San Isidro: detuvieron a un dirigente local vinculado al espionaje ilegal durante el macrismo

Por Diego Moneta

Una causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, que comenzó por una denuncia por presunto origen ilícito de celulares producto del contrabando, con el avance de la investigación terminó comprobando un mecanismo para lavado de dinero con la protección de funcionarios aduaneros. La semana pasada el juez Pablo Yadarola ordenó la detención de seis personas imputadas como integrantes de una asociación ilícita.  

La denuncia, promovida a fines del año pasado por la Dirección General de Aduanas (DGA), cuya titular es Silvia Traverso y que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), inició contra dos revendedores de celulares Iphone en el país. Manuel Olivas y Lucas Olivas, padre e hijo, ofrecían los productos a través de plataformas de redes sociales y cobraban en criptomonedas. En varias escuchas telefónicas se comprobó que contaban con la protección de funcionarios aduaneros por lo que, además de los Olivas, se detuvo a Felipe Viramonte Noguer, referente y ex candidato a concejal de ConVocación por San Isidro y asesor de Diego Dávila, ex director de la DGA durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y 2019.

La resolución judicial indica que el cobro mediante criptomoneda era para “evitar la trazabilidad de las ganancias ilícitas”. De hecho, Lucas Olivas reconoce, en uno de los perfiles que utilizaban para la comercialización, que no era importador oficial y que tampoco facturaba las ventas para eludir el pago de impuestos. El método de ingreso de la mercadería al país todavía se encuentra bajo investigación, pero apunta al involucramiento de la AFIP y de Gendarmería Nacional. Todavía está pendiente la indagatoria de los seis detenidos y hay personas implicadas que aún no han sido identificadas.

La investigación judicial cita un informe reciente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que recopila distintas notas, publicadas por portales digitales, en los que se informa del rol de Viramonte Noguer. El funcionario fue fundamental para frenar o postergar expedientes con multas por cifras millonarias relacionadas a evasión impositiva, en perjuicio del Estado Nacional. Además, hace referencia al incremento desproporcionado de su patrimonio y al hecho de que contara con uno de los tres teléfonos encriptados que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entregó a autoridades de la AFIP. Los otros dos fueron para Alberto Abad y Leandro Cuccioli, ambos ex titulares del organismo durante la gestión de Cambiemos. Los tres nombres figuran en el listado enviado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en el marco de la causa por espionaje ilegal que en los últimos días pasó a los tribunales de Comodoro Py.

El asesor aduanero trabajó, entre noviembre de 2012 y agosto de 2016, en el estudio jurídico Pettersen Cotter y Moine, representando a muchas de las empresas que litigaban contra las dependencias estatales. Luego, ingresó directamente a la función pública, donde se lo acusa de formar una especie de “aduana paralela” en la que se frenaron diversos expedientes con multas previas a diciembre de 2015. Antes del cambio de gobierno en 2019, el subdirector de Recursos Humanos de la AFIP, Facundo Rocha, le hizo un contrato anual a asesores clave de Dávila, que ya había renunciado a su cargo. Entre ellos se encontraban Viramonte Noguer, Agustín Laurnagaray, Bárbara Buchbinder y Gastón Federici, ligado al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) del macrismo, Mariano Federici. Esos contratos fueron revisados y avalados por la actual titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont.

En la causa se afirma que Viramonte Noguer “mantendría una estrecha relación laboral” con los Olivas. De la asociación también forman parte Daniel González, señalado como socio, Gabriel Isaac Muhafra, que proveía los celulares, y Guillermo Daniel Caro, que en las conversaciones telefónicas asegura tener “arreglos con la AFI” para eludir posibles allanamientos. Las pruebas, hasta el momento, destacan la importancia del asesor del ex director Diego Dávila en la asociación ilícita y por eso se encuentra detenido en Ezeiza.