Macri quiere cerrar la unidad fiscal que investiga a su primo Calcaterra

Por Redacción APU

El proyecto legislativo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para acorralar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tuvo dictamen en diputados con voto de legisladores oficialistas, massistas y del bloque justicialista. La reforma judicial del Ministerio Público soslayó por completo a  la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos relativos a la seguridad social (UFISES), a cargo del fiscal Gabriel de Vedia.  La investigación de la fiscalía especializada avanzó en la denuncia contra los directivos de IECSA, la empresa constructora de Angelo Calcaterra, el primo del Presidente Mauricio Macri.

La semana pasada, desde el Ministerio Público Fiscal afirmaron en relación a la causa judicial que “Calcaterra se apropió indebidamente de los montos que había descontado de los sueldos de los empleados durante los meses de diciembre 2015 y marzo del 2016 por un total de $8.653.861 pesos porque no realizó el depósito legal correspondiente.”

A raíz de la denuncia presentada por De Vedia, la fiscal Gabriela Ruiz Morales profundizó la investigación por la evasión de aportes previsionales de los trabajadores. La fiscal solicitó medidas de prueba al juez del caso, Ezequiel Berón de Astrada e imputó formalmente a cinco directivos de la empresa de Calcaterra.

"La falta del aporte genera un doble perjuicio, sobre el empleado que no va a contar con esos conceptos al momento de querer acceder a un beneficio jubilatorio y sobre el sistema de la seguridad social nacional que verá disminuidos sus recursos disponibles para otorgar cobertura previsional a los actuales y futuros beneficiarios" destacó De Vedia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, pretende avanzar con la reforma de la carta orgánica del Ministerio Público Fiscal. El proyecto no sólo tiene como objetivo acorralar a Gils Carbó sino descabezar las procuradurías especializadas e eliminar las unidades fiscales. Entre ellos, la UFISES, que casualmente investiga al primo del presidente.

El paquete legislativo también incorporó un artículo para eliminar a los titulares de las procuradurías especializadas. El macrismo exige ser fiscal general y tener cinco años de antigüedad en el cargo, requisito que descabeza a todos los titulares de las procuradurías (con la excepción del titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad). Entre ellos, a los actuales titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los fiscales titulares de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, participan en otra investigación que lleva el fiscal federal Federico Delgado contra Mauricio Macri por “la omisión maliciosa” en su declaración jurada de empresas fantasmas en paraísos fiscales.