La estafa del peaje: el Gobierno de Macri le dio U$S 500 millones a una empresa de su familia

Por Martin Massad y Juan Cruz Guido

AGENCIA PACO URONDO: Usted ha sido uno de los denunciantes en la causa de los peajes, que ha provocado una pérdida de 500 millones de dólares al Estado y que ha prolongado las concesiones de la autopista del Sol y del Oeste, por diez años, sin ningún tipo de reparo, por parte del gobierno de Macri. Es una causa que tiene como imputados y procesados a ex funcionarios macristas. ¿Cómo ve la situación?

Leopoldo Moreau: Uno podría decir que hay muchos escándalos en el macrismo pero este es el más nítido, por lo menos desde el punto de vista del movimiento normal de una causa judicial. Son más que evidentes las pruebas, se orientan a demostrar que fue un manejo espurio hecho en función de los intereses de la empresa de Macri. De manera muy escandalosa fue uno de los primeros pasos del gobierno de Macri cuando sentían que se iban a quedar en Argentina gobernando 20 años. Estaban acunados por los medios de comunicación, por los poderes facticos, por eso actuaron con una impunidad que realmente asombra.

A pocos días de asumir Macri, el socio de la empresa de Autopista del Sol, que es una empresa española, hace un reclamo intempestivo en el CIADI, denunciando mil millones de dólares por resarcimientos. Un verdadero desatino.

De la noche a la mañana, el gobierno de Macri, a pesar de un dictamen contrario del Procurador del Tesoro, que ellos habían designado en primer instancia, el doctor Carlos Balbin, simula un acuerdo para “beneficiar” a la Argentina. Entonces dice: “No, no vamos a pagar los mil millones, vamos a pagar quinientos millones”. A todo esto no se había hecho ningún reclamo por parte del Estado en el CIADI, no se había contrapuesto ningún argumento, fue una ficción para ganar una fortuna. Pero la cosa no quedó ahí, la estafa fue aún mayor, porque no solamente reconocen esos quinientos millones, contra la opinión del Procurador del Tesoro, sino que, además, como los contratos estaban vencidos los prorrogan, y los prorrogan con beneficios a sus propias empresas. Eliminan, por ejemplo, el articulo que establecía que cuando los autos quedaban detenidos en la barrera durante determinado tiempo no se les debía cobrar el peaje, garantizan a las empresas un mínimo de autos por día y hacen una fórmula de ajuste para que si no se daba ese mínimo las empresas las pudieran obtener igual hasta el beneficio del pase por el peaje, extienden la concesión y aumentan sideralmente las tarifas de peaje.

Esto dio como resultado el segundo negocio de la empresa. Una vez que esto ocurrió, Macri vendió su participación en las empresas de peaje. O sea, se embolsaron 500 millones de dólares con una maniobra absolutamente ilegal y además embolsaron muchísima más plata vendiendo las acciones gracias a las concesiones que el propio Macri se hizo a sí mismo.

APU: El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que le había hecho ahorrar al estado argentino 500 millones de dólares con respecto a lo que se pedía, que eran mil millones.

L.M: El estado argentino no tenía que pagar ni mil millones, ni quinientos, ni cien, nada, fue una ficción, fue un juicio armado, pocos días antes de que llegara Macri al gobierno, en el CIADI, para generar una supuesta obligación que no existió. Esto no estaba ni siquiera reconocido por el CIADI.

APU: ¿La denuncia no está en el CIADI?

L.M: La denuncia se presentó sin pasar primero por los tribunales locales, lo cual es una condición esencial. Usted puede acudir al CIADI si agotó la vía de los tribunales locales. No pasó por ahí, se presentó en el CIADI directamente. Por eso, el Procurador del Tesoro dijo que era un disparate. Sobre una ficción se reconoció una deuda que era inexistente

APU: Pasamos a la reforma judicial. ¿Cuál es su visión sobre una política muy valorada por el presidente Alberto Fernández?

L.M: Hacer una reforma judicial en Argentina me parece que a esta altura no está en discusión. Cristina Kirchner ya intentó una reforma judicial durante su gestión y fue bombardeada, declarada inconstitucional por parte de la propia Corte. Si hay un poder corporativo que se defiende con dientes y uñas es el poder judicial. Y particularmente algunos sectores de ese poder que ha constituído una de las patas esenciales en lo que se ha dado en llamar Lawfare, que no es otra cosa que una herramienta instrumentada en Argentina y toda América Latina para erosionar, perseguir y estigmatizar a los movimientos populares.

Debo decirte con toda franqueza que no conozco el proyecto definitivo. En realidad no lo conoce nadie, está en manos de quienes lo elaboraron, pero sobre la necesidad de la reforma no tengo ninguna duda, no quiero opinar todavía sobre lo que no conozco. Sí puedo opinar sobre algunas ideas generales, por ejemplo a la necesidad de una ampliación de la Corte, es absolutamente imprescindible. Tampoco tengo duda de que hay que cambiar el régimen de valoración de la constitucionalidad de las leyes, no es posible que cualquier juez, de cualquier fuero y de cualquier lugar tenga la facultad de poder declarar la inconstitucionalidad de una ley.

También hay que reformar los procedimientos, no solamente hay que discutir la existencia de más o menos juzgados federales, es ilógico que la Corte no tenga un límite para pronunciarse sobre los recursos extraordinarios. Te doy un ejemplo de hace cinco meses atrás, la Corte se pronunció sobre la prisión de dos mujeres, sobre un supuesto homicidio que finalmente se concluyó que no habían cometido. Una de ellas estuvo presa 14 años y la otra 11. Es imprescindible reglamentar los recursos a la Corte.

APU: Por último, ¿qué análisis hace de lo que pasó con el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri?

L.M: Lo que tengo claro a esta altura en el desarrollo de la causa judicial y de la investigación que estamos haciendo en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los organismos de inteligencia, es que estamos en presencia del sistema ilegal más grande de la historia en lo que hace al espionaje ilegal, la persecución política y la extorsión (dejo de lado, por supuesto, a los gobiernos militares). Efectivamente hubo diversas etapas, hubo una primera que se desarrolló hasta principios del 2018, en la que actuaron determinados personajes que cometieron muchas irregularidades que los llevaron a apartarlos. Habían instalado un sistema de espionaje muy fuerte en el Gran Buenos Aires, a través del “proyecto AMBA”, que consistía en abrir agencias de la AFI. Eso trajo dificultades en el Gobierno de María Eugenia Vidal (en Buenos Aires). Así terminaron perfeccionando este sistema que funcionó hasta principios de 2018, orgánicamente dentro de la AFI, y se articuló con grupos de tareas que hacían espionaje en AFIP (espionaje fiscal), en la UIF (espionaje bancario y financiero) y en Migraciones. Todo eso se configuró para llevar adelante campañas de desprestigio, de descrédito, a dirigentes de la oposición, a Cristina, a dirigentes sociales, sectores eclesiásticos, periodistas, etc.

Y por otro lado, ahí se configuraban los elementos que servían para que la mesa judicial, que era el vértice de todo este sistema de persecución, tuviera la posibilidad de acceder a falsos testimonios, o comprar y acceder a falsos arrepentidos, como fue el caso de Fariña. No era gente que actuaba por motus propio, era una decisión política que había tomado el gobierno de Macri, y era llevar adelante esta actividad de espionaje ilegal sobre las estructuras del Estado.

La labor que nosotros podemos desarrollar, además de la investigación que está llevando la justicia, desde el Congreso nos permitirá entre noviembre y diciembre llegar a un gran informe sobre lo que fue todo este sistema perverso de espionaje. Esperemos que sirva para terminar con los "sótanos de la democracia”, como los llamó Alberto Fernández. Y no es otra cosa que esta sociedad entre la pata judicial, los organismos de inteligencia y el poder mediático (usuarios de estas tareas de espionaje). La democracia debe dejar de ser rehén de las mafias.