Odebrecht: Brasil advirtió al Gobierno que no debe difundir la información que enviará a la Justicia

Por Enrique de la Calle

Parece un memorandum más, pero en el intrincado mundo judicial significa una llamada de atención. El documento enviado por el procurador general de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, advierte sobre las consecuencias de lo que hoy los operadores judiciales macristas llevan adelante como la madre de todas las operaciones: el manejo turbio por parte del Poder Ejecutivo de la información aportada por Odebrecht a la justicia brasileña que será enviada a los fiscales argentinos a partir del próximo 1° de junio. La renuncia de la canciller Susana Malcorra es solamente la primera de las consecuencias políticas y legales que generará este escándalo.

El macrismo quiere controlar el alcance de lo revelado por la constructora brasileña. De allí que interese mucho el manejo de esa información sensible. Por su parte, el Ministerio Público de aquel país advirtió que “no se divulgará públicamente el contenido de esa parte de la colaboración y, consecuentemente, se evitarán eventuales perjuicios a la investigación que actualmente se realiza sobre el tema en el Ministerio Público dirigido” por Gils Carbó. 

El periodista oficialista Román Lejtman publicó en el portal INFOBAE que “Macri quiere que la Oficina Anticorrupción acceda rápidamente a las pruebas que recibirá Gils Carbó y que sin dilaciones sean remitidas a los medios de comunicación y posteadas en todas las redes sociales”. La respuesta no tardó en llegar desde Brasil: el procurador Rodrigo Janot Monteiro de Barros -quien visitará la Argentina la próxima semana la Argentina para participar del plenario de procuradores y fiscales generales de la región- envió una circular en la que advirtió las consecuencias internacionales de una especie de “punto final” propuesto por el gobierno.

Para el macrismo, es central la difusión controlada de la información para que el escándalo afecte solo al kirchnerismo y evite que golpee a funcionarios clave como Gustavo Arribas, jefe de la AFI, o Ángelo Calcaterra, primo del presidente y empresario muy cercano a Odebrecht. La multimillonaria inversión en el soterramiento del tren Sarmiento es realizada por la constructora brasileña junto a IECSA, de Calcaterra y Marcelo Mindlin, del entorno íntimo del clan Macri. Si Odebrecht pagó coimas por esa obra: ¿Qué rol jugó el primo del presidente? Con relación a Arribas, ya se conoce lo que declaró Leonardo Meirelles, operador de la firma carioca: asegura que transfirió 900 mil dólares para "el pago de coimas" al jefe de los servicios.