Hermanos Cohn: una historia de sangre y una condena como punto de partida

A principios de abril de este año se estrenó Hermanos, una historia de sangre, disponible en Flow, Max y TNT. El documental, ópera prima en plataformas de Carlos de Elía, creador de TN e histórico director de noticias de El Trece, narra la trágica muerte de Alejandro Cohn y la búsqueda de justicia de Mariano, conocido productor, director y guionista audiovisual. Con la participación de familiares, personal médico, peritos y testigos, y con las voces de Antonio Banderas, Luis Brandoni y Oscar Martínez -actores principales de la filmografía de Cohn-, tras poco más de una hora, nadie sale ileso del caso de violencia institucional. 

El relato se vale de amplias y diversas grabaciones caseras, casi cotidianas, del padre de los hermanos Cohn. Esa constancia fílmica se constituye, de alguna manera, en material biográfico que, a medida que avanza y se toma conocimiento del caso, provoca mayor indignación. El 16 de abril, pocos días después de su estreno, comenzó el juicio oral en los tribunales de San Isidro. Puede pensarse cierta paradoja en la relación. Sin embargo, tuvieron que pasar casi nueve años para llegar a esta instancia que, a su vez, arrojó una sentencia que puede significar más un punto de partida que uno de llegada.

El 27 de julio de 2015 Alejandro, de 35 años, iba en moto a jugar un partido de fútbol con amigos hasta que empezó a sentirse mal, por un episodio de hipoglucemia. Tras ser ayudado por una madre y su hija, fue trasladado en ambulancia al Hospital de San Isidro “Melchor Ángel Posse”, al que ingresó por sus propios medios. Al rato llegaron sus padres que, al verlo en camilla y sin ser atendido, reclamaron en reiteradas ocasiones hasta que fue llevado a la sala de shock por un paro cardiorrespiratorio. Tras dos días sin recibir información, consulta médica externa mediante, la familia solicitó su traslado al Hospital Italiano, donde luego de revisarlo indicaron fracturas varias y muerte cerebral.

De esa manera, el médico Sergio Gianassi, quien lo había recibido, presentó la denuncia contra el hospital municipal por muerte dudosa. La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, bajo la hipótesis de homicidio culposo. El Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el fallecimiento por hipoxia, por falta de atención clínica, y atribuyó las lesiones a la estadía en guardia y terapia intensiva del hospital municipal. En total había nueve integrantes del personal acusados, algunos de los cuales siguen en la institución, y, tras un allanamiento, se encontraron con los faltantes del libro de enfermería de la guardia y de la sala de shock, por lo que no había continuidad descriptiva en su historia clínica, y de cámaras de vigilancia, lo que motivó otra denuncia penal.

El municipio, a cargo en ese entonces del radical Gustavo Posse, nunca colaboró con la causa y, en cambio, intentaron desviar la investigación. Tanto Eduardo Prado, secretario de Salud, como Juan Aníbal Viaggio, subsecretario de Políticas de Salud y Tecnología Médica, sostuvieron hipótesis que ya habían sido descartadas para desligar su responsabilidad política. La Asociación del Personal Superior y Profesional de la Municipalidad de San Isidro, con diversos posteos en Facebook, se plegó a su versión. La discusión, con otras denuncias acumuladas, se trasladó al Concejo Deliberante, donde estaba Susana Guidi Rojo, directora del hospital en licencia, quien nunca dio su versión de los hechos. Sin embargo, los pedidos de información nunca fueron respondidos por el intendente.

Tras distintos recursos interpuestos, planteando la nulidad de las actuaciones de la fiscalía, todos rechazados por la Cámara de Casación de Buenos Aires, la causa fue elevada a juicio oral en julio de 2019, cuatro años después. A tono con esa demora, la semana pasada el Juzgado Correccional N°4 de San Isidro, a cargo de Facundo Ocampo, dictó sentencia sobre el homicidio culposo de Alejandro. Según corroboró, no recibió trato correspondiente sino que hubo desatención médica desde la ambulancia hasta la guardia, lo que agravó la descompensación diabética hasta desembocar en falta de oxígeno en el cerebro. 

Frente a una sala de audiencias repleta de familiares y amistades, entre quienes se encontraban Luis Brandoni y Gastón Duprat, el fallo impuso penas contra tres de los seis imputados. Marcelo Rodrigo Toro Solano, que recogió a Alejandro en la ambulancia, recibió tres años y seis meses de prisión efectiva, siete de inhabilitación para ejercer la medicina y la prohibición de salir del país, ya que es oriundo de Bolivia, aunque esperará en libertad que la sentencia quede firme. Ana Sánchez y Carla Setti, quienes estaban donde fue alojado, fueron condenadas a un año y ocho meses de cárcel y a cinco de inhabilitación. 

Por otro lado, Ocampo absolvió a Martín Montagna, quien fuera jefe de guardia ese día, al igual que a María Soledad Seijo y María Viviana Quiroga, del área de shock. El fiscal Diego Molina Pico las había incluido en su solicitud de pena, mientras que la querella, a cargo de Juan Carlos García Dietze también había incorporado a Montagna, por lo que apelará la decisión. Los médicos Darío Campos, Maximiliano Ragazzoli y Marina Vogelin ya habían sido absueltos en la audiencia de alegatos. A su vez, el juez ordenó una investigación para determinar el papel de las enfermeras Nancy Flores y Erith Valverde Rivera, presentes en la guardia al momento del ingreso del joven al nosocomio.

Mariano Cohn también adelantó que pedirán la apertura de una causa por encubrimiento, falsificación y mal desempeño a los funcionarios de quienes dependía el hospital: Posse, Prado, Viaggio y Guidi Rojo. Según relata en el documental, Cohn rechazó la propuesta del ex intendente para resolver el tema en el fuero civil. En la actualidad, si bien no había dado muestras de cooperación, Ramón Lanús, nuevo titular del palacio municipal, prometió llevar a cabo una reunión con el hermano para evaluar posibles cambios en el centro de salud.