lo pagas en tal edificio, el área de jurídicos para que te haga esto. 25 mil dólares para esto, 100 mil pesos para que no te manden la notificación”. Estaba todo tarifado. 

Los chinos lo tenían muy claro a eso. Sabían a dónde ir y a quién pagarle. Cayó preso uno, pero era una banda. Nosotros entonces lo que hicimos fue abrir sumarios administrativos, separar del cargo a las personas que estaban sospechadas porque evidentemente se cerró muy rápido la causa judicial. Hubo un solo culpable de todo y se cerró rapidísimo. Nosotros lo que hicimos fue reabrir sumarios administrativos para ver cómo puede ser que la persona que firmó los documentos de los chinos, que no tenían ningún criterio para tener residencia, estaba libre y en su puesto de trabajo.

APU: También se conocieron serias irregularidades en los registros migratorios, que en muchos casos fueron utilizados dentro del andamiaje de espionaje ilegal que hoy salpica a varias fuerzas de seguridad, al servicio penitenciario y, obviamente, a la propia Agencia Federal de Inteligencia de Arribas y Majdalani…

FC: Cuando nosotros entramos estaba el sistema Halcón. Es un sistema que fue creado legalmente para que la justicia pueda investigar a las personas sin que las personas sepan que se las está investigando. Estaba bien. Porque vos querés salir de la Argentina y la Justicia quiere saber tus movimientos porque está siguiendo alguna pista de algo en una investigación judicial, de lavado, de trata, narcotráfico, lo que sea. Nosotros, como Migraciones, tenemos que responder el oficio judicial con tus movimientos.  Yo estoy obligada ante la justicia informarlo. Ahora bien, además de eso, en los 58000 registros que había la mayoría de la gente que estaba ahí no tenía ningún oficio judicial ni administrativo por el cual estar en ese sistema silencioso de alarmas.  Al lado del nombre de la persona, se decía avisar a tal persona. Es decir que había alguien interesado en saber si salías y a dónde ibas. 

Además de eso había un festival de claves migratorias. Con esas claves vos podes ingresar al sistema y revisar: si una persona viajo, con quién, si tiene antecedentes penales, si tengo restricciones. Información que la tiene que tener el inspector porque la necesita cuando uno está en la frontera, para chequear datos o para saber si yo tengo algún impedimento para salir del país. Eso nosotros solo lo tenemos que usar para investigar el área de extranjeros judicializados o para hacer ingreso y egreso en los pasos fronterizos. Y además hay organismos como las fuerzas federales que son policías auxiliares y la Policía de la Ciudad, que también fue declarada policía auxiliar en la época de Macri, AFIP, ANSES, los juzgados, las policías provinciales que tienen que tener esto porque hay investigaciones que están haciendo. El problema es, por ejemplo, en la Policía de la Ciudad, cuando llegamos había 20.400 claves y había 13.000 policías. Es decir, había más claves que personas capaces de usarlas. ¿Qué tiene que hacer un policía que está parado en la esquina con una clave para investigar si alguien entró o salió del país?

APU: Recuerda a mecanismos muy aceitados en la inteligencia argentina donde, por ejemplo, se incluían números telefónicos que nada hacían al objeto procesal de una determinada causa, para ser intervenidos. En este caso, ¿había oficios judiciales que por lo menos dieran un “velo” de legalidad?

FC: Ese es el problema que cuando nosotros empezamos a recibir, yo empiezo a recibir oficios judiciales de muchísimos jueces, incluso un juez donde me pregunta quién me miró a mí y mis movimientos migratorios. Cuando voy a responderle al juez veo la nómina y veo que había un montón de gente de Migraciones que lo había mirado, que había gente de otras fuerzas, que lo había mirado y no tenía absolutamente ninguna causa. Ahí me pregunté: ¿qué está pasando con estas claves? ¿para qué están siendo utilizadas? Y ahí empezamos. Esto fue apenas asumimos. Pregunté si había algún protocolo para el uso de claves. No había nada.  Bueno, no había nada, era todo un festival. Lo que hicimos entonces fue limitar las claves a la Policía de la Ciudad. Dimos 100 claves de las 20 mil 400 porque son una por comisaría y además únicamente al departamento que investiga los delitos. Y así hicimos con cada organismo. Elegimos ANSES, AFIP, decime quiénes son las personas que ustedes validan, que el organismo entiende que tienen que tener estas claves. Dame el nombre, apellido y que firmen este protocolo digan para qué lo van a usar. Cuando el juez a mí me pida quién irá a y salte AFIP, AFIP va a tener que dar respuesta por esa persona, si yo no tengo ninguna causa judicial y estuvo mirando mis movimientos. Todo eso es delito, es espionaje ilegal.